A la tenebrosa saga iniciada con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, instalando que muchos niños y niñas utilizaban el servicio de alimentación escolar sin necesitarlo, continuado por un comunicado “infeliz” del Ministerio de Transporte, sugiriendo que otros tantos adolescentes disponían de boletos gratuitos para actividades diferentes a la concurrencia a los centros educativos, se añade, en las últimas horas, la afirmación del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, de que a 35% de los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social esta no les corresponde.
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No vale la pena indagar sobre la precisión del contenido de esta sentencia de Bartol porque el ministro no ofreció la información necesaria para valorarla. Probablemente el ministro esté dibujando datos -ya es de estilo en este gobierno- o tergiversando la información disponible, desestimando las evaluaciones técnicas propias y de la Academia, ignorando realidades complejas y, simplemente, su frase se inscriba en la estrategia general que vienen llevando adelante, de señalar hasta el cansancio las “ineficiencias”, “excesos” y derroches de los gobiernos de la izquierda, a tono con el criterio difundido por la ministra de Economía cuando presentó las auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación: el Frente Amplio manejó los recursos con “desidia” y “poco apego” a las regulaciones existentes.
De esta tríada de pronunciamientos criminales hay que concluir que al gobierno de la coalición multicolor y, en particular, a sus capitanes herreristas, no le va a temblar el pulso a la hora de suprimir beneficios sociales, incluso aquellos que favorecen al universo de los más vulnerables, aun cuando hablemos de niños, niñas, adolescentes u hogares muy pero muy pobres.
La expresión de Bartol, ratificada por el senador Penadés, anticipa un fenomenal ajuste en las transferencias a los más necesitados, pero, antes que eso, entraña una crítica a los métodos utilizados para definir a la población objetivo de los programas, por lo que, además del hachazo económico, probablemente les sirva como justificación para desechar los criterios técnicos y entronizar el ojímetro de operadores, todo lo cual, por supuesto, conducirá a un festival de la discrecionalidad con puntería política.
La filosofía fundamental que orienta a la casta de los neoliberales es que todo lo público es un costo que recae sobre los privados, todo beneficio es un exceso, y los derechos, en sentido amplio, no existen. Bajo esas premisas fundacionales, una transferencia directa, un plato de comida en una escuela o un boleto subsidiado cuando mucho son un mal necesario, pero mucho más cerca de un mal primordial que de la necesidad. Habrán notado los lectores que desde que asumió el presidente Luis Lacalle Pou, ninguno de los jerarcas de su gobierno ha dado a conocer ninguna política de ampliación de derechos, de satisfacción de alguna cosa que la gente precise. Desde que empezaron se han empecinado en empobrecer: subir tarifas y subir impuestos, recortar el salario real, ajustar en todos los incisos de la administración central, echar gente, suprimir contratos, discutir programas de ayuda social. Es imposible observar la agenda de este gobierno y no sentir nostalgia de la época anterior, cuando todo se trataba de dar más o dar un poco menos, pero siempre dar, nunca quitar: dar computadoras a los niños y tablets a los viejos, dar algo de dinero a los más pobres, dar viviendas, dar derechos largamente postergados, como el derecho a contraer matrimonio o a adoptar para todos los tipos de pareja, dar el derecho a interrumpir el embarazo no deseado, dar remedios y procedimientos financiados por el Fondo Nacional de Recursos, dar presupuesto para la educación, dar acceso a la salud a todos y todos los uruguayos, dar aumentos de salario y jubilaciones por encima de la inflación, dar jubilaciones a los que, por diferentes motivos distintos a su esfuerzo, no habían alcanzado los años de aporte, dar y dar y dar -nunca quitar- a los que nunca habían tenido nada o a los que habían perdido todo.
Creo que esto resume de forma elocuente el contraste entre la izquierda y la derecha uruguaya. Durante un montón de años, con errores y desinteligencias, con tibiezas muchas, con excesivas precauciones, nos gobernó un proyecto de brindar ayuda, de fortalecer la matriz de protección del Estado. Pero ahora llegaron los otros, los indignados sempiternos con la generosidad, los portavoces de los que pueden solos y odian a los que precisan una mano. Un gobierno de aporófobos embarcados en la tarea de desguarnecer, de quitar, de arrasar, de restituir el orden de sálvese quien pueda, con la inestimable garantía subyacente de que ellos se salvan. Insisto: nos gobierna un proyecto político constructivo. Nos gobierna un proyecto en la antípoda de la cosa pública, antipopular, antipolítico. Nos gobierna un rencor.