Silencio de Uruguay

Alfredo Platas,

Enrique Fischer,

Gonzalo García Lagos,

embajadores uruguayos que se jugaron en tiempos dictadura.

Después de meses de silencio pandémico, reapareció Luis Almagro. No dio buenas noticias a la institucionalidad democrática. El Secretario de la OEA anunció su rebelión contra la autonomía e independencia técnica y funcional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La reacción fue tremenda en el mundo y organismos multilaterales. Silencio del gobierno de Uruguay.

Esta semana, Almagro confirmó que, como anticipamos en la última nota, no va a homologar la resolución de la CIDH, que confirma en su cargo, cuatro años más, a su secretario ejecutivo. Veremos por qué esto es tan importante para Uruguay. Por qué ello hace que nos sorprenda tanto, que ante un tema tan grave, el gobierno uruguayo opte por callar.

El brasileño Paulo Abrão asumió la secretaría de la CIDH hace cuatro años, electo por unanimidad. En enero de este año, la CIDH, también por unanimidad, renovó su mandato por cuatro años. Almagro, desconociendo la independencia de la CIDH, no acepta su reelección. Esgrime que la ombudsperson de la OEA, Neida Pérez (venezolana, del gobierno de Juan Guaidó), le acusó de “abusos de poder,” sin dar más información sobre la acusación.

La comunidad internacional ha reaccionado en forma enérgica. Primero fue la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, que denunció el riesgo a la institucionalidad del sistema de protección de los derechos humanos de la región que implicaba la decisión. Excancilleres, en carta al secretario de la OEA, piden que cese su indebida intervención. Entre ellos, Taiana (Argentina), Choquehuanca (Bolivia), Celso Amorín (Brasil), Long y Patiño (ambos de Ecuador), Martínez (El Salvador), Carrera (Guatemala), Patricia Rodas (Honduras) Lara Castro (Paraguay) y Nin Novoa (Uruguay).

Luego fueron expresidentes y directores de la CIDH y activistas reconocidos de DDHH del hemisferio. Entre los firmantes, algunos viejos amigos que nos ayudaron en los años duros: Víctor Abramovich, Robert Goldman, Rose-Marie Antoine, Claudio Grossman, Carlos Ayala, Juan Méndez, Paolo Carozza, José de Jesús Orozco, James Cavallaro, Paulo Sergio Pinheiro, Francisco Eguiguren, Dinah Shelton, Tom Farer y Paulo Vannuchi .

ãArgentina, con quien estamos en deuda por inclinar la balanza contra Donald Trump en su esfuerzo por obtener la presidencia del BID, fue de los primeros, no el único en pronunciarse. “No corresponde esta indebida intromisión en los asuntos internos de la CIDH”, enfatiza su comunicado oficial.

Si hay un país que debería alzar su voz, es precisamente Uruguay. Esa independencia que viola hoy un uruguayo fue la que permitió en tiempos de dictadura que nuestro pueblo encontrara cobijo en la CIDH. En efecto, en esos años en que las dictaduras eran mayoría en el seno de la OEA, Uruguay fue objeto de un apoyo sin precedentes. Eran años en que la CIDH era el único órgano regional de protección de DDHH, ya que la Corte no entraría en funciones hasta que 11 países depositaran su instrumento de ratificación.

El secretario general de la OEA era Alejandro Orfila, hijo predilecto de la dictadura de Videla. Los secretarios ejecutivos eran el jurista exiliado chileno Edmundo Vargas Carreño y mi compañero de combate por los derechos humanos, Charles Moyer. Durante su mandato y bajo diversos presidentes, como Andrés Aguilar y Luis Adolfo Siles, la dictadura uruguaya estuvo bajo la mira de la OEA sin que Orfila pudiera evitarlo.

Fue con su ayuda y la de firmantes como el profesor Goldman y Tom Farer que se investigó, por ejemplo, la desaparición de Julio Castro cuando el gobierno de Uruguay respondió que había viajado en un vuelo de Pluna a Buenos Aires. Pasando por alto la presunción de buena fe de los gobiernos, se solicitó a Argentina la nómina de ingresos en todos los pasos de frontera. Así Julio Castro fue el primer desparecido declarado como tal por un organismo internacional. Ello causó que el coronel Bonifacio, en plena sesión de la OEA, me pegara un puñetazo. La CIDH pidió la salida de la delegación de Uruguay y no la mía, que era, apenas un frágil exiliado.

Varias veces estuvimos con Tota Quinteros en los pasillos de la Asamblea General. Se hizo un informe sobre Uruguay. Este fue seguido por sendos informes sobre Paraguay y Argentina. Nada pudo hacer Orfila. Apoyaba las dictaduras, pero no podía violar impunemente, como Almagro, la carta de la OEA.

Ahora nuestra diplomacia realza a los funcionarios de carrera. Esperamos que ello  permita terminar pronto con el silencio que ha impuesto la Torre Ejecutiva. No debe ser casual que la complicidad del gobierno uruguayo se dé justo cuando la CIDH se pronuncia contra la impunidad que campea en Uruguay.

A mí no me la contaron, la viví.