Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
La Revista | torre | Astesiano | Lacalle

Corrupción

Incendio en la torre

Una banda de delincuentes operó con total impunidad durante un año en el piso 12 de la Torre de Presidencia.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La banda era liderada por el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Vendían por 10.000 dólares pasaportes legítimos con datos falsos. No hay “comité de crisis” que contenga la gravedad institucional de los hechos.

A primera hora de la tarde del pasado lunes pocos vieron el rostro desencajado del presidente Luis Lacalle Pou, reconociendo que el responsable de su seguridad había sido detenido el día anterior en la residencia presidencial del Prado. No era la hora habitual de las conferencias de prensa.

Lacalle acababa de arribar de un viaje de vacaciones con sus hijos, al que también fue Astesiano. Lo esperaba un oficial de Inteligencia del Ministerio del Interior para comunicarle que, por orden de la fiscal Gabriela Fossati, debía detener a su jefe de seguridad por ser partícipe de graves delitos.

A partir de ahí un mundo construido a selfies y simpatía comenzó a derrumbarse.

El martes nos enteramos de que en el 12º piso de Presidencia funcionaba una asociación para delinquir. Al despacho del jefe de la seguridad presidencial ingresaba el escribano Álvaro Fernández García y ciudadanos rusos.

Según probó la fiscal Fossati, el escribano gestionaba las partidas de nacimiento, los rusos oficiaban como gestores y traductores, conseguían los clientes y cobraban unos 10.000 dólares por cada documento.

Todos terminaron presos.

Astesiano aportaba sus vínculos con la Dirección Nacional de Identificación Civil, donde se había desempeñado años atrás, con el Ministerio del Interior, porque fue policía varios años, y con cancillería.

En uno de los audios en poder de Fiscalía, Astesiano identifica a esos contactos como “el 1 de ese lugar”.

¿Cuál es el alcance de la maniobra? Hasta ahora no se ha logrado precisar, pero Fossati dijo que “podrían ser cientos o miles” los pasaportes obtenidos a través de esta banda.

Astesiano tenía acceso directo a la base de datos de Identicación Civil porque, entre otras cosas, tenía contacto con un funcionario de esa dirección que en época de pandemia trabajaba desde su casa.

¿Cuánto ganaron y a quiénes pagaron? La cifra puede ser millonaria en dólares, pero todavía no se ha precisado quién cobró y cuál fue la ruta del dinero.

Lacalle mintió

En más de una oportunidad el presidente, pretendiendo marcar diferencias con sus antecesores, dijo: “Ustedes saben, yo ando solo por todos lados”. Pero ahora sabemos que eso no era verdad, solo una estrategia de marketing.

Por lo menos cuatro integrantes de su seguridad lo acompañan a toda hora vaya adonde vaya. Incluso en sus vacaciones rochenses, y Astesiano viajó con el presidente y sus hijos la semana pasada.

El jefe de su seguridad tenía dos antecedentes judiciales que ya habían prescripto. En 2002 fue procesado sin prisión por estafa y en 2013 fue procesado con prisión por el mismo delito y estuvo preso en la cárcel de Las Rosas. Además, contaba con unas 20 anotaciones policiales por diferentes delitos entre 2002 y 2018.

El lunes Lacalle dijo que no sabía que Astesiano tenía anotaciones policiales “porque no figuraban en su legajo”.

Sin embargo, el martes reconoció que varias personas le habían advertido sobre ese pasado de su funcionario. “No recuerdo si me lo dijo Larrañaga, pero sí otras personas”.

Por qué razón lo nombró y mantuvo a pesar de las advertencias es algo que el presidente debe explicar públicamente.

Y debe hacerlo en nombre de la transparencia tan pregonada, porque aunque carezca de antecedentes con 20 anotaciones policiales, ningún ciudadano calificaría siquiera para portero en algún organismo público.

Porque Astesiano no es el único miembro de su seguridad con anotaciones policiales. Según informó Caras y Caretas, y confirmó radio Sarandí, quien ahora quedó a cargo es el funcionario policial Jorge Luis Borges. Se desempeñaba en el área de Investigaciones de la Jefatura de Montevideo, en Zona IV, y era parte de un grupo de policías indagados por diversos delitos como extorsión, privación de libertad y coimas.

Borges fue el único de todo el grupo que se salvó de ser procesado, ya que en el momento del procedimiento judicial estaba con licencia. No posee antecedentes judiciales, pero en su ficha tiene más de una indagatoria por diversas causas.

También integra la seguridad presidencial el policía Pablo Martín Valenzuela, quien también se desempeñó en la Zona IV. Fue removido de ese puesto luego de un confuso incidente en que la cámara de seguridad de un comercio registró el ingreso de dos rapiñeros y en un momento se ve a Valenzuela metiéndose algo en sus bolsillos, en tanto otros compañeros fueron indagados por haberse quedado con dinero del robo.

En julio de 2018, cuando ocurrió esto, se inició una investigación de urgencia con conocimiento de la Fiscalía, lo que arrojó la derivación de esta investigación a la Dirección de Asuntos Internos. El caso se pierde allí. Valenzuela estuvo indagado varias veces por violencia doméstica.

En tanto, el también policía Freddy Eduardo Calzada fue parte de la seguridad aunque poseía un antecedente por peculado desde julio de 2018. En su ficha tiene indagatorias por violencia doméstica, hurto y otros. Actualmente está fuera del equipo presidencial porque el Ministerio del Interior le inició un sumario.

Esta información, que ya ha sido reproducida por varios medios, no puede ser ignorada por el presidente.

Violó el decreto

El decreto 16/006 del 16 de enero de 2006 reglamenta el servicio de seguridad presidencial. El primer artículo define la naturaleza del servicio. “El Servicio de Seguridad Presidencial (SSP) es una dependencia de la Presidencia de la República, subordinada directamente a la Prosecretaría de la Presidencia.

El Prosecretario de la Presidencia coordinará todo lo referente a la Seguridad del Presidente de la República, sus familiares directos y a aquellos que se disponga, asesorado por el Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. A efectos del cumplimiento de sus cometidos, tendrá enlace directo con el Ministerio del Interior y nexo con la Inspección Nacional de Policía”.

El artículo 4º, que refiere al Comando, establece que “será ejercido por un Oficial Jefe o Superior del escalafón ejecutivo de la Policía Nacional, dependiendo directamente del Prosecretario de la Presidencia de la República”.

En tanto, el artículo 2 dice que “el personal asignado al Servicio de Seguridad Presidencial podrá tener estado policial, o ser de carácter civil. En uno y otro caso, sus integrantes serán designados directamente por el Presidente de la República, debiendo reunir en todos los casos las condiciones que se establezcan para el desempeño de esa función. Su número se establecerá de acuerdo a las necesidades del servicio”.

El nombramiento de Alejandro Astesiano no cumple con lo establecido en el artículo 4.

El daño institucional

Probablemente un “comité de crisis” esté funcionando a pleno analizando las formas de minimizar los daños. Por lo pronto, lo ocurrido no es algo que se pueda adjudicar a la gestión anterior.

Que una asociación para deliquir funcionara durante un año en el mismo edificio a pocos metros de la oficina del presidente de la República y del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, Alvaro Garcé, es algo tan grave que se califica por sí solo. Aunque revela la desidia y soberbia con la que se tratan los asuntos institucionales.

El presidente conocía los antecedentes de Astesiano; por qué lo nombró es algo que solo él sabe. Por si fuera poco, su nuevo jefe y por lo menos otro miembro de su seguridad están en la misma situación.

Pero hay otros asuntos no menores. Este es el tercer incidente con pasaportes desde 2021. En febrero de ese año el Ministerio del Interior informó que se “habían hackeado los datos de 84.000 pasaportes”. Nunca más se informó si efectivamente había sido un hackeo, si los datos habían sido vendidos o simplemente se habían perdido.

A principios de este año se supo que por gestiones del abogado Alejandro Balbi ante cancillería e Identificación Civil, se había entregado un pasaporte a Sebastián Marset, un narcotraficante que se encontraba preso en Dubái.

Ahora una banda que funcionaba en la Torre de Presidencia vendía pasaportes originales pero con datos falsos a ciudadanos rusos.

Cómo llegaban a vincularse esos rusos con un funcionario de seguridad y un escribano uruguayos es algo que forma parte de la investigación fiscal.

Pero por su carácter es algo que Interpol e Inteligencia Estratégica ya deberían haber informado, como es norma, a todas las agencias policiales internacionales.

Por otra parte, varias fuentes policiales y de cancillería dijeron a Caras y Caretas que “lamentablemente el prestigio internacional del pasaporte uruguayo se verá afectado. Es probable que muchos viajeros sufran demoras cuando intenten ingresar a otro país”.

Todas las fuentes coincidieron en afirmar que el pasaporte de nuestro país gozaba de enorme prestigio en todo el mundo por su seguridad. “Era un verdadero orgullo para nosotros escuchar como se lo elogiaba en otras naciones. El documento es muy bueno, se trabajó mucho en él. Pero si se lo alimenta con datos falsos, es un problema muy grave”.

La investigación fiscal recién empieza, por lo tanto habrá que esperar su avance porque es imprescindible saber quiénes eran esos funcionarios de cancillería e Interior que Astesiano identifica como “el 1” en cada lugar. Quienes más estaban involucrados con esta banda, que ya tiene cuatro formalizados y presos, son Astesiano, el escribano Fernández García y dos ciudadanos rusos.

También se investiga la ruta del dinero, cuántos pasaportes se vendieron y cómo llegaron los compradores rusos a contactarse con esta gente en nuestro país.

Astesiano fue recluido el miércoles en la cárcel de Florida. Ese mismo día se confirmó que todas las anotaciones policiales fueron borradas de su ficha.

Resulta insólito que tanto el presidente como otras figuras de gobierno se jacten de la “independencia” con que actuaron otros poderes.

Tal vez todavía no entendieron que es lo que corresponde en democracia.

La ciudadanía tiene el derecho de saber lo que pasó, porque se trata de asuntos públicos, y los poderes del Estado tienen la obligación de colaborar al máximo para que la ley se cumpla.

Vale para el juez Matías Porcíuncula que, con la oposición de la fiscal Fossati, declaró reservada la audiencia de imputación, evitando que los periodistas ingresaran a la sala.

Este incendio no se sofocará facilmente.

Dejá tu comentario

Forma parte de los que luchamos por la libertad de información.

Hacete socio de Caras y Caretas y ayudanos a seguir mostrando lo que nadie te muestra.

HACETE SOCIO