Los hermanos que aplastaron al “Gran Hermano”

En el 2017 habían arribado a un acuerdo la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC), el Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA), los ministerios de trabajo, la DGI y el BPS.

El sistema implicaba la instalación de un dispositivo de control que verificaba la ruta de cada camión, el tipo y el volumen de la carga, duración de los viajes , el gasto de combustible y los tiempos de espera entre carga y descarga, lo que también permitía verificar las jornadas laborales realizadas por los trabajadores.

Cambia la correlación de fuerzas

El 9 de marzo del 2020 el entonces Ministro de Transporte Luis Alberto Heber anunciaba a la prensa que plantearía al gobierno suspender el SICTRAC. Heber afirmó que se iba a revisar en profundidad el sistema y que nadie iba a ser penalizado por no ajustarse al mismo, «no va a ser exigible por ahora». Asimismo planteó que la idea era mantenerse en diálogo con las gremiales de los transportistas y con el sindicato de los trabajadores, no sólo con los asociados sino con todos, «de modo tal que esto sea algo que ayude y no que perjudique».

Durante el período de transición de gobierno, se le había solicitado al anterior director de Transporte que no acelerara el sistema de monitoreo porque existían varias interrogantes con respecto al tema, agregó el jerarca. «Teníamos muchas dudas sobre el proceso de adjudicación del aparato que implica obligatoriamente poner en los camiones”.

Pero antes que Heber planteara con fuerza ministerial la suspensión de la aplicación del sistema, algo ya había cambiado.

A los empresarios de carga del interior que se venían oponiendo al sistema , se sumaban las fuerzas de Un solo Uruguay y los empresarios sojeros y arroceros.

Estos se empezaron a manifestar no solo generando conflictos con detenciones y ocupación de algunas rutas sino que empezó a cambiar la correlación de fuerzas dentro del ITCP.

Este de pasar a impulsar el acuerdo, se empezó a posicionar en contra, aliándose empresas con flotas propias como los acopiadores de granos, barraqueros, papeleros, frigoríficos y supermercados que veían en el nuevo sistema un encarecimiento de sus costos (o achique de su margen de ganancias) y la presión de las empresas multinacionales.

Apostando a la informalidad

En nombre de la libertad, la filosofía del gobierno y sobre todo del herrerismo es desregular, dejar a la libre competencia del mercado los destinos de capitales y trabajadores.

El Estado será tomado en cuenta si resulta beneficioso para los intereses de los grupos empresariales, y el transporte de carga no iba a ser la excepción.

Para asegurarse el proceso de suspensión del SICTRAC y la informalidad en el sector, el gobierno designó a un herrerista de ley y conocedor del sector.

Pablo Labandera es el actual Director Nacional de Transporte del Ministerio y era el abogado asesor del ITCP; no hay puntada sin hilo.

Con gran poder de adaptación, pasó de estar a favor del sistema participando en el proceso de negociación, a estar radicalmente en contra cuando la correlación de fuerzas en la directiva del ITCP soplaba a favor del nacionalismo.

Atracando en el Ministerio

La repentina muerte de Jorge Larrañaga y la definición de Heber como su sustituto en la cartera, invisibilizó la señal politica que implicaba la designación del ex intendente de San José y legislador José Luis Falero, integrante de una de las poderosas familias de transporte de carga, entre otros rubros del lechero, la madera, contenedores marfree y arroz.

Uno podría concluir que esa designación es un gesto mas de una filosofía de gobierno que apuesta a la experticia empresarial en el rubro que se desempeña determinado ministerio.

Pero en el caso de Falero, en la delgada línea entre el interés público y privado, en lo éticamente ruidoso estar de los dos lados del mostrador, se agrega que se venía suspendiendo toda forma de control.

José Luis Falero era Director de la empresa de transporte fundada por su padre y nombre de la empresa, Omar Falero S.A.

A la muerte de éste la empresa cambia de razón social y dos hermanos del ex intendente maragato, Fernando y Daniela poseen la empresa Menifrut con la adquisición de nuevos camiones lo que le permite tener una flota de al menos 25 camiones, y la compra de la estación de servicio Axion en Capurro, sobre la ruta 11.

No poseemos elementos que nos permitan asegurar que la empresa de los Falero estén dentro de las 95 % de empresas desreguladas; por lo menos la empresa de su primo Miguel Falero que se abrió del clan familiar y se dedica al transporte internacional, tenia instalado el dispositivo de SITRAC.

Tampoco surgen elementos para vincular el crecimiento exponencial de la empresa de los hermanos con la gestión ministerial, pero lo que es seguro es que no hay como controlarlos.

Apetito fiscal

Los nuevos decretos marcan la impronta del actual gobierno y su ministerio. Se desmarca de los controles en conjunto con la DGI y el BPS por lo que la suerte de los trabajadores quedan en sus manos, y solo se asegura el control para que los camiones no evadan los peajes mediante la Guía Electrónica de transporte de carga.

Números que acalambran

Buen parte de las 7500 empresas de transporte que van desde dos camiones a mas, no están regularizadas en un casi 95 %.

Representan el 6% de los vehículos que se desplazan por las rutas nacionales y el 20% del total de accidentes.

En el año 2020-2021 se duplicó la venta de camiones cero quilometro de mano del crecimiento de las exportaciones agrarias.

40 mil son los trabajadores vinculados al transporte de carga con una salario que ronda los 37 mil pesos mensuales pero los aportes al BPS en promedio son de 20 mil.

Esto implica una evasión que junto con las de la DGI ronda los 500 millones de dólares anuales.

Los trabajadores pueden llegar a cumplir 16 horas de jornada laboral y en ocasiones trabajan cinco días seguidos.

De 10 mil pesos es la pensión que pueden llegar a cobrar las viudas de los trabajadores fallecidos en accidentes laborales.

Preguntas sin responder.

Nos parecía de orden conocer la opinión del titular de la cartera, José Luis Falero. A instancias de su secretaria enviamos el siguiente formulario que a la edición de éste material no fue respondido.

1) Los fundamentos del Ministro Falero para no instalar el Sitrac y solo limitarse al decreto que regula el pago de los peajes por parte de las empresas del transporte.

2) Su vínculo con la empresa Menifrut y los antecedentes, si estuvo vinculado en algún momento.

3) Si está desvinculado y desde cuando de lo que fue la empresa Omar Falero S.A de cuya empresa supo ser director.

4)Su vínculo con la empresa Trale.

5) Su vínculo con la estación de servicio Axion en la zona de Capurro, ruta 11.

6) si tiene algún tipo de objeciones con llamados a licitación que se realizaron o se pudieran realizar donde se presente la empresa Menifrut u alguna otra del grupo Falero.