Denunciar la corrupción en Ecuador lo envía directamente a la cárcel. Es el vicepresidente de dicho país quien realiza la triste experiencia el 13 de diciembre de 2017. Una audiencia pública y contraria a la ley condenada a seis años de prisión el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas . Todo esto en el contexto de la agitación política en América Latina marcada por golpes de Estado corruptos creados y dirigidos por potencias extranjeras, multinacionales y burguesías de la región. Un cóctel tristemente conocido y premeditado que narra la muerte de una crónica anunciada para Glas que está sujeto a detención arbitraria, acusaciones falsas, testigos corruptos y amenazas a su familia. Condenado sin tomar en cuenta el principio fundamental de la legalidad de los crímenes y las penas, así como el derecho internacional, el vicepresidente del país latinoamericano fue encarcelado. Según la Corte Suprema de Justicia, el segundo del gobierno cometió presuntamente el delito de crimen organizado y asociación ilegal en el escándalo Odebrecht en Ecuador. El caso del vicepresidente tiene todo para ser considerado como una persecución política liderada por Lenín Moreno, actual presidente del país y opositor al ex presidente, Rafael Correa. Glas, hombre fuerte de la línea política del correismo, fue el primer hombre en el país en advertir públicamente que el presidente de la república estaba entregando el control de las compañías eléctricas del Estado a una de las familias más corruptas de Ecuador, los Bucaram. El 2 de agosto de 2017, él denuncia formalmente las irregularidades en la gestión presidencial que producen reacciones dentro del gobierno, el sistema judicial y los medios de comunicación. En respuesta, Glas es acusado por estos sectores de crimen organizado y asociación ilícita sin evidencia alguna. Por otro lado, y sin que la constitución le otorgue el poder, Moreno releva de sus funciones al vicepresidente dos días después mediante un decreto de ley. El presidente viola así la carta magna ecuatoriana. El sistema judicial abre una investigación llena de irregularidades en su contra. La Corte Suprema de Justicia lo sentencia a seis años de prisión sobre la base de pruebas falsas. Santos Odebrecht, jefe de la firma Odebrecht en Ecuador y condenado por corrupción, acusa a Glas de recibir sobornos de él sin ningún hecho probado. Está protegido por acuerdo de las fiscalías brasileña y ecuatoriana lo que lo protege de ser interrogado por la defensa del vicepresidente. Más de 70 personas testificaron en el caso de Jorge Glas, pero ninguno de ellos afirmó tener vínculos directos o indirectos con él. Entonces, surge una pregunta, ¿cómo puede haber una asociación ilegal en este caso si los miembros de la asociación no se conocen entre sí? La apariencia de una llave USB es también una de las pruebas utilizadas contra Glas. No obstante, el experto forense responsable de analizar esta prueba de convicción dice que no es una fuente confiable y que no posee ningún documento relacionado con Odebrecht; la persona que introdujo como prueba el elemento informático dijo haber tirado la computadora que contenía las informaciones encontradas en esta última. El experto forense es por consiguiente sancionado por el tribunal. Aún más sorprendente es el hecho de que los peritos judiciales fueron tomados como testigos por el fiscal Baca encargado de investigar y acusar a Jorge Glas. No se permitió a la defensa cuestionar los procedimientos de las autoridades fiscales, así como los de los jueces del Tribunal Penal de la Corte Nacional. Las apelaciones se interpusieron, pero todas fueron rechazadas. Debe recordarse que el fiscal Baca también está bajo investigación judicial por malversación de fondos. Actualmente, los tribunales están preparando otro cargo más contra Glas por robo, lo que podría condenarlo a 41 años de prisión. Los ecuatorianos son así maltratados por la justicia nacional, completamente bajo el control del presidente quien es apoyado por los medios de comunicación, también bajo la tutela que los incita a falsificar la información para servir al presidente de la república. De tal forma, el pueblo choca con un modus operandi político orquestado por los Estados Unidos y los círculos sociales más altos de la corrupción latinoamericana. El ejemplo se puede ver en el caso del ex presidente Lula da Silva en Brasil condenado esta semana a 12 años de prisión como parte de una cacería de brujas que ha impulsado a millones de brasileños a tomarse las calles que apoyan a da Silva. Por su parte, la familia del vicepresidente ecuatoriano también es víctima de espionaje, represión estatal y judicial. Exige que cese esta caza de brujas y también que se haga justicia: Jorge Glas, prisionero político, debe ser liberado de inmediato. Varias son las sombras que aquí surgen: ¿que busca el actual presidente ecuatoriano quien viviendo del 2014 al 2016 en la capital de los derechos humanos (Ginebra), es el primero en irrespetarlos? ¿A qué intereses responde? ¿Porqué este ex habitante ginebrino de la alta sociedad ecuatoriana busca una consulta popular ilegitima y apropiarse de los poderes judiciales y ejecutivos el 4 de febrero, poniendo así en peligro la democracia en Ecuador? Ecuatorianos, latinoamericanos y muchos más pueblos en el mundo se hacen las mismas preguntas.
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