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Historia de la corrupción en Uruguay

Los «sobrecitos» en el gobierno de Lacalle

Por Alberto Grille.

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Al mencionar el término “corrupción”, el inconsciente colectivo uruguayo recuerda inmediatamente el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, a pesar de que el de Julio María Sanguinetti (1985-1990) fue el que abrió la Caja de Pandora y la desfondó después, en el período 1995-1999. En el gobierno aguerrondo-herrero-lacallista, medios de prensa como las revistas Tres y Posdata arrojaron luz sobre episodios que entonces y hoy parecen increíbles. Una consideración previa: el 8 de abril se conmemoraron 59 años del fallecimiento del Dr. Luis Alberto de Herrera, cinco veces candidato fracasado a la presidencia de la República y gran representante de la sociedad oligárquica, terrateniente y cuasi feudal que detenta el poder real en Uruguay. Eso sí, el Patricio, como gustaba firmar algunos artículos de El Debate, hijo de Juan José, canciller de Bernardo P. Berro (que sufrió confiscación de bienes, proscripción, pobreza y exilio como consecuencia de su oposición a la dictadura de Venancio Flores y al genocidio de Paraguay llamado vergonzosamente Guerra de la Triple Alianza), y su condición de coautor del golpe de Estado del 31 de marzo de 1933, encabezado por el colorado riverista Gabriel Terra, no le impidieron consumir su inmensa fortuna en la lucha política y transcurrir sus últimos años en una austera pobreza. Su famosa quinta se venía abajo y se llovía por los cuatro costados, su viejo coche casi no funcionaba, y muchas veces su alimentación era complementada por los pocos amigos verdaderos que le quedaban. Como dijo uno de sus grandes adversarios, el Dr. Carlos Quijano, en la necrológica que le dedicó en 1958: “No tenemos necesidad de calumniarlo para decir que fuimos sus adversarios. Más nos complace decir que fue de una honradez ejemplar y sin tacha, que siempre estuvo por encima de eso que llaman ‘intereses’”. Luis Alberto de Herrera fue paradigma de honestidad personal en lo relativo al manejo de los bienes públicos y se conocen anécdotas de su rechazo a presiones de intereses extranjeros. Integró así la mejor tradición de su partido. Desde su fundador, el brigadier general Manuel Oribe, teniente de Artigas, y hasta el gobierno de Luis Alberto Lacalle de Herrera, el Partido Nacional hizo honor a su condición de “Fiscal de la Nación”, que resplandeció sobre todo durante las interpelaciones de Wilson Ferreira Aldunate a ministros pachequistas, como César Charlone, y bordaberristas, como Juan Carlos Blanco. Pero vino Lacalle en 1990 y, como dice el tango, “el recuerdo que tendrás de mí será horroroso”. Sería interesante que el abuelo pudiera hablar del nieto, sus colaboradores, y lo que fue el gobierno blanco. El relato de Téodilo Nunca será suficiente destacar la importancia de los medios de prensa en el eficaz funcionamiento de la democracia, circunstancia a la que acaso debiera prestar más atención el gobierno del Frente Amplio. El domingo 23 de junio de 1996, la revista Posdata, que dirigía el gran periodista Manuel Flores Silva, hijo del inolvidable Manuel Flores Mora, publicó una separata especial, titulada en caracteres catástrofe: ‘Los documentos que investiga la Justicia/Testimonio exclusivo del acusador, Teódilo Maciel’; y subtitulada: “Denuncia penal contra Pablo García Pintos, Juan Carlos Raffo, Enrique Braga, Villanueva Saravia e Igor Svetogorsky”. Debe señalarse que en el anterior período de gobierno (1990-1995), cuando ocurrieron los hechos que denuncia Teódilo Maciel, chofer y hombre de confianza del comerciante y operador económico Igor Svetogorsky, el doctor Pablo García Pintos fue secretario de la Presidencia de la República, Juan Carlos Raffo fue ministro de Transporte y Obras Públicas, el contador Enrique Braga fue ministro de Economía y Finanzas y Villanueva Saravia fue vicepresidente de OSE. También se menciona, en el interior de la revista, al contador José Luis Ovalle, director de Zonas Francas primero y ministro de Transporte y Obras Públicas después, y al entonces y eterno diputado Jaime Trobo. La separata presenta las denuncias formuladas por el ciudadano Teódilo Maciel, los documentos respaldatorios y un reportaje al acusador. Uno de los artículos que la componen comienza diciendo: “El pasado lunes, a las 13 horas, el Sr. Teódilo Maciel se presentó ante el Juzgado de Turno a denunciar un caso de tráfico de influencias [que hoy implicaría “lavado de activos”, según acaba de precisar el fiscal general, Dr. Jorge Díaz, al afirmar, según Búsqueda, que los delitos de Pablo García Pintos por el uso de la tarjeta corporativa del Banco de la República, para pagar cuotas a su Partido Político son imprescriptibles, N. de R.] en la asignación de contratos del Estado, señalando sus motivaciones en el escrito de denuncia “en la convicción de hallarme ante un hecho de abierta corrupción y apariencia delictiva”. “Vengo a formular la denuncia personal pertinente, que estoy en condiciones de ampliar en el curso de la ratificación, al amparo de lo previsto en el art. 105 del CPP”, agregaba. Le tocó en suerte el Juzgado Nº 2 -que tiene por Juez al Dr. Fernando Cardinal y por Fiscal a la Dra. Elsa Machado de Saravia- y pasó allí declarando unas cinco horas. Antes había avisado en su trabajo -el Servicio de Intendencia de la Suprema Corte de Justicia- que no iba a concurrir ese día. El juez dispuso de inmediato la citación de algunos testigos a los que interrogó el día martes durante unas cuatro horas”. Se trataba de tres compañeros de trabajo del Sr. Maciel cuando este se desempeñaba en la firma ITC, cuyo principal, el Dr. Igor Svetogorsky, es uno de los acusados de tráfico de influencias políticas por el referido acusador. “El Dr. Svetogorsky había designado como su abogado al conocido penalista Carlos Curbelo Tammaro, a quien cupieran destacadas actuaciones como defensor en diversas oportunidades del Dr. Daniel Cambón, el Dr. Carlos Ganduglia y el Dr. Víctor Della Valle”. La denuncia Continúa la prolija y meticulosa descripción periodística de la revista Posdata: “Teódilo Maciel es un hombre nacido en el interior del departamento de Tacuarembó, de entre 50 y 60 años. De apariencia cuidada, evidencia ser un hombre modesto con trazos de haber cursado bastantes años de educación formal. Tiene la vivacidad propia del hombre de campo uruguayo. Durante cuatro sesiones de trabajo -4,5 horas, la primera vez; 3 horas luego; 1,5 hora más adelante y, finalmente, dos días en un hotel del Este grabando con el editor general de Posdata-, jamás cayó en una contradicción. De joven fue policía de comisaría, embarcándose luego en la marina mercante durante cinco años. Trabajó después nueve años y medio en la firma ITC Ltda. (International Trade Consortium) bajo las órdenes de su director y propietario, Dr. Igor Svetogorsky. El Sr. Maciel se desvinculó de la firma por su propia voluntad en diciembre de 1994 y pasó a trabajar de portero en la Suprema Corte de Justicia. Su papel en la empresa, cobrar usualmente con su endoso personal cheques de la firma por cifras importantes (US$ 50.000, por ejemplo) o llevar memos trascendentes a figuras del gobierno de la época, lo transformaba en un asistente más calificado, más al tanto de lo que ocurría en las oficinas de la empresa. Ganaba, por ejemplo, un sueldo mayor que el de los funcionarios administrativos. El contenido de su denuncia es muy claro. Del documento presentado a la Justicia extraemos algunos de los párrafos más elocuentes: -Así, pude comprobar cómo mi empleador se dedicaba al tráfico de influencias políticas, haciendo pagos a diferentes personalidades del gobierno que desfilaban por la oficina de la empresa, a cambio de la ejecución de favores o, lisa y llanamente, la realización de actos indebidos. -Por tanto, ante la evidencia de hallarme en presencia de actos claros de corrupción, por espacio de casi tres años, me dediqué a recoger pruebas de los hechos, a mi juicio ilícitos, que me tocaba presenciar, a fin de poder denunciarlos algún día -como hoy- a las autoridades judiciales. -En el mismo sentido, elaboré un listado de las entrevistas especificando día, hora y lugar- que el Dr. Svetogorsky mantuvo durante el trienio 1991 a 1993 con diversas personalidades de gobierno (DR. PABLO GARCÍA PINTOS, DR. JUAN CARLOS RAFFO Y CDOR. ENRIQUE BRAGA, en mayúsculas en el original, N. de R.), cuya fotocopia adjunto. -Muchas de esas entrevistas, además, están anotadas por la secretaria del Dr. Svetogorsky en las tres agendas respectivas, cuyas fotocopias también acompaño. -Así, por ejemplo, el Dr. Svetogorsky mantuvo en el período considerado 84 entrevistas (negrita y subrayado en el original) con el DR. PABLO GARCÍA PINTOS, en aquel entonces secretario de la Presidencia de la República. En muchas de esas oportunidades se le hicieron pagos en dólares al referido funcionario por importes que oscilaban entre US$ 10.000 y US$ 50.000; sumas que yo ensobraba personalmente. -Con el tiempo, el sistema empleado por el Dr. Svetogorsky para efectivizar esos pagos implicaba también mandarme a buscar el dinero al banco con un cheque, que yo endosaba y cobraba en el mismo banco, trayéndole el importe a la oficina, donde se hacía efectiva la entrega. -A partir de entonces, tomé la precaución de anotar el número de cheque, cuyo original podrá recabarse en el Citibank. -Con el mismo sistema pagué dos cuadros por valor de US$ 6.000 facturados a nombre la Sra. Elisa Mailhos, pero en realidad fueron regalados al Dr. Pablo García Pintos por mi exempleador, cuya boleta de compra adjunto, así como un pasaje para la esposa de aquel por valor de US$ 5.000 (…). -Conseguí fotocopiar diversos memorándum o ayudamemoria que mi empleador me hacía llevar al Dr. Pablo García Pintos a casa de gobierno, donde pasaba revista a los diversos asuntos que estaba gestionando. -Del mismo modo registré 89 entrevistas con el entonces senador y ministro Dr. Juan Carlos Raffo, habidas entre marzo de 1992 y diciembre de 1994, 48 de ellas en la oficina de la empresa. -También en varias de esas ocasiones tuve que hacer retiros y ensobrar dinero para los pagos que el Dr. Svetogorsky realizaba al Dr. Raffo. En dos oportunidades, concurrió a la oficina el hermano de aquel, Alejandro Raffo, cobrando US$ 43.000 y US$ 110.000 cada vez. -Obra en mi poder fotocopia de un convenio de horarios con la empresa Tomás Guarino, a través de la cual el Dr. Svetogorsky se encargaba de las “gestiones administrativas” ante el MTOP, motivo de licitación. -Asimismo adjunto fotocopia de un recibo de US$ 10.000, hecho por el Dr. Raffo el 3/11/92 (…). -También se produjeron 50 entrevistas entre marzo de 1993 y diciembre de 1994 con el Sr. Enrique Braga; otras con el Cr. José Luis Ovalle, exministro de Transporte, otras entrevistas mantenidas con el Sr. Villanueva Saravia con motivo de la adjudicación de la quinta línea de bombeo de OSE y también algunas entrevistas con el diputado Jaime Trobo. -En el caso de éste último, -por ejemplo, me consta que en una oportunidad se le entregaron US$ 10.000 en la oficina de la empresa y en otras dos ocasiones yo le llevé dos envíos de dinero a su despacho en el Palacio Legislativo”. Este es el comienzo de una documentación que vamos a desarrollar extensamente en otras ediciones. Mientras tanto, hago algunas preguntas: ¿cumplió el Dr. Pablo García Pintos su promesa de devolver el dinero, todo, todo, retirado con su tarjeta corporativa al Banco de la República Oriental del Uruguay? Si devolviera el dinero volcado por García Pintos al Partido Nacional, se extinguiría el delito imprescriptible de lavado de activos. ¿Qué investigaciones se han hecho sobre las tarjetas corporativas de los doctores Milka Barbato, Carlos Rodríguez Labruna y el Cr. Daniel Cairo? ¿Qué otras tarjetas corporativas había en el Banco República en ese momento? No sería hora de investigar otras tarjetas corporativas utilizadas por los directores de distintos organismos del Estado durante los gobiernos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle? Seguiremos con el tema. Esto recién empieza.

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