69 amenazas y restricciones a la libertad de expresión

La libertad de expresión es un derecho fundamental para el ejercicio periodístico. Sin esa garantía los medios no pueden realizar el trabajo que les toca: servir a la sociedad a través de la información. Un ataque a la libertad de expresión de los periodistas es, en realidad, un ataque a la sociedad y a las comunidades.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento".

El 3 de mayo se celebra y conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Aunque en el imaginario colectivo Uruguay sea un país libre, tranquilo y respetuoso con los medios, los datos muestran otra realidad.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó su ranking mundial de libertad de prensa en el que evalúa 180 países. Uruguay cayó del puesto 18 en 2021 al puesto 44 en 2022. Puntúa 72.03, el año pasado obtuvo 83.62 puntos, así que hubo una disminución de 11.59 puntos.

A la vez, el octavo informe de monitoreo sobre periodismo y libertad de expresión realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) registró 69 amenazas y restricciones en Uruguay, cifra que representa un aumento de un 40% de casos con respecto al año anterior (49) y alcanza un promedio de más de un episodio por semana.

Reporteros Sin Fronteras

"Uruguay tiene un contexto propicio para un diálogo constructivo e inclusivo sobre el papel de los medios en el país" asegura RSF en el análisis cualitativo de Uruguay. Este año el estudio tiene una particularidad metodológica: utilizó diferentes indicadores para calcular el puntaje de libertad de prensa de cada país.

Uruguay puntuó 70.30 en el indicador político (puesto 44); 49.32 en el indicador económico (puesto 58); 83.63 en el indicador legislativo (puesto 20); 72.33 en el indicador social (puesto 78) y 84.58 en el indicador de seguridad (puesto 30). Es decir que la peor área es la social y la mejor, la legislativa.

Con respecto al panorama mediático RSF dice que "aunque es bastante pluralista, sigue concentrado en tres grandes grupos: Villar/De Feo (Canal 10), Romay (Canal 4) y Cardoso/Scheck (Canal 12)".

Sobre el contexto político: "Tras 15 años de gobierno de coalición de los partidos de izquierda, agrupados en el Frente Amplio, el presidente conservador Luis Lacalle Pou llegó al poder en marzo de 2020. En los últimos años, se han registrado varios casos de presiones políticas contra periodistas que cubrían asuntos sensibles, al implicar a miembros de la Presidencia de la República".

También analiza el marco legal para el ejercicio periodístico. Destaca la despenalización de los delitos de prensa, la regulación de la radiodifusión comunitaria y el acceso a la información pública ya que "crean un entorno de trabajo favorable para los periodistas uruguayos". Además, la ley sobre los servicios de comunicación audiovisual (ley de medios), aprobada en diciembre de 2014, "favorece el pluralismo de los medios"; destaca que esta normativa estableció la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, organismo independiente del Poder Ejecutivo.

Sobre el contexto económico, que tuvo indicadores bajos, señala que Uruguay "es muy dependiente de sus países vecinos, Argentina y Brasil. Los recursos naturales son muy limitados, teniendo en cuenta el tamaño del país. El sector servicios representa un 60,9% del PIB y emplea al 73,3% de la población activa, principalmente en el sector financiero y el turismo".

Y, al final, resalta en el contexto sociocultural que "en los últimos años, y a pesar de un contexto favorable, varios periodistas de investigación han sido objeto de amenazas, intimidaciones y presiones judiciales".

Así que podemos afirmar que en Uruguay existen amenazas a la labor periodística, restricciones a la libertad de expresión y trancas en el acceso a cierta información importante para la población.

También es importante destacar que no ha habido personas asesinadas ni apresadas en Uruguay por su labor en medios de comunicación. En esto Uruguay destaca del resto de América Latina, donde RSF denuncia "un entorno cada vez más tóxico".

Una mirada a la región muestra claramente estas realidades. La desconfianza hacia la prensa gana terreno "alimentada por una retórica contra los medios y una generalización de los discursos estigmatizantes por parte de la clase política", afirman. Esto ocurre especialmente en Brasil (puesto 110º de la clasificación), Cuba (173º), Venezuela (159º), Nicaragua (160º) y El Salvador (112º). "Cada vez más visibles y virulentos, estos ataques públicos fragilizan a la profesión y alientan procedimientos judiciales abusivos, campañas de difamación e intimidaciones -especialmente contra las mujeres- y acoso en Internet contra los periodistas críticos", aseguran.

Con al menos siete periodistas asesinados en 2021, México (127º) se mantiene como el país más mortífero del mundo para la prensa y se sitúa en la posición 179 sobre 180 del indicador de seguridad para los periodistas.

El ranking mundial lo lidera Noruega con 92.65 de puntuación global. Siguen Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal, Costa Rica y Lituania, que cierra la primera decena. En el extremo opuesto Corea del Norte tiene la peor puntuación: 13.92. Un poco hacia arriba están Eritrea, Irán, Turkmenistán, Birmania, China, Vietnam, Cuba, Irak, Siria y Palestina.

Cainfo

Cainfo realizó un monitoreo específico sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay y, como se mencionó al principio, contaron 69 amenazas y restricciones entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022.

Es necesario puntualizar que existe la posibilidad (y es muy probable) de que estos números representan un subregistro debido a la naturaleza de los ataques, la dificultad para identificarlos o narrarlos y la ausencia de denuncias en algunos casos. Sin embargo, su existencia es un avance fundamental para comprender el panorama nacional. Además, Cainfo asegura en el informe que está en conocimiento de otras situaciones de restricción o amenazas a la libertad de expresión que, por encontrarse en trámite o por pedido de las víctimas, no fueron incluidas en el documento final, pero se continúa con su seguimiento.

El reporte se enmarca en el proyecto “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay” de Cainfo, que impulsa la promoción y defensa de la libertad de expresión en el país a partir del desarrollo de una metodología de relevamiento y sistematización de información sobre la materia.

El monitoreo analiza, documenta y comparte toda la información disponible sobre las amenazas y restricciones al ejercicio de la libertad de expresión de las personas periodistas en Uruguay, en base a 12 indicadores comunes. Además, en este informe se incorpora un indicador transversal que visibiliza las situaciones con alerta de género.

El monitoreo indaga en los siguientes indicadores: asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura, agresiones y ataques, discurso estigmatizante, restricciones al acceso a la información, procesos civiles y procesos penales, uso abusivo del poder estatal, marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa, restricciones en internet.

El indicador transversal alerta de género ahonda en: cuestionamiento a la capacida, comentarios sobre el aspecto físico, comentarios sobre sexualidad, comentarios sobre identidad de género, comentarios con expresión de género, comentarios respecto a orientación sexual, comentarios o actos machistas, misóginos, homofóbicos, bifóbicos o transfóbicos; actos de violencia sexual, actos de violencia laboral diferenciada, violencia digital diferenciada, circunstancias del femicidio, asesinato relacionado con la identidad de género o la orientación sexual y contenidos de género.

En Uruguay se registraron casos en los indicadores agresiones y ataques, discurso estigmatizante, restricciones al acceso a la información, procesos civiles y/o penales, uso abusivo del poder estatal, marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa y restricciones en internet (primer año de este indicador para nuestro país).

Las categorías que presentaron más situaciones fueron: Restricción al acceso a la información pública y Procesos penales o civiles, con 19 casos cada una.

En cuanto a los responsables de las amenazas, en 48 episodios fueron organismos o funcionarios estatales, en 18 fueron personas privadas que no pertenecen al Estado y en 3 ocasiones fueron personas no identificadas o grupos.

Por ejemplo, de los 14 casos registrados de discurso estigmatizante, 8 (más de la mitad) fueron perpetuados por la senadora Graciela Bianchi.

Respecto a la clasificación por el sexo de las víctimas (en casos en los que se puede disagregar la información), en 34 episodios aparecen varones como afectados, en 13 aparecen mujeres periodistas, y en 18 hay equipos periodísticos o medios de comunicación. Nueve de los casos incluyen además una alerta de género.

El mes de agosto de 2021 fue el más complejo para la libertad de expresión ya que hubo un caso cada tres días (11 en total), mientras que en julio de 2021 se produjeron 10 episodios, en junio 9 y 8 en marzo de 2022.

Respecto a la distribución de los casos en el territorio, 35 casos tuvieron su principal impacto en Montevideo, mientras que 6 tuvieron alcance nacional. Dos episodios se originaron o afectaron principalmente a personas periodistas o medios en Maldonado, y se registró un caso en cada uno de los departamentos de Colonia, Soriano, Tacuarembó, Rivera, Salto y Cerro Largo. En 20 casos, la afectación se produjo mediante publicaciones en redes sociales.

Cainfo recomienda:

• Insistir en la necesidad de habilitar instancias de denuncia de amenazas y restricciones a la Libertad de Expresión para evitar que se naturalicen este tipo de episodios y las víctimas tengan la posibilidad de encontrar herramientas útiles para afrontar esas situaciones, tanto en los mecanismos disponibles en Cainfo y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), así como ante las autoridades competentes.
• Continuar trabajando en la formación de periodistas en estándares de Libertad de Expresión, legislación nacional y convenios internacionales suscritos por el país, así como en la autorregulación ética de la profesión. Incorporar herramientas para identificar y combatir la inseguridad y la violencia en línea, teniendo en especial consideración los ataques por razones de género, raza, etnia, origen social o territorial.
• Aprovechar las instancias internacionales y regionales para denunciar casos de amenazas y restricciones a la libertad de expresión cuando las investigaciones y denuncias no tengan un trámite adecuado en el ámbito nacional, recurriendo a instancias como pedidos de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la presentación de informes en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.