Los mentirosos son ellos

Aunque no lo diga textualmente, la ley multicolor apuesta por una velada estrategia que acerca el bochín y sienta las bases para posicionar lo privado por encima de lo público, poniendo en jaque la rica historia de la educación uruguaya.

En realidad, el gobierno blanco y sus socios no tienen necesidad de desmentirlo porque es todos los aspectos prefieren lo privado sobre lo público.
Aunque los blancos pillos griten «mentira, mentira» y pregunten a los cuatro vientos, «¿dónde dice eso la ley?”, no hace falta ser de la Policía Técnica ni el Superagente 86  para encontrar las huellas del «delito» que tanto quieren esconder.
La idea de disfrazar al lobo para que parezca Caperucita es más vieja que el carlanco, pero sigue siendo efectiva.

Una palabrita menos aquí, una frase menos por allá y lo que antes decía una cosa ahora dice la otra. En verdad, es una apuesta a la inocencia de la gilada.

Pero basta con mirar un poco más allá de lo evidente y pasar raya en algunos artículos que modificaron o cambiaron palabras para descubrir lo que en realidad ocultan.

Hagamos el ejercicio y verán que no miento.

Aunque no se use ni una sola vez la palabra privatizar, porque tampoco son tontos, basta con sumar las veces que la ley potencia la injerencia de la educación privada, para entender la jugada.

Una de las estrategias más usadas para la manipulación que imponen los nuevos cambios es la eliminación de la palabra «pública» en gran parte de los artículos, dejando solo «educación» a secas, para ir cambiando poco a poco el concepto general de la ley anterior.

Aquí va un ejemplo. El Capítulo XIX del Título VIII dice: «La coordinación del sistema nacional de educación pública» de la Ley N° 18.437, de 12 de diciembre de 2008, se denominará: «Coordinación del sistema nacional de educación» a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Parece un cambio de nada, pero apenas comienza el show, chau educación pública.

Lo mismo pasa en el 169, que originalmente se refería al Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, y donde ahora también volaron la palabra «pública». Y siguen las «casuales» mutilaciones del mismo concepto.

Pero no se trata solo de quitar palabras, porque no les alcanzaría con eso. En algunos casos directamente eliminan personas que se vinculan con el carácter público de la educación, como el rector de la Udelar o los dos integrantes del Consejo Directivo de la Universidad de la República, que desaparecen del artículo 185 que establece los miembros de la Comisión Coordinadora de la Educación (¿Pública?), y en su lugar, se incorporan representantes de los institutos privados (primaria, media y universidad) y de los centros policiales y militares.

¿Será que eliminan a los representantes de la universidad porque les faltaban sillas, o será que, como dice Graciela Bianchi, están convencidos de que la Udelar es una usina de adoctrinamiento de izquierda?

Hagan sus apuestas que esta vez seguro no pierden.

Pero no se vayan, porque siguen los cambios en la misma línea.

Y para que no sean solo palabras o personas, en otros casos, el hábil legislador de la LUC, modifica el tono de algunos párrafos de la vieja ley y los vuelve más light para que pierdan fuerza y se presten a varias interpretaciones.
El artículo 19 es un ejemplo de eso. La Ley de Educación decía que el Estado no puede suscribir acuerdos o tratados “con Estados u organismos internacionales que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización”.

¿Qué hicieron aquí? Muy simple: volaron la palabra «mercantilización» y parece otro cambio de nada, pero se puede perfectamente inferir que la legitima, sobre todo si se toman en cuenta las reiteradas alusiones a conceptos de criterio empresarial en toda la redacción de la norma como, por ejemplo, las recurrentes menciones a una «educación de calidad».

Y no es que solo a mí se me ocurre buscar fantasmas donde no los hay.

El profesor grado 5 del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República, Pablo Martinis, ve en este «pequeñísimo» cambio, algo mucho más grave y es que la LUC busca bajarle el tono a la prohibición del Estado uruguayo de permitir el ingreso de entidades privadas del exterior, más allá de que no sea expresado en el texto.

El investigador participó en el conversatorio entre sindicatos organizado por Fenapes y, para probar su teoría, dejó en evidencia otra de las «curiosas casualidades» que abonan la corriente privatizadora de la nueva ley.
Cuatro meses después de que la LUC fue aprobada, el diputado nacionalista por Maldonado Diego Echeverría presentó un proyecto de ley titulado “Instituciones de enseñanza terciaria extranjeras”, donde pide aligerar un poco las exigencias para la instalación de universidades foráneas en el país.

El legislador alude a la «libertad de empresa de la enseñanza» y propone que se adopte la forma jurídica más conveniente para que se les reconozca a estas casas de estudio, la personería jurídica que obtuvieron en su país de origen.

Echeverría considera además que «exigir tres áreas de conocimientos a las universidades que quieran radicarse en Uruguay es un exceso; y rechaza también la exigencia de que la mayoría de sus cuadros administrativos y académicos de dirección sean ciudadanos con tres años de residencia en el país”.

Una vez más, justifica todo en la «libertad de enseñanza» que debe primar sobre otros conceptos más generales, y deja en claro que la enseñanza es «por naturaleza, privada y libre» y que “el Estado puede prestar esa actividad en ayuda, pero jamás suplirla”.

Dirán que se trata de otra «casualidad» y que no tiene nada que ver con los 135 artículos que se quieren derogar, pero, como ven, todo apunta para el mismo lado.

La suma de todos los pequeños cambios orquestados en la ley y los hechos políticos que se sucedieron desde su sanción, demuestran que la LUC favorece a la educación privada y traslada criterios de organización empresarial a la gestión pública.

En realidad, nada nuevo bajo el sol, son los mismos argumentos que históricamente utilizaron las ideologías neoliberales impuestas por la derecha para convencernos de que el modelo privado se impone sobre el público en todos los órdenes, y sobre todo en la educación.

Por eso, aunque nos acusen de inventar cucos, y repitan mil veces que la LUC no menciona la palabra «privatizar», hay que dejarlo en evidencia, porque no queda ninguna duda de sus verdaderas intenciones. Y aunque griten, pataleen, sobreactúen en los debates y pidan pruebas a diestra y siniestra, no quedan dudas: los mentirosos son ellos.