Mides: tres centros cerrados y licitaciones sin efecto

En enero de 2020 la entonces ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo a Búsqueda que en el proceso de transición con Pablo Bartol le manifestó que «lo primero» que tenía que hacer era «avanzar con las licitaciones para que organizaciones sociales se hagan cargo de los refugios, pese a las críticas que la modalidad de tercerizar servicios con ONG ha generado en los blancos. De lo contrario, cuando llegue el invierno ‘sonaste’, advirtió».

La Comisión de Trabajo Tercerizado del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA) publicó un comunicado el 20 de abril denunciando el accionar del Ministerio de Desarrollo Social en lo relativo a las licitaciones de algunos centros. En el texto informan que las licitaciones que se abrieron en 2019, a las que se presentaron OSC, se dieron en los plazos establecidos y en cada caso la organización ganadora de la licitación fue informada. Desde la asunción del nuevo gobierno, denuncian, «las licitaciones quedaron sin efecto, algunas ni siquiera llegaron a convocarse y otras están pendientes de ser firmadas por el nuevo ministro».

Las irregularidades abarcan el Sistema de respuesta de violencia basada en género de Inmujeres, el servicio de atención a mujeres en situación de violencia basada en género (programa tobilleras), el Equipo Territorial de Montevideo (ETM), el Dispositivo de Articulación Territorial (DAT) y los equipos de atención a varones que ejercen violencia hacia sus parejas o exparejas. La continuidad de estos programas depende, informan desde SUTIGA, de una prórroga de seis meses ya que las autoridades desestimaron la licitación que comenzaba en mayo y daría continuidad a los servicios por dos años.

También el programa Cercanías (equipos territoriales de atención familiar) y los Servicios de atención ciudadana y articulación territorial (SOCAT) están atravesando momentos de incertidumbre. Son más de 900 trabajadoras y trabajadores que no saben cómo avanzará su situación, además de quienes trabajan en los refugios. Son miles las personas que se benefician de todos estos programas que no se sabe cómo continuarán.

Desde la comisión han intentado comunicarse con autoridades del MIDES, sin respuesta, aseguran: «No se admite asistir pasivamente al desmantelamiento de los servicios, ni al recorte en los derechos de las/os trabajadores que desempeñan su tarea en los mencionados programas, en tanto se asume que precarizar el trabajo implicará indefectiblemente precarizar los servicios».