Ley de medios: "Retroceso brutal en pluralismo y libertad"

El proceso de redacción de la ley original fue largo y complejo. Participaron organizaciones de la sociedad civil, personas expertas, empresas y, por supuesto, el cuerpo legislativo. Los principales puntos de conflicto referían a una pugna entre derechos: libertad de expresión e información, protección de las infancias, pluralismo, libre competencia. ¿Hasta dónde tenía que participar el Estado?, ¿cómo dar garantías a la sociedad?, ¿en qué punto aparece la censura?

Cuando el gobierno actual informó que derogar la ley de medios iba a ser uno de sus bastiones de gestión nadie se sorprendió, su postura contraria al articulado era explícita y la habían vocalizado en diversas oportunidades.

El tratamiento de la ley resultó ser más complejo de lo que al gobierno le habría gustado. Desde 2020 plantearon esfuerzos para lograrlo, con proyectos de ley alternativos, artículos en la Ley de Urgente Consideración y modificaciones en la Rendición de Cuentas, pero el tema dividió a la coalición de gobierno; Cabildo Abierto y el Partido Colorado se pronunciaron en contra de algunas de las iniciativas.

Casi cuatro años después, el proyecto de ley de medios presentado al Parlamento por el Poder Ejecutivo fue aprobado en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes.

En una primera instancia, a inicios de noviembre, los miembros de la comisión aprobaron 60 artículos que, según declararon desde el Frente Amplio, no tenían modificaciones con respecto a la ley vigente. De acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión, pidieron más tiempo para revisar artículos sustitutivos y artículos aditivos. Dijo el diputado Gabriel Tinaglini: "Visto que se van a presentar modificaciones a dicho proyecto y que, en este caso, la oposición no tiene conocimiento de ellas, de su contenido, y como es de estilo o en función de acuerdos -verbales, cierto, pero acuerdos al fin-, solicitamos que se nos conceda un tiempo prudencial para que la oposición se pueda interiorizar de la temática, para que pueda ver los cambios, las modificaciones".

En la sesión siguiente se votaron los artículos restantes, con algunas modificaciones propuestas por la oposición. Uno de los puntos a destacar es el de límite de licencias, regulado en el artículo 16, que pasó de tres a cuatro para TV y radio en Montevideo, a seis para el resto del país; y de tres a ocho para TV paga. Durante la discusión el diputado cabildante Sebastián Cal argumentó a favor del aumento: "Nosotros no pretendemos que termine saliendo una ley de medios que no pueda ser aplicada; queremos que termine saliendo una ley de medios que atienda la realidad o al menos la foto actual de la cantidad de titularidades y demás que vive nuestro país y este rubro".

Tinaglini aseguró, en la fundamentación de voto: "Esta disposición es más grave, aunque es menos mala que lo que había sido redactado por el Poder Ejecutivo. [...] Sigue permitiendo niveles de concentración excesivos". Y sentenció: "Este artículo tiene nombre y apellido. Lo que acá se está transparentando es la concentración actual. Los números no son casuales y, justamente, coinciden con algún grupo económico importante que ya tiene las ocho licencias en este momento, y lo que estamos haciendo es transparentándolo".

Gustavo Gómez, director de OBSERVACOM, expresó en sus redes sociales que la expansión de las licencias es una manera de "blanquear la concentración ilegal" de grupos mediáticos nacionales y extranjeros. También señaló las coincidencias numéricas entre los límites nuevos y la cantidad de licencias que tienen algunas empresas como Grupo Clarín/Flow o Romay, Sarandí, Magnolio y Zorrilla.

Otra modificación que realizó la comisión al texto del Poder Ejecutivo refiere al deporte nacional. A la obligación de que los partidos de selecciones nacionales de fútbol y básquetbol en "instancias definitorias" se transmitan por televisión abierta se sumó que sean "sin costo y sin modificar ni intervenir su contenido".

También aumentó el porcentaje de venta de acciones de empresas de TV para abonados al capital extranjero. De hecho, se eliminó el tope de 49% y ahora no hay límite.

La oposición logró reincorporar algunos artículos de la ley original referidos a la protección de la niñez y la adolescencia y el derecho a la objeción de conciencia de los periodistas, que el Poder Ejecutivo había eliminado originalmente.

Según informó la diaria "el proyecto se trató en comisión pese a que el líder del partido, el senador Guido Manini Ríos, planteó como requisito para su aprobación añadir un capítulo referente a la objetividad en la información de los medios de comunicación. Sin embargo, el diputado Sebastián Cal, representante de CA en la comisión, estuvo en desacuerdo con esa iniciativa y definió avanzar igualmente en el tratamiento del proyecto".

Así, quedó aprobado el nuevo articulado que, de aprobarse en las cámaras, derogará la ley de 2014.

"Retroceso brutal"

Gómez, referente nacional en materia de medios y libertad de expresión, realizó un análisis general de las modificaciones del proyecto. Para él "ee trata de una ley con nombre y apellido, menos transparente y [de] menor pluralismo: permitirá más concentración, 'blanquear' grupos mediáticos ilegales y habilitar mayor extranjerización de medios".

Señaló la posibilidad de mayor concentración mediática, ya existente en los hechos, pero ahora posiblemente legalizada y, como se mencionó anteriormente, aseguró que los números nuevos "no son arbitrarios".

Otros elementos que para el experto despiertan alarma son la derogación de las obligaciones de transparencia del gobierno y la URSEC en el otorgamiento de licencias de radio y televisión porque se elimina el organismo de control empresarial y ciudadano, así como las consultas públicas previas a la entrega, renovación o venta. "Oculta decisiones altamente sensibles para la libertad de expresión".

Para Gómez "todo esto es un retroceso brutal en términos de pluralismo y libertad de expresión".