José Alberto Insfrán fue imputado por integrar la organización de tráfico internacional de cocaína y lavado de activos liderada por el uruguayo Sebastián Marset y por su hermano, Miguel Ángel Insfrán (alias ‘Tío Rico’), capturado el 10 de febrero en el barrio de Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro (Brasil).
La semana pasada, el fiscal Deny Yoon Pak presentó formalmente la acusación contra el narcopastor ante la jueza del crimen organizado Rosarito Montanía, pidiendo que el proceso penal contra José Insfrán se eleve a juicio oral y público, en una fecha que será fijada en las próximas horas, cuando se desarrolle la audiencia preliminar. El fiscal acusó al narcopastor José Alberto Insfrán Galeano de utilizar un centro religioso como fachada para lavar el dinero obtenido del tráfico de cocaína.
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“Alberto Insfrán utilizó el dinero proveniente del tráfico de cocaína que recibió su hermano (Miguel Ángel) y lo destinó para el funcionamiento de la asociación con fines religiosos denominada Centro de Convenciones Avivamiento, dentro del cual ejerció la función de pastor en la ciudad de Curuguaty”. “El acusado utilizó la figura de la asociación religiosa para adquirir inmuebles y realizar obras de construcciones sobre ellos, como así también comprar los equipamientos necesarios para el funcionamiento de las sedes de su centro religioso, con el dinero proveniente de la actividad del tráfico de clorhidrato de cocaína”, expresa el texto.
Si bien afirmaba que su riqueza “le venía de Dios”, Pak sostiene que José Insfrán “creó la figura de la asociación religiosa, con el objeto de utilizarla como fuente de justificación para simular que las ganancias ilícitas puestas en circulación, dentro del sistema económico y financiero nacional, provienen de las actividades propias del culto, cuando, en verdad, tienen su origen en la actividad del tráfico internacional de cocaína realizada por el citado líder de la organización criminal”.
Los vínculos entre el pastor Insfrán y Sebastián Marset
A su vez, la acusación hace hincapié en la relación estrecha que tenía con Marset, con quien habría estado prófugo por varios meses y bajo su protección, en Santa Cruz (Bolivia), junto al narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado, según información que la Policía de Paraguay brindó a la boliviana, antes de la fuga de Marset y su familia y de que el pastor y Reges Furtado se esfumaran nuevamente.
En su momento, José Insfrán admitió haber conocido a Marset como uno de los tantos feligreses que pasaba por su iglesia. Sin embargo, ambos tenían una relación comercial desde 2019, ya que el pastor figuraba como socio del uruguayo en la empresa Mastian Productions, dedicada a la organización de fiestas y recitales.
Según la Fiscalía, crearon esa empresa "con el objeto de que Marset pueda realizar una puesta escénica y simular ser un empresario de artes y espectáculos asentado en Paraguay, dedicado a la supuesta organización de eventos y conciertos”.
Además, Pak señala en su acusación que “el vínculo entre José Insfrán y el colíder de la organización criminal, Sebastián Marset, también se dio por medio del Centro de Convenciones de Avivamiento, pues el 22 de diciembre de 2020, mediante la aplicación de mensajería encriptada Sky Ecc, Marset le pidió al imputado Federico Santoro (extraditado a Estados Unidos, alias “Capitán” o “Captain”), lo siguiente: “¿Podes pagar 100.000 dólares en pesos en Bogotá?". Seguidamente, le envió dos fotografías, token y número. El destinatario del dinero era el pastor colombiano Oscar Alberto González Hincapie, a quien Marset tenía agendado en su celular como “Profeta Oscar”, quien fue pionero y socio de Insfrán en el templo evangélico.
“Todas las conductas hasta aquí detalladas, José Alberto Insfrán las realizó con el propósito de ingresar al ámbito político (pretendía convertirse en gobernador de Canindeyú) en representación de la organización criminal, por medio de la figura religiosa, cuya existencia previamente fue causada por él”, apuntó el fiscal Pak.
Según la acusación, las organizaciones criminales financiaron la campaña de Magno de León Villalba para estar al frente de la Municipalidad de Curuguaty, donde funcionaba el Centro de Convenciones de Avivamiento y también se impulsó la carrera al Senado de Juan Carlos Ozorio, diputado cartista encarcelado también en el marco de A Ultranza Py.
Ozorio era “asiduo visitante de los pastores del Centro Mundial de Avivamiento en Colombia y facilitador de logística aérea para el traslado de la droga en Paraguay y de empresas para lavar activos”. Ozorio era investigado desde 2019 por su vinculación con el líder narco del Comando Vermelho, el brasileño Carlos de Lima Da Silva, alías "Cascao", quien operaba en la frontera con Paraguay para el trasiego de marihuana y cocaína.
Insfrán realizó 44 operaciones por 4.400 millones de guaraníes en 5 años, mediante la Cooperativa San Cristóbal de la que Ozorio fue presidente y máximo beneficiario entre las doce personas que recibieron créditos irregulares. Según la acusación, este esquema permitió al clan Insfrán insertar grandes sumas de dinero ilícito en el sistema financiero legal. Además, el pastor utilizó empresas ficticias para justificar ingresos, solicitar préstamos y realizar compras de varios bienes.
Por ejemplo, José Alberto y su hermana Yolanda figuraban como dueños de la empresa agroganadera e industrial Nuevo Horizonte Sociedad Anónima y metalúrgica El Porvenir Sociedad Anónima, que eran utilizadas para la adquisición y el equipamiento completo de estancias en las que la organización liderada por Marset y su hermano Miguel descargaban alijos de cocaína provenientes de Bolivia, que luego eran transportados en camiones hacia los distintos puertos.
Los pastores del PCC
El Primer Comando de la Capital (PCC) es la organización criminal más grande de Brasil y de las más poderosas de Sudamérica. El Ministerio Público de San Pablo estima que tiene ingresos anuales de entre 5 y 10 mil millones de reales. Las autoridades brasileñas detectaron que, al igual que el clan Insfrán-Marset en Paraguay, para enmascarar las transacciones de dinero del narcotráfico, adopta estrategias financieras que, además de empresas fachada con negocios legales, incluyen inversiones en criptomonedas y la creación de varias iglesias evangélicas.
Un párrafo del libro “La fe y el fusil: Crimen y religión en el Brasil del siglo XXI”, de Bruno Paes Manso, sintetiza el vínculo entre evangelismo y crimen organizado:
“Tanto el PCC como las iglesias pentecostales son instituciones creadas por los pobres, para los pobres, que produjeron nuevos discursos capaces de reprogramar mentes. El nuevo Brasil pobre y urbano comenzó a inventar formas de gobernarse a sí mismo. Nacieron de la pobreza, en las calles llenas de baches de la periferia, en las iglesias evangélicas y en las cárceles, y fueron alternativas para generar orden y propósito que, en las décadas siguientes, ayudarían a definir el futuro brasileño”.
Paes advierte en su libro que “mientras el Estado ofrece una policía violenta y desprevenida, cárceles abarrotadas y leyes cada vez más severas, para buscar inútilmente el control y el orden, los evangélicos pentecostales han ampliado sus dominios con la fuerza de sus mensajes”. Por ejemplo, que “para sobrevivir hay que crear redes y ganar dinero, afrontar la realidad sin depender de favores”.
Especialistas advirtieron que mientras el PCC surgía y crecía, también avanzaban las iglesias evangélicas que ya representan a alrededor del 30 % de la población de Brasil. La relación entre el PCC y las iglesias evangélicas se ha entrelazado tanto que el ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), advirtió sobre la existencia de lo que llamó una “narcomilicia evangélica” en Brasil. Para las autoridades de ese país, el principal desafío es rastrear el flujo de dinero ilícito que ingresa a instituciones religiosas en forma de donaciones aparentemente legítimas, para luego convertirse nuevamente en activos ilegales como drogas y armas.
En ese esquema, las iglesias evangélicas desempeñan un papel clave, proporcionando una forma de “blanquear” dinero sucio, transformándolo en activos que parecen legales. Esta práctica hace que sea aún más difícil para los investigadores rastrear las actividades financieras de la organización criminal.
“La iglesia tiene una situación relacionada con la liquidez generada por el efectivo. El dinero en efectivo es una forma de romper este nexo, este vínculo entre el origen y el destino de esta historia”, explicó meses atrás el fiscal Fábio Bechara.
Un caso paradigmático de este vínculo entre narcotráfico y religión es el de un pastor que utilizó iglesias evangélicas para lavar dinero del PCC, que fue condenado en agosto a 84 años de prisión por lavado y asociación criminal. Se trata de Geraldo dos Santos Filho, conocido como Pastor Júnior dentro del PCC. Es una de las siete personas condenadas por la Operación Plata, que fue ejecutada en febrero de 2023 por el Ministerio Público de Rio Grande do Norte (MPRN).
Pastor Júnior, su esposa y su hermano Valdeci Alves dos Santos, alias Colorido, identificado como alto miembro del PCC, están acusado de blanquear 23 millones de reales procedentes del narcotráfico para abrir siete iglesias evangélicas en el estado de Río Grande del Norte y de San Pablo, a partir de las cuales adquirieron propiedades, granjas y ganado, beneficiándose de la exención de los impuestos.
El poder del narcoevangelista Peixão y el Tercer Comando Puro en Río
En Río de Janeiro existe un grupo de narcotraficantes evangélicos neopentecostales liderados por un pastor que bautizó a su territorio conformado por un conjunto de cinco favelas en las que viven de 134.000 personas como el “Complejo de Israel”, en una referencia a la Biblia acerca de la “tierra prometida” para el “pueblo de Dios”.
Estas favelas cariocas fueron invadidas por combatientes del narcotráfico en 2020, durante la pandemia del covid-19, en un movimiento que fue liderado desde el inicio por Álvaro Malaquías Santa Rosa, que es conocido como el “Peixão”, que desde 2015 es el jefe de una facción del Tercer Comando Puro (TCP), una organización que se creó a fines de los años 80 por miembros que se fueron del Comando Vermelho (CV) para disputar el negocio del narcotráfico en Río, para lo cual primero se aliaron con la banda Amigos dos amigos y luego con el PCC, que en 2016 rompió su alianza con el CV y desde entonces tienen guerras por territorios.
El control territorial del narcotráfico sigue las lógicas comunes de las organizaciones delictivas de siempre: terror y violencia contra quienes se resisten al dominio criminal, con el soborno y la cooptación de policías corruptos, y asistencia social para que la comunidad tolere o incluso respalde a estos grupos.
En ese contexto, uno de los pioneros del denominado “narcopentecostalismo” en Brasil es el propio Peixão que, desde 2019, con un grupo de narcotraficantes llamado “Bonde de Jesús”, atacaba iglesias católicas y templos afrobrasileños. El grupo liderado por el líder narco y pastor evangélico ordenaba el cierre de los templos, los vandalizaba y amenazaba de muerte a sus practicantes y responsables.
Peixão actúa como pastor en la Asamblea de Dios Ministerio de Puertas Abiertas, y desde allí fue que en 2020 anunció oficialmente la creación del Complejo de Israel, comenzando en las favelas de Parada de Lucas, Cidade Alta y Vigário Geral, con el objetivo de expandirse hacia otras favelas vecinas, en un proceso en el que utilizó una retórica de “guerra santa”; por ejemplo, durante la invasión de la favela de Cidade Alta, la narrativa de Peixão era la de “liberar al pueblo de Cidade Alta”.
Este fenómeno puede considerarse inevitable, ya que “el crecimiento desordenado de las favelas coincidió con una crisis vocacional en la Iglesia Católica, que no logró formar sacerdotes en cantidad suficiente para atender el crecimiento poblacional. Pero como el ser humano tiene necesidades espirituales que buscan ser satisfechas, el protestantismo neopentecostal estaba mejor preparado para ocupar ese vacío, con menor tiempo de formación y menos formalidades para producir pastores”, explicó el politólogo Raphael Machado en un reciente artículo para Noticias Pia.
El académico explica el vínculo entre crimen y religión: “Las iglesias evangélicas siempre necesitaron cierta connivencia con el crimen para operar en territorios controlados por facciones. Además, las cárceles se convirtieron en lugares de predicación, donde muchos presos se convirtieron al neopentecostalismo. Algunos cambiaron de vida, pero muchos reincidieron en el crimen sin abandonar la religión. Con la criminalidad y el neopentecostalismo normalizados y coexistiendo durante décadas, era cuestión de tiempo que surgiera una figura (como Peixão) que liderara tanto el crimen como la religión”, desde Complejo de Israel.
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Favela Cidade Alta (Río de Janeiro).
Ricardo Funari
“La relación del Tercer Comando Puro (TCP) con los evangélicos responde a una estrategia concreta que viene de lejos. En este sentido, Peixão no es simplemente un fanático o un paranoico. Se trata de un proyecto que envuelve a dos grandes actores sociales: por un lado, un grupo armado que detiene el control territorial y que opera con mucho dinero en estas áreas; y por el otro, la estructura de la Iglesia evangélica, que rescata a las personas del desempleo, de la pobreza, del hambre, de la separación familiar, de la degradación, de la dependencia química, y las protege de la violencia armada”, apuntó a France 24 el profesor y sociólogo brasileño José Cláudio Souza, uno de los mayores expertos sobre las milicias narcos de Brasil.
Según su análisis, esta alianza entre narcos y evangélicos ha sido capitalizada por la extrema derecha y los sectores bolsonaristas, que adoptan el discurso del “bandido bueno es el bandido muerto” de cara a sus simpatizantes. “La estructura del Complejo de Israel pasa también por una estructura de poder electoral. Estos grupos armados actúan en la esfera política electoral con mucha fuerza. Y el bolsonarismo está realizando un movimiento de ascensión (territorial) y de recuperación de la última derrota (en 2022)”, advirtió el sociólogo brasileño.
