Así como no se habla en los grandes medios de Ancap, Antel y el INC, tampoco se habla de Ajuste Fiscal, que no está en la Ley de Urgente Consideración. Recordemos que durante muchos meses, en base a las declaraciones y proclamas que se iban filtrando entre el discurso florido y multicolor del candidato Luis Lacalle Pou, esta publicación –lamento reiterar que casi solitariamente– advirtió que estábamos ante una propuesta política, económica y social de neto corte oligárquico, en la misma línea en la que gobernó Luis Alberto Lacalle Herrera, el padre del presidente electo, quién volvió de la clandestinidad con el año nuevo para que nadie olvide quién está en las bambalinas, detrás del escenario.
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Lo primero a recordar, porque marca toda la cancha, es que este gobierno impondrá un feroz ajuste fiscal, que siempre supone una transferencia brutal de recursos de los pobres, los vulnerables, los trabajadores y los jubilados en beneficio de los grupos privilegiados ya señalados. Es lo que hicieron Mauricio Macri, Piñera, Lenin Moreno en Ecuador y Donald Trump, por quienes nunca se ocultó admiración por parte de los electos.
El Ajuste Fiscal de la Coalición Oligárquica (porque la tienen que votar todos) tiene una cifra de partida: los 900 millones de dólares originales que Azucena Arbeleche explicó en Búsqueda (aunque la suma de las partidas daba 1.400 millones y nadie desmintió nuestra exposición), a los que se sumaron 400 millones más por “no haber aumentado el gobierno actual”, el del presidente Tabaré Vázquez, redondeando en la cifra de 1.300 millones de arranque. Para ser más gráfico, el ajuste fiscal será, si les da el cuero, más del 2% del Producto Interno Bruto.
Pero el Ajuste Fiscal no es solamente un acto de apropiación feroz y voraz de recursos de los menos ricos, una injusticia total si las hay, es también un acto que va contra el desarrollo del país (expresión que no aparece en los documentos del gobierno electo ni por picardía, como si estos patricios tuvieran vocación expresa de colonia), que traerá recesión, miseria y desempleo. Porque retirar de una plaza pequeña como la nuestra (cuyo presupuesto debe oscilar en unos 18.000 millones de dólares) nada menos que 1.300 millones de primera, contraerá y retraerá la actividad económica, ya castigada por las circunstancias externas que son de notoriedad.
Nadie duda de que el gobierno “multicolor” de Lacalle Pou y los socios que lo acompañan impondrán un ajuste fiscal que parte de esa cifra, entre otras cosas, porque siempre lo prometieron.
Lo que habían prometido también era bajar las tarifas públicas, pero ahí parece inevitable que incumplirán su palabra y tendremos aumento en marzo. Esta determinación quiebra una de las promesas más publicitadas de Lacalle Pou y presagia que en 2020 el aumento de las tarifas será mayor que la inflación.
El aumento de las tarifas, después de haber prometido incluso bajarlas, enfrenta ya a aquellos sectores agropecuarios exportadores e industriales a los que se les prometió lo que no se va a cumplir. Veremos cómo se arreglan entre socios.
Estamos viviendo un enero caliente y amargo.
El gobierno saliente entrega un país en crecimiento, el único en la región, con una deuda pública neta equivalente al 47,9% del Producto Interno Bruto y Activos de Reserva en el Banco Central por 14.000 millones de dólares.
A pesar de eso, estamos viviendo un mes de enero inédito, donde las “manijas” al gobierno electo para que profundice su sesgo oligárquico y antipopular provienen de muchas y muy variadas fuentes.
En resumen, estamos ante un gobierno cuyos principales voceros no oficiales parecen ser el rematador Gerardo Zambrano y el “comunicador” Orlando Pettinatti, es decir, un intermediario puro no afectado directamente a la producción y un sujeto que ha hecho fortuna trabajando con la desdicha y la miseria de los más ignorantes y desvalidos (al que no obstante nuestra farándula considera digno de integrar Tribunales y sacarse fotos con él como si fuera Larry King), a los que deben sumarse algunos economistas que fueron de izquierda y que hoy están a la derecha de los neoliberales, como Javier de Haedo y Juan Carlos Protasi.
Algunos voceros del Frente Amplio, como el ministro Murro, han salido al cruce de barbaridades como el intento de plebiscito que quiere eliminar el Ferrocarril Central (una de las obras más importantes desde el retorno de las instituciones en 1985), pero ha sido sobre todo la central sindical, el PIT-CNT, la que –sin desconocer el veredicto de las urnas– ha señalado una y otra vez que se opondrá a que se recorten los legítimos derechos de los trabajadores, jubilados, vulnerables en general y pequeños productores.
Como lo hicieron, democráticamente, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, cuya Ley de Privatización de Empresas Públicas derrotaron, y junto a ellos estaremos nosotros.
Ojalá seamos muchos.
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