La mano que firma

Javier tenía 6 años. Vivía en España junto a sus padres. Pero la relación de estos no era la mejor y decidieron divorciarse. En noviembre de 2015, Javier viajó a Uruguay junto a su madre y se radicó en la ciudad de Trinidad (Flores). Su padre no estaba al tanto del viaje y desconocía su paradero, hasta que recibió un correo electrónico enviado por su exesposa en el que le informaba que estaban en Uruguay y que regresarían a España en algunas semanas.

esa promesa no se cumplió. Javier se quedó en Uruguay junto a su madre y la familia de esta. Ante esto, su padre se presentó ante la Justicia uruguaya y solicitó la restitución internacional del menor. Alegó que el niño viajó sin su consentimiento ni autorización judicial habilitante y que no tenía contacto con su hijo desde que este llegó a Uruguay. La madre, por su parte, argumentó que existía una situación de violencia doméstica.

En mayo de 2016, tras una larga instrucción, la jueza Letrado de Flores de 2º Turno, Fátima Boné, falló a favor del padre y ordenó que el niño fuera restituido a España. La jueza sustentó su decisión en profusa normativa internacional. El caso se tornó mediático porque, en un extracto de la sentencia, la jueza Boné decidió utilizar un lenguaje coloquial para que Javier pudiera comprender por qué debía regresar a España.

“Soy la jueza Fátima que estuvo hablando contigo en el día de ayer en el juzgado. Como bien tú me lo dijiste ayer, yo estoy para resolver acerca de si vas a quedarte acá en Uruguay con mamá y con los abuelos M. y J. o si debes volver a España donde está tu papá y los otros abuelos, B. y A. Sé que acá, en esta ciudad de Trinidad, en la que estás hace más o menos cuatro meses, la que a vos te parece ‘un pueblito’, estás contento y tenés muchas actividades, como el teatro, la piscina y el taekwondo, aunque no tengas traje ni cinturón. Sé que te gusta y que te divertís”.

“Pero también es verdad que en España hay personas y situaciones muy importantes para ti: allá puedes ver a tu papá, a los abuelos, primos y continuar la relación con tus amigos. Por otra parte, también sé que España, tal como me lo dijiste cuando hablamos en el juzgado, te gusta […] Por tanto, como tengo que decidir aunque no tengo toga ni martillo, como bien vos sabés, considero que es necesario que ahora, a la brevedad, puedas volver a tu país, España. Así vas a poder ver también a papá y a tus otros familiares. Eso no quiere decir que no puedas volver acá donde te sentís tan bien. Como te dije en el juzgado, fue un gusto conocerte. Será hasta pronto”, le escribió la jueza. El fallo fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno y el niño finalmente regresó a España.

Sin embargo, este caso sigue su curso en los estrados judiciales. Pero no por la situación del niño o su familia. Según pudo saber Caras y Caretas, la Justicia Penal investiga a un juez de Paz de Flores por elaborar y enviar al Consulado de Uruguay en Barcelona (España) dos sentencias judiciales falsas, en la que habría falsificado la firma de otro magistrado. Una situación que la Suprema Corte de Justicia declinó investigar, pero que actualmente es parte de una contienda de competencia entre dos juzgados penales de Montevideo para dilucidar cuál de las dos sigue adelante con la causa.

Una llamada inesperada

El 10 de diciembre de 2015, en horas de la tarde, la actuaria adjunta del Juzgado de Familia de 15º Turno atendió el teléfono de la oficina que sonaba con insistencia. Del otro lado de la línea, su interlocutor se presentó y preguntó por el juez Silvestre Barreda. Quien lo buscaba era un representante del Consulado de Uruguay en Barcelona que quería consultarlo en relación a dos sentencias judiciales que habían llegado vía fax a esa sede diplomática. Según el diplomático, ambas resoluciones tenían la firma del magistrado.

La actuaria le comunicó la situación al magistrado, quien dijo desconocer la situación. Barreda dijo que no sabía de qué sentencias le preguntaban, pero se le insistió que la misma tenía su firma. Por este motivo, esa misma tarde, Barreda se dirigió al Juzgado Especializado en Crimen Organizado y presentó una denuncia penal ante el juez Nestor Valetti (hoy juez Penal de 14º Turno) por la presunta adulteración de su firma. Quería que la situación se aclarara.

El juez Valetti analizó el expediente y, finalmente, declinó competencia ante una Sede Penal. El caso fue asumido por la jueza Penal de 6º Turno, Fanny Canessa. Pero en ese interín, el Ministerio de Relaciones Exteriores también compareció ante la Justicia y radicó una denuncia penal ante el juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal (hoy jubilado), ante la presentación de documentación falsa con la firma de un magistrado.

La secretaría de Estado denunció que recibió una notificación por parte del consulado sobre una situación irregular referida al viaje de Javier a Uruguay, ante la cual se inició una investigación administrativa. Se determinó que la sede diplomática recibió, vía fax, una resolución judicial firmada por un juez de Familia (Barreda) en la que se otorgaba una autorización para que Javier viajara a Uruguay. Y que días después se recibió otra resolución firmada por el mismo juez en que se autorizaba una prórroga de su permanencia en Uruguay. Pero las firmas eran distintas.

La cancillería afirmó que al consultar a Barreda por esta situación, el juez negó haber emitido dichas resoluciones y afirmó que la firma con su nombre era falsa. Por este motivo, al existir un proceso de restitución internacional, la abogada Patricia Escursell –en nombre de cancillería– compareció ante la Justicia de Familia Especializada para encontrar al niño, cuyo paradero se desconocía.

El juez Juvenal Javier dispuso diversas medidas hasta que se logró encontrar al niño, radicado con su madre en Flores. Por este motivo, se envió el expediente hacia el Juzgado Letrado de Flores de 2º Turno para la tramitación del proceso. Pero también se dispuso remitir el expediente al Juzgado Penal de 11º Turno ante la presunción de un delito. Allí, el juez Timbal, primero, y la jueza Ana De Salterain, después, instruyeron una indagatoria que tiene como principal indagado a un magistrado del Poder Judicial.

Un documento falso

Antes de venir a Uruguay, la madre de Javier se presentó ante el consulado y preguntó cómo podía hacer para viajar junto a su hijo. Se le explicó que la única forma de obtener el documento de viaje era con la autorización del padre o, en su defecto, con una autorización judicial que la supliera. La mujer dijo que contaba con esa documentación y la presentó –vía fax– ante la sede diplomática. Se trataba de la sentencia 413/2015, del expediente IUE 246-63/2015, firmada por el juez de Familia de 21º Turno, Silvestre Barreda. Con esa documentación, se le expidió una autorización y madre e hijo viajaron a Uruguay.

El problema se suscitó cuando el padre del niño se presentó ante el consulado. Las autoridades volvieron a analizar la documentación y comprobaron que tenía diversas inconsistencias. La principal: la firma de la primera resolución judicial (que autorizaba el viaje a Uruguay) no se coincidía con la de la segunda resolución (por la que supuestamente se prorrogaba por unos días la autorización para permanecer en Uruguay).

Ante esto, un representante del consulado se contactó con el Juzgado de Familia de 15º Turno. Allí se le confirmó que el juez que figura suscribiendo la sentencia (Barreda) era el titular de dicha Sede y no del Juzgado de Familia de 21º Turno, como figura en el sello de la resolución. Además, se le explicó que no existía en esa Sede ninguna causa con la numeración ni la carátula a que se hacía referencia en los documentos entregados en España.

Por este motivo, la cancillería decidió realizar una consulta de expedientes a través de la página web del Poder Judicial. Así se estableció que el expediente IUE 246-63/2015 no pertenecía al Juzgado Letrado de Familia de 21º Turno como decía, sino al Juzgado de Paz de la 4ª Sección de Durazno, que refería a un asunto distinto y que no existía en ese expediente ninguna resolución 413/2015. Y se presentó la denuncia penal.

Un juez de Paz

La publicitada sentencia de la jueza Boné tiene 17 carillas. En ellas se analiza el caso de Javier hasta concluir que se verificó un traslado ilegítimo del menor, por lo que debía ser restituido a España. Pero al mismo tiempo, la sentencia de la magistrada da cuenta de la situación irregular que detectó la cancillería y que hoy día es producto de una indagatoria penal. Y lo hace con base en el relato de la propia madre.

La mujer declaró ante la Sede que como su exesposo le negó la autorización del viaje, se asesoró “en la embajada, donde le explicaron que sin el pasaporte del niño y/o sin autorización del padre, se requería la autorización de un juez”. “Así fue que como los tiempos no daban para tramitarla en España, dijo haberla solicitado por intermedio de un apoderado de su padre, donde un juez de nombre Santiago Lorenzo le facilitó la autorización”. La mujer se refería al juez de Paz de la 2ª Sección de Florida, Santiago Lorenzo.

“Esa autorización fue otorgada por un plazo determinado y al vencimiento del mismo no pudo regresar, intentando por todos los medios conseguir un pasaporte y una autorización para volver a España. De hecho manifiesta haberse asesorado en DNIC y en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Dr. Oliú, quien le sugirió tramitar una autorización para regresar en el juzgado donde se había divorciado”.

La mujer “efectivamente viajó a Uruguay con Javier con esa autorización obtenida, sentencia interlocutoria Nº 413/2015 de fecha 24.11.2015 dictada en los autos IUE 246-63-2015 por el Dr. Silvestre Barreda, titular del Juzgado Letrado de Familia de 21º Turno”, detalla la jueza Boné. Pero, al mismo tiempo, se deja constancia de que “dicha resolución fue objeto de una denuncia efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando, producto de una investigación administrativa, advirtieron irregularidades en cuanto a la salida del niño de España, denuncia que dio mérito a la remisión de las actuaciones a la Justicia Penal, respecto de la cual se desconoce si existe resolución”.

A esta situación irregular, también hizo referencia el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno, al confirmar la restitución del menor a España. Tras analizar estos documentos, la Sala valoró: “La conclusión que se impone, en lo que a este proceso refiere [el de restitución] es que Javier fue trasladado del Reino de España a Uruguay de manera ilícita”.

La indagatoria penal

La presuntas ilicitudes constatadas en la investigación de cancillería son objeto de investigación en dos juzgados penales. El expediente más avanzado lo tramita la jueza Penal de 11º Turno, Ana De Salterain, en el cual –en línea con la fiscal Stella Llorente– se dispusieron diversas medidas. Entre ellas, la citación como indagados de los dos magistrados involucrados: Barreda y Lorenzo.

Allí se estableció que ambos magistrados coincidieron años atrás en Durazno. Barreda como juez Letrado y Lorenzo como juez de Paz de la 4ª Sección de Durazno, que tiene bajo su égida Villa del Carmen y sus adyacencias. Por este motivo, tenían un vínculo cordial, ya que varios casos eran derivados de una Sede a la otra. Cuando coincidieron en el Juzgado Penal para declarar en este caso, Barreda se negó a saludar a su colega.

Durante la audiencia, Barreda dijo desconocer la sentencia e insistió que la firma no era suya. Y pidió que se le realice una pericia caligráfica para certificar sus palabras. Según dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas, la pericia confirmó que en ninguna de ambas resoluciones la firma coincidía con la de Barreda y que la misma estaba adulterada. En tanto, no se pudo confirmar ni descartar que la firma fuera de Lorenzo.

Sin embargo, los testimonios de la madre y de la tía de Javier ante el Juzgado de Flores y ante la jueza De Salterain comprometieron la situación de este magistrado en la causa. En ambas Sedes, las dos mujeres relataron la intervención del magistrado en la confección de la resolución judicial que se presentó ante la sede diplomática de Uruguay en España. También se constataron una serie de contradicciones entre el testimonio de Lorenzo y su padre, con quien la madre de Javier dice haberse contactado en una primera instancia.

Pero, pese a esto, la causa penal no pudo avanzar más, ya que actualmente existe una contienda de competencia entre la jueza Canessa y la jueza De Salterain para definir quien debe tramitar la investigación. Una causa que tiene como principal indagado a un juez de Paz, actualmente en funciones, por confeccionar una sentencia falsa y utilizar la firma apócrifa de un colega.

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La Suprema Corte archivó el caso

La presentación de una resolución judicial falsa ante el Consulado de Uruguay en España, con la firma falsa de un magistrado del Poder Judicial, llegó a conocimiento de la propia Suprema Corte de Justicia. Tras hacer la denuncia ante la Justicia Especializada en Crimen Organizado por la presunta adulteración de su firma, el juez Silvestre Barreda presentó un escrito ante el expresidente de la Corte, Jorge Larrieux (hoy jubilado), en el que le informó de la situación y solicitó adoptar las medidas tendientes a clarificar la situación. Barreda reclamó ante la Corte que se identifique a los responsables de esta maniobra “que intentan hacer daño a un magistrado y desprestigiar a la Justicia”. Sin embargo, el máximo órgano del Poder Judicial no encontró mérito para disponer el inicio de una investigación administrativa y dispuso el archivo del caso, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas.

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El juez Lorenzo y una decisión polémica

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició tiempo atrás una investigación administrativa contra el juez Santiago Lorenzo en virtud de una polémica resolución adoptada en relación a la periodista Estela Apollonio. En la misma, el magistrado le prohibió recibir denuncias sobre la Policía, la policlínica y el juzgado de Villa del Carmen “so pena de incurrir en el delito de coautoría de difamación e injurias”. La resolución fue considerada como un ataque contra la libertad de expresión por parte de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) y generó la reacción de la Corte, que le pidió al juez Lorenzo que enviase un informe sobre la situación.