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Editorial

Ajustazo fiscal y Ley de Urgencia

Lacalle Pou y la madre del borrego

Por Alberto Grille.

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Caras y Caretas Diario

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Comienzo esta nota con una acusación directa y concreta: el programa verdadero del Partido Nacional liderado por Luis Pompita Lacalle Pou no es el conjunto de lindezas titulada «Lo que nos une», que está repartiendo y mostrando, sino los entre 300 y 500 artículos de la Ley de Urgente Consideración que dijo que enviará al Parlamento el mismo 1º de marzo de 2020 si resulta electo, cuyo contenido el pueblo uruguayo desconoce.

La gente no conoce ese Proyecto de Ley de Urgente Consideración, por lo cual no sabe lo que realmente haría con Uruguay si llegara a ser electo presidente.

Para ser más claro, Luis Lacalle Pou oculta hasta después de las elecciones, probablemente en el mes de diciembre, la materialización legislativa de las medidas más urgentes de su proyecto, las que se van a concretar mediante una ley ómnibus, prácticamente sin discusión.

La ciudadanía no puede optar por una candidatura sin conocer su verdadero programa de acción, mucho más cuando este se oculta.

En Uruguay, entre gente de bien, lo habitual es que se sepa lo que un candidato va a hacer si gana la presidencia y el gobierno. Todos presumimos saber lo que estamos votando, confiamos en lo que nos dicen y tenemos confianza en el candidato que elegimos. Confiamos en la honestidad y creemos en lo que nos proponen.

¿Por qué se nos oculta, entonces, esa Ley de Urgencia?

Tal vez porque será algo peor que lo que se nos muestra. Cuando las ideas y las propuestas se ocultan, cuando los propósitos se vuelven un misterio, cuando se escatiman informaciones que tarde o temprano nos afectarán a todos, la farsa se convierte en un problema ético, en un intento de estafa, en un fraude político. Yo creo que eso es lo que está pasando con muchísima impunidad, porque hasta ahora, con verdadera transparencia, Lacalle y sus principales colaboradores nos han dicho que no nos mostrarán la mencionada ley, hasta después de las elecciones y del probable balotaje de noviembre.

El Frente Amplio, por el contrario, no tiene nada que ocultar. Hace 15 años que está en el gobierno y se conocen sus proyectos de futuro, entre otras cosas porque muchos están en marcha, como la inversión de UPM II y el Ferrocarril Central. Todo el mundo sabe lo que el Frente hará. Algunos creen que será igual que lo que hizo, otros que perdió las ganas o agotó el proyecto, otros que lo hará aun peor y otros que será mucho mejor y con un nuevo impulso. Pero todo está arriba de la mesa, sin trampas.

De Ernesto Talvi ya hemos hablado y seguiremos hablando y está claro que utiliza una estrategia diferente.

Talvi es algo así como un mitómano, practica una especie de travestismo político, simulando lo que no es, mimetizándose, mintiendo si hace falta. Quizás es más difícil de desenmascarar que Pompita porque el disfraz está hecho a la medida, pero a veces me parece que es mucho más peligroso porque, como en las afirmaciones que hace en algunos de sus currículum, hay aspectos que develan ciertas perturbaciones de su personalidad .

Si un candidato miente u oculta la verdad (que es peor que mentir) sobre lo que piensa hacer con el país, cuando se pinta de positivo, abierto y progresista y resulta ser autoritario, embustero e intolerante, no estamos hablando de un adversario leal.

El ejemplo de Macri, a menos de 200 kilómetros, de distancia es aleccionante; tuvo una respuesta contundente en las elecciones que se realizaron en Argentina hace pocas semanas y consecuencias desastrosas desde el punto de vista político, económico y social, tan desastrosas que aún no es posible evaluarlas en su dimensión real.

Ese Proyecto de Ley de Urgente Consideración incluye los también anunciados «shocks de austeridad» (el primero de los cuales sería un recorte de 900 millones de dólares, dos puntos del Producto Interno Bruto), y las medidas sindicales (¿eliminación o disgregación de los Consejos de Salarios como hizo su padre, limitaciones al derecho de huelga y la flexibilización de normas de contratación?), que le mencionó al El Observador el 6 de febrero pasado.

Con respecto a estas medidas, en el referido reportaje dijo que las va a tomar «de una», porque «si no lo hacés rápido, los efectos negativos se extienden en el tiempo. Por ejemplo, si hablás de medidas sindicales, ¿para qué las vas a extender en el tiempo si sabés que las vas a tomar? Cuanto más demores, su efecto va a ser mucho más lento», para rematar diciendo que «creo que el gradualismo aplicado de determinadas maneras termina siendo inerte, no sirve, no genera consecuencias ni resultados».

Este es el Pompita que me gusta, sin anestesia.

 

¿Cómo rastrear la verdad del programa de Pompita?

En primer lugar tenemos un indicador claro de que Pompita Lacalle Pou suele disfrazar su talante, su imagen y sus ideas.

No hablamos solo de su aspecto físico, su apariencia juvenil, sus implantes de cabello o el color de su tinte de pelo. Sobre todo  hablamos de sus estrategias políticas y la elección de sus ideas fuerza, como la llamada “positiva” o la elección de la palabra “evolucionar”, con la que pretendió superar la propuesta del Frente Amplio.

Por eso mismo, la realidad no hay que buscarla en lo que se muestra -el programa de gobierno del Partido Nacional-, sino en lo que se oculta, la llamada Ley de Urgencia, cuyo contenido de cientos de artículos está en la sombra.

La primera vez que Lacalle Pou habló de ella fue en un reportaje que le hizo la revista Noticias Uruguay, el 29 de setiembre de 2018, hace casi un año. Ahí se dio el siguiente diálogo:

Noticias: ¿Cuál sería su primera medida si dentro de 524 días le toca asumir como presidente?

Lacalle Pou: Un Proyecto de Ley de Urgente Consideración. Imaginate un reloj suizo bien complejo, de esos que tienen perillitas, resortes, manijitas… Te podría hablar de seguridad, de vivienda, del tema de las tarifas, los combustibles, de relaciones exteriores, reformas dentro del Estado, concursos de funcionarios públicos, de todo menos de lo presupuestal. ¿Por qué? Todo el primer año está sin presupuesto propio, con lo cual la capacidad que tengas de acordar un instrumento de modificación de la administración será muy importante para los primeros días de gobierno. ¿Qué incluiría ese proyecto de ley urgente? Centenas de cosas. Ahí adentro de esa ley estaría todo lo que no sea presupuestal: educación, seguridad, vivienda, economía, temas administrativos”.

Aquí está la madre del borrego, una ley que votarán todos los partidos que apoyen la coalición de gobierno que conducirá Pompita para darle gobernabilidad al presidente electo, que legislará sobre todo: seguridad, vivienda, tarifas, reformas del Estado, ingreso a la administración, reformas laborales, educación, combustibles, relaciones exteriores, jubilaciones, empresas y salud pública.

Imaginamos lo que se viene, pero solo imaginamos lo que se viene. Sabemos que tendrá cientos de artículos y alguno de los títulos de los capítulos de la ley, pero de sus contenidos, sabemos apenas lo que se le ha ido escapando.

 

Lo que se ha escapado a Luis de lo que piensa hacer con Uruguay

Además del ajuste fiscal, un recorte de erogaciones de 900 millones de dólares que ha anunciado su futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche; un artículo de El Observador publicado el 10 de agosto pasado nos habla de «Doce puntos claves del proyecto de urgente consideración que prepara Lacalle Pou», citando afirmaciones del coordinador de redacción de la citada norma, Rodrigo Ferrés, profesional dedicado al derecho administrativo.

El artículo afirma que «el equipo del candidato nacionalista trabaja desde hace varios veces en un proyecto de ley de urgente consideración, al que gustan llamar “ley ómnibus”, que contará con entre 300 y 500 artículos y abarcará gran parte de los temas contemplados en el programa de gobierno que se hará oficial este sábado en la convención nacionalista», lo cual confirma que se está hablando de dos textos distintos.

Agrega que el motivo por el cual Lacalle Pou quiere impulsar este instrumento tiene que ver con que considera que las medidas tienen que ser urgentes y que «el primer año no hay presupuesto propio, por lo cual las modificaciones que se pueden hacer fuera de la ley de presupuesto ameritan una ley de urgente consideración».

Agrega que Lacalle junior «dijo al semanario Búsqueda días después de la interna que ese documento es ‘una hoja de ruta necesaria’ para un posible futuro gobierno de coalición».

La nota también afirma que «Ferrés trabaja en la redacción del proyecto en coordinación con los referentes técnicos de todas las áreas. Los entre 300 y 500 artículos contendrán temáticas que van desde la economía, políticas sociales, seguridad pública y educación, hasta el mejor manejo de las empresas públicas».

Las «doce claves» obtenidas por el diario son:

-Eliminación de representación docente en la ANEP. Señala Ferrés que el proyecto «incluirá modificaciones a la ley general de educación, como el rediseño de la gobernanza de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que incluye dentro del Consejo Directivo Central a los directores generales de los consejos desconcentrados así como la eliminación de la representación docente en los consejos de ANEP. “La enseñanza es un asunto ciudadano y debe ser gobernada por representantes de los ciudadanos”, indica el programa de gobierno. Para un integrante de la oposición que tanto hincapié ha hecho en el supuesto malestar de la educación, no debería ser molestia que los docentes (justamente quienes están en contacto directo con los educandos) integren el CDC de ANEP. Seguramente será porque los docentes están agremiados y son, como tales, muy fuertes, y traen ideas nuevas. Y tanto gremios como ideas nuevas no son cosas que le guste a la familia Lacalle Pou. Ojo al piojo. La primera sin tocar, los blancos se proponen eliminar la representación de los educadores en los consejos de la ANEP antes de las vacaciones de julio del año próximo.

-Crear una regla fiscal para contener el gasto público. Caras y Caretas ya se ha ocupado del tema «regla fiscal», un latiguillo de los economistas reaccionarios y los políticos de derecha, que pretende sujetar a un guarismo fijo el comportamiento del gobierno. Hemos comentado que en ese sentido se parece a la falacia de la «independencia del Banco Central» (que lo que busca en realidad es que la autoridad monetaria esté dominada por los neoliberales partidarios de políticas contractivas) y a la «eliminación de ingresos a la administración pública», que sirvió para que durante 20 años, en los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle, Sanguinetti y Batlle no hubiera concursos de ingreso y solo entraran parientes y amigos de colorados y blancos.

En definitiva, la Ley de Urgencia de Lacalle sigue la idea maestra de Ramón Díaz, que era eliminar la moneda nacional y sustituirla por el dólar. Lo que quieren es quitar poder a los órganos representativos del gobierno para dejarlos en manos de la discrecionalidad del jefe de Estado. En este caso, quieren fijar un control a la política monetaria, que Ramón Díaz quería lisa y llanamente suprimir, subordinándola al comportamiento monetario de Estados Unidos.

Ferrés dice pomposamente que «con el fin de alinear al país con las mejores prácticas internacionales, nos proponemos dar los pasos para instalar una regla fiscal que favorezca una conducta de gasto público ordenada» y que «la regla fiscal es un instrumento de disciplina para contener el gasto público y que no se gaste más de lo que se debe gastar y no hay ningún impedimento para incluirlo dentro de la ley de urgente consideración».

Pura falacia. Lo que debe suceder en el sistema republicano democrático es que el Poder Ejecutivo gobierne y el Poder Legislativo controle. No hay que poner más trabas que las que ya funcionan. Por otra parte, «las mejores prácticas internacionales» son las que utilizan, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, China Popular y Japón; en estos momentos están utilizando las políticas fiscales expansivas, inclusive con déficit fiscal para evitar la recesión y el desempleo. Eso no les importa a los blancos baratos que siguen a Pompita porque la miseria nunca llega a los grandes latifundistas ni a los titulares de las cámaras empresariales que ellos representan, ni a los organismos internacionales de crédito ni a las calificadoras de riesgo que siguen los dictados de los grandes fondos de inversión. A no creerles: la llamada regla fiscal es privatizar la política monetaria, ponerla a disposición de tecnócratas neoliberales y a mucha distancia de las decisiones de política económica que son privativas del gobierno al que le toque conducir los destinos del país y de su gente.

-Reorganizar el Ministerio de Desarrollo Social. «Rodrigo Ferrés indicó que en ese documento, que de llegar al gobierno remitirán al Parlamento, “se incluirá todo lo que respecta a mejorar el Ministerio de Desarrollo Social” y que «uno de los objetivos es tender a una “reorganización paulatina del Mides, que lo concentre en las tareas de rectoría”. La idea es comenzar a elaborar el capítulo vinculado a las políticas sociales dentro de unas dos semanas, con insumos que está aportando el referente del área, Pablo Bartol. Ferrés puntualizó que se quieren incluir artículos sobre “la protección y el desarrollo de la infancia y sobre la situación de las personas en situación de calle, de aquellas en situación crítica de drogodependencia”.

Si dijera lo que pienso, aunque es honesto que no sabemos lo que dice la famosa ley, esta reorganización apuntaría a la eliminación del Mides, o su subordinación a propósitos clientelísticos como los que ya vimos en la administración Lacalle con los acomodos que se hicieron en el Ministerio de Deportes cuando el recientemente fallecido Trobo fue ministro de esa cartera. No puede haber amor ninguno de alguien como Pompita por un instrumento al servicio de los sectores más pobres y desprotegidos del país. Para estos, como su hoy archienemigo Ernesto Talvi, esta gente debería ser tratada por la «destrucción creativa» del economista Schumpeter.

-Proteger el espacio aéreo con una ley de derribo como parte del combate al narcotráfico. Rodrigo Ferrés señaló a El Observador que la seguridad pública será un capítulo importantísimo del Proyecto de Ley de Urgente Consideración y que, entre otras cosas, «se incluirá dentro del proyecto de urgente consideración la ley de derribo, que apunta a proteger el espacio aéreo uruguayo ante presencia de avionetas que se dedican al narcotráfico; otros artículos estarán orientados a la prevención del abigeato». Es obvio que esta mención un poco tonta al “derribo” de avionetas por “sospechosas” es solo un engañapichanga que distrae la atención de otras medidas que se incluyen en esta ley, como el punto que sigue a continuación.

-Permitir que los policías se puedan defender sin consecuencias penales. El propósito declarado, según Ferrés, es la reforma de la ley de procedimiento policial para “proporcionar a los efectivos policiales la seguridad jurídica y el respaldo necesario para el cumplimiento de sus tareas”, incluyendo dentro del proyecto de ley de urgente consideración, por ejemplo, la “presunción simple de legítima defensa” de los policías, el cuerpo Prefectura Nacional Naval y guardias privados de seguridad armados, a través de la modificación del artículo 26 del Código Penal. Esa medida se quiere instrumentar “sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza” que puedan tener cualquiera de esos efectivos». En suma, una ley de “gatillo fácil” que probablemente tenga objeciones y reparos en la propia Policía y que probablemente incremente la violencia en las calles y la de los propios delincuentes.

-Controlar las sociedades anónimas de los entes públicos. Señala la nota que una de las banderas de campaña de Lacalle Pou «es el ahorro de US$ 900 millones anuales durante el próximo quinquenio, que tiene entre sus insumos la mejor gobernanza de las empresas públicas», para las que quieren buscar «una gestión más eficiente». Nadie se anima a hablar todavía de las empresas públicas propiamente dichas, «ese claro objeto de deseo» de los políticos neoliberales y el sueño de Ramón Díaz. Eso tendrá que esperar. Hablarán sí, en esta Ley de Urgencia, de la libre importación de combustibles refinados y de la limitación de la autonomía de los entes del Estado y de las tarifas de los servicios públicos, de manera de debilitar a UTE y Antel y avanzar en la privatización de algunas áreas estratégicas.

-Autonomía absoluta de las unidades reguladoras. Es otro paso para avanzar sobre las empresas públicas, fijándoles parámetros  y estándares hasta que consigan su sueño (derrotado en el plebiscito de 1992) de privatizarlas en todo o en parte, por ejemplo, a través de que una parte de su capital cotice en Bolsa.

«La neutralidad política es fundamental en un ente regulador. Nosotros proponemos una autonomía absoluta, sin que haya jerarquía entre uno y otro, indicó Ferrés».

No es así ni debería ser así. Las empresas, los bancos y la enseñanza pública tienen un fin político y social que es estar al servicio de la población y la jerarquía de los organismos reguladores está ya establecida por la legislación vigente.

-Desregulación de la importación de combustible. Bajo el aparente deseo de lograr una rebaja de tarifas públicas, se esconde ese otro gran objeto de deseo que es eliminar Ancap, que no cesa de dar utilidades en los últimos años y es un bastión de soberanía nacional. Señala Ferrés que «uno de los puntos que sí estará incluido en el proyecto que Lacalle Pou enviará apenas asuma, si gana la presidencia, son medidas vinculadas a la ‘desregulación de la importación, distribución y comercialización de combustible’ para ‘liberarla gradualmente a la competencia’”. Más claro, imposible: a eliminar Ancap.

-Eliminar la bancarización obligatoria. La bancarización obligatoria es un motivo de desvelo para Lacalle Pou. La Ley de Urgencia la querrá eliminar porque controla la legitimidad y legalidad de las transacciones financieras, el comportamiento de las empresas desde el punto de vista fiscal, la inclusión laboral y el derecho de todos los ciudadanos a participar de los beneficios que se implementan desde el sistema bancario y particularmente del Banco República. Uno de los más críticos con ella es uno de los principales generales lacallistas, Ignacio de Posadas, cuyo estudio, al parecer, estaría siendo investigado una vez más por lavado de dinero en relación a la operación Lava Jato.

-Conformar una comisión para establecer reformas a la seguridad social. El programa explícito de los blancos baratos plantea la “convocatoria a una comisión multipartidaria de expertos de primer nivel” que se dedicarán a estudiar el tema. Esa comisión estará conformada por personas designadas por los partidos políticos y tendrá un año para “realizar una evaluación cuidadosa de la situación, identificar posibles escenarios y definir un menú de estrategias de reforma que aseguren la sustentabilidad de mediano y largo plazo con una visión de la sociedad en conjunto”. Nadie duda de que el tema hay que tratarlo. Su inclusión en esta norma es un adorno dentro de un montón de adefesios.

-Crear la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. ¡Qué cosa con estos neoliberales! Quieren la menor cantidad de organismos y la reducción del Estado, pero viven creando agencias en las que casualmente van a parar sus amigos. «El proyecto de ley de urgente consideración también incluirá la creación de una Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas», a nuestro juicio totalmente innecesaria. Ya tenemos la OPP y la Auditoría Interna de la Nación, además del Tribunal de Cuentas de la República, que blancos y colorados (recordar a Carlos Sténeri) jamás respetaron. No se precisa nada más, pero no hay que ver en qué consiste esa disposición que olfateo que tratará de poner más trabas a los entes comerciales del Estado, sobre todo a los que compiten con los privados.

-Promover un consejo técnico permanente para negociaciones colectivas. Otra agencia para colocar amigos bien remunerados, pero esta, sospecho, con un fin específico. Ferrés dice que «aspectos vinculados a la negociación colectiva también serán incluidos en el proyecto de ley de urgente consideración. La idea de los blancos es que se optimice un “sistema legal de relaciones laborales que permita facilitar el diálogo y dinamizar la negociación colectiva”. En ese marco, por ejemplo, promoverán “ante el Consejo Superior Tripartito, la creación de un Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos integrantes sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el Pit-Cnt y las Cámaras Empresariales”. “Este consejo tendrá por objetivo suministrar estudios técnicos, indicadores y análisis de los datos macro y microeconómicos relevantes a los efectos de la negociación colectiva, de manera de realizar los ajustes pertinentes de los lineamientos generales de la negociación a la realidad sectorial”. Aparte del tufo corporativo mussoliniano (o franquista, teniendo en cuenta las admiraciones de la familia Lacalle Pou), es claro que aquí también se van metiendo instrumentos por si no pueden eliminar los Consejos de Salarios, como es el sueño de las cámaras empresariales que los mandan y que integran la oligarquía blanca.

Hasta acá lo conocido de los «entre 300 y 500 artículos del Proyecto de Ley de Urgente Consideración» que es el verdadero programa de Luis Pompita y que la ciudadanía desconoce.

Nada o muy poco de lo visto es bueno ni necesario.

Pero insistimos, la ciudadanía no conoce el programa verdadero del Partido Nacional.

Sería imprescindible, entre gentes de buena fe, que lo mostraran cuanto antes.

Y sería deseable que los sindicatos y las organizaciones sociales también pidieran cristalinidad, transparencia, lealtad y honestidad a los candidatos. Particularmente, el Pit-Cnt, los trabajadores de Antel, UTE, AEBU, los profesores, maestros y profesores de ANEP, las organizaciones de jubilados y los periodistas que podrán encontrar en esta Ley de Urgencia la verdadera madre de las fake news, descubriendo que detrás del programa de gobierno del Partido Nacional se oculta la gran verdad, la Ley de Urgencia, la que no conocen incluso los convencionales de las minorías del Partido Blanco.

 

¿Qué es una Ley de Urgente Consideración?
“Los Proyectos de Ley de Urgente Consideración son enviados por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento y deben ser aprobados en un plazo máximo de 90 días. La cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para tratarlo y votarlo. En la otra, el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realicen modificaciones y deba volver a la cámara a la que ingresó. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en tres meses. Luego, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días para su promulgación, que significa que la ley entra en vigencia en un máximo de 100 días».

 

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