Desde el mismo día de la desaparición de Santiago Maldonado, la comunidad mapuche del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut, ha sostenido que al joven se lo llevó la Gendarmería argentina. La versión ofrecida por los integrantes de la comunidad ha sido precisa, consistente, coherente e invariable a lo largo de más de 50 días. Por su parte, el gobierno argentino, en la persona de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, todas las autoridades intervinientes y la vocería oficiosa conformada por la mayoría apabullante de los medios de comunicación han desplegado una campaña impactante de protección de esa fuerza de seguridad, plantando pistas falsas, impugnando el valor testimonial de los mapuches y negando caprichosamente los extremos brutales de la represión contra toda la evidencia acumulada, incluso gráfica. Semejante operación de encubrimiento de una desaparición forzada sugiere una notable red de complicidad que abarca a la política, los medios de comunicación, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, cuya existencia reviste un peligro extraordinario para el sistema democrático argentino. Los hechos porfiados lo verifican: en Argentina un joven fue desaparecido en el marco de una acción represiva contra reclamos legítimos de un pueblo originario, y todos los poderes del Estado han confluido en la intención de negar la desaparición forzada, culpabilizar a la víctima, perseguir a los testigos y demonizar a la comunidad indígena. Sumado a ello, el soporte fundamental de este propósito vienen siendo los medios de comunicación por dos vías especialmente ominosas: en primer lugar, la manipulación de la información (ocultando, tergiversando, mintiendo) y, por si esto fuera poco, mediante la incitación del odio que convierte a una parte significativa de la sociedad en cómplice, bajo la aceptación tácita de que incluso desaparecer, si es a un militante opositor, no está tan mal. Con todo, en la mecánica habitual de la política, ante una situación de esta naturaleza una ministra como Bullrich habría sido básicamente insostenible para un presidente, sobre todo Mauricio Macri, acostumbrado a medir el efecto de todas las cosas en focus groups, de no ser porque el gobierno macrista precisa a la Gendarmería y a las fuerzas de seguridad como al agua. Las consecuencias de la política económica han sido muy duras para la gente y todo indica que, luego de las elecciones parlamentarias del 22 de octubre, el ajuste económico y tarifario será más profundo todavía, con el consiguiente aumento de la díada conflictividad-represión. De modo inocultable, con este caso el gobierno le está transmitiendo a las fuerzas de seguridad que cuando le ordenen reprimir -como sucedió el 1º de agosto en el corte de la ruta 40, frente a la Pu Lof- y violar todas las leyes, ingresando sin orden judicial a territorio ancestral, cargando a los tiros y con vehículos militares, el poder político se va a bancar las consecuencias y cubrirá con un manto de impunidad cualquier desaguisado que sobrevenga: aun una desaparición forzada, en un país donde esta tiene un contenido histórico, político y simbólico incomparable. Se sospechaba que en el pacto entre el gobierno y Gendarmería había algo más que la necesidad de la administración de tener a las fuerzas de seguridad dispuestas y preparadas para reprimir, y la necesidad de la Gendarmería de que sus oficiales no paguen los platos rotos que se acumulen. En las últimas horas se reveló: la Gendarmería tuvo a cargo un nuevo peritaje sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y sus técnicos establecieron que fue asesinado por dos personas. Este peritaje fue ordenado en el mes de mayo por el juez federal Julián Ercolini luego de que el caso fuera transferido inexplicablemente desde la jurisdicción local a la Justicia federal, que es el ámbito natural de las operaciones políticas y de inteligencia. Cuando el gobierno logró que el caso pasara a la Justicia federal, era cuestión de tiempo para que la causa se orientara a donde ellos quisieran. Para conseguirlo, debieron ordenar un nuevo peritaje y se lo encomendaron a Gendarmería. Antes de que el estudio comenzara a realizarse, el diario Clarín anunció en su tapa, en el mes de mayo, que este iba a dictaminar que a Nisman lo habían asesinado. El anterior peritaje, hecho en el mismo año del fallecimiento de Nisman por los expertos criminalísticos de la Corte Suprema de Justicia, había dictaminado que el exfiscal de la causa AMIA estaba solo cuando murió. Así las cosas, Gendarmería hizo un dictamen que contradice la opinión de los expertos de la Corte Suprema, incluyendo a peritos que son los autores de los libros sobre criminología, y produjo un resultado a pedir de boca del gobierno de Macri, cuyo objetivo en esta causa es avanzar contra Cristina Fernández de Kirchner. La intención desembozada es juzgarla por traición a la patria, por presuntamente encubrir a Irán en la causa del atentado contra la mutual, hasta poder meterla presa y librarse de la principal dirigente de la oposición. Para eso tienen que dotar de veracidad la denuncia de Nisman, que fue rechazada por los jueces y la cámara federal en varias oportunidades por inexistencia de los delitos que denunciaba y debilidades gravísimas en su elaboración. En ese contexto debe entenderse la voluntad de sostener un asesinato contra la evidencia pericial para cargárselo a la expresidenta como autora intelectual. El pronunciamiento de Gendarmería por el caso Nisman, el encubrimiento de esa institución en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la persecución judicial de dirigentes opositores y el blindaje absoluto de los medios de comunicación son las caras de un contrato evidente. Son el Estado y el poder económico actuando al servicio de un proyecto político en su máxima expresión, sin el sofreno de la legalidad ni el cuidado de las apariencias. Después de todo, las “apariencias” la controlan los medios y sólo “aparecen” si ellos quieren, y si no quieren, las desaparecen. Como a Santiago.
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