La política económica perdió el consenso en la coalición

Aunque los únicos coaligados que se atreven a decir que el gobierno lleva adelante una política económica demasiado ortodoxa son los miembros de Cabildo Abierto, el consenso sobre la ferocidad del ajuste alcanza a toda la coalición menos el núcleo duro del presidente y también a los tanques del pensamiento de la derecha uruguaya, incluso la neoliberal, porque de otro modo no se explica que hasta el editorial del semanario Búsqueda reclame que el gobierno empiece a gastar, mientras el Ejecutivo restringe su política económica al uso y abuso de la motosierra, como si en Uruguay no hubiese una situación crítica a caballo de la pandemia y de los recortes.

Como todos sabemos, el principal responsable de esta política económica fanática es el presidente Lacalle Pou y los arquitectos encomendados para su diseño son el director de la OPP, Isaac Alfie, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en ese orden. Pero aunque toda la coalición ahora se quiere desmarcar de la ortodoxia fiscalista de la que hace gala el equipo económico, no debe ignorarse que le votaron prácticamente todo y aplaudieron, ahora sí, cual focas, todas las medidas de ajuste que aplicó Lacalle Pou desde que asumió el gobierno el 1º de marzo de 2020 sin ninguna clase de miramiento ante una situación completamente disruptiva como es la crisis sanitaria mundial más grande de los últimos cien años. Uruguay fue uno de los únicos países del mundo que ajustó el gasto público en pandemia y se encuentra entre los últimos de la lista en relación con la inversión que hizo para contener sus efectos económicos y sociales.

Sin embargo, hay que hacer una lectura fina de estos desmarques porque incluyen, en el caso del Partido Colorado y Cabildo Abierto, una notoria disconformidad sobre la marcha de la coalición, ya que resulta evidente para ellos y para todos que el gobierno es prácticamente una unipersonal sin ningún espacio de diálogo político entre sus socios. Lacalle Pou trata de gobernar solo y apenas requiere del resto de los sectores para garantizar la mayoría de los votos en el Parlamento. Pero las consecuencias políticas y económicas de su cerrazón la van a pagar todos como un gran combo de compuestos de indistinguibles y el fin de la popularidad del presidente, que se avecina tan pronto como el fin de la pandemia, siempre y cuando lleguen vacunas y se apliquen, o el agravamiento de la situación social y económica los va a arrastrar a todos. Los datos de la última encuesta de Factum muestran a las claras que en todos los rubros que hacen a la economía la evaluación ciudadana es francamente negativa para el presidente, pero también para el resto de la coalición que conforma el gobierno. En los únicos rubros que la valoración neta es positiva es en seguridad, afectado por una disminución del delito muy vinculado a la enorme caída de la movilidad social que se registró durante 2020 y al completo blindaje mediático, y en la gestión de la emergencia sanitaria que, con todo, ha caído 40 puntos en evaluación, toda vez que los casos y las muertes se han ido acumulando, de las vacunas, ni noticias, y el apoyo a la sociedad que sufre las consecuencias de la caída de la actividad económica ha sido nulo: por el contrario, se redujo el salario real, se aumentaron impuestos y dos veces se aumentaron las tarifas.

La propuesta convergente, aunque no concertada, tímidamente keynesiana de los socios de la coalición, de Juan Sartori y de otros protagonista de la derecha uruguaya puede ser una buena noticia porque marca el final del sustento político de este programa económico pletórico de insensibilidad social, y seguramente encuentre en la oposición bastante respaldo a muchas de las medidas que se sugieren, ya que la izquierda viene planteando propuestas en este sentido desde el principio de la pandemia, aunque con otra autoridad moral: conviene no olvidar que el Frente Amplio anticipó que esta política económica iba a tener las consecuencias de empobrecimiento que está teniendo y no apoyó el ajustazo que los otros respaldaron con sus votos en amabas cámaras y con elogios y aplausos.

La coalición tiene fecha de vencimiento; siempre la tuvo. Este año será, además, crítico porque arranca con una juntada de firmas que avanza a una velocidad impensada: solo en el mes de enero, que es el mes menos proclive a la militancia, se reunieron 100.000 firmas. El número es tan inesperado y alucinante que los voceros del gobierno se han tenido que decidir a militar la Ley de Urgente Consideración porque saben que está en riesgo alto y saben que si llega a un plebiscito, se cae, y si se cae la LUC, que era el programa secreto del herrerismo, ¿qué más les queda? Si no tienen nada bueno que mostrar, ni una promesa que no hayan incumplido: con la caída de la LUC se les cae toda la estantería y lo que viene después es un tránsito amargo sin apoyos en el sistema político y sin ninguna perspectiva electoral. Después se pasarán veinte años justificando su fracaso con la pandemia.