La pandemia de covid-19 dejó al descubierto muchas falencias en los estados de América Latina. Una de ellas es el magro control que tienen sobre sus gastos y a quién finalmente beneficiaron con sus programas. Según un estudio realizado por la Coalición para la Transparencia Financiera (FTC, en inglés), integrada por 10 organizaciones de todo el mundo entre ellas la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latinddad), el 34% del gasto destinado para enfrentar el covid-19 en América Latina fue hacia grandes empresas en vez de ser destinado a los sectores más vulnerables de la población, como son las pequeñas empresas o los trabajadores informales.
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Dicho gasto supuso 107 billones de dólares en estímulos para las grandes empresas en los 10 países analizados de América Latina, dijo a la Agencia Sputnik la experta en justicia fiscal, economista, e integrante de Latinddad, Klelia Guerrero.
"Pedimos que se gaste mejor y que los recursos vayan a programas que sean dirigidos a las poblaciones vulnerables y que se tenga control de quienes son los beneficiados por las políticas. (Durante el covid-19) hubo políticas para que no se despidiera la gente, pero las empresas recibían la ayuda e igual despidieron. No fue suficiente la cantidad que se destinó a las poblaciones vulnerables", sostuvo Guerrero.
El país que más brindó fondos a las grandes empresas en Centroamérica fue Nicaragua, con 87%, seguido de Costa Rica (41), El Salvador (18), Honduras (5) y Guatemala (3), según el estudio de FTC.
En América del Sur, el país que más fondos covid-19 destinó a las grandes empresas fue Colombia, con el 50%, seguido por Ecuador (39), Argentina (36), Brasil (35) y Chile (28).
"No hay forma de que una política funcione si no tiene la perspectiva del grupo beneficiario, más que del diseño. Las empresas no fueron el medio que se esperaba para transferir los recursos recibidos en empleo, productividad, lo que generó más desigualdad. Si las empresas son las que reciben más ayuda, salen más rápido de la crisis mientras que quienes son vulnerables no se recuperan", afirmó Guerrero.
Consideró que como los estados latinoamericanos no priorizaron los grupos que debían ser beneficiados, la ayuda que se destinó a los más sectores pobres fue "insuficiente".
"Hace falta gastar mejor, lo que implica priorizar, no hay que salvar a los grandes, al contrario, hay que reducir las políticas que van a esos sectores y darle a la población vulnerable para subsanar brechas históricas", indicó.
Mientras a las grandes empresas se les destinó el 34% de los fondos en América Latina, a los trabajadores informales el 4, 9%, existiendo países que presentaron un 0% para este sector, como son Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Brasil y Ecuador.
Otros problemas
La analista remarcó que hubo diferencias en la cantidad de fondos que se destinaron a los grandes emprendimientos y a las pequeñas y medianas empresas, lo que nuevamente muestra que las políticas de los estados no estuvieron enfocadas a aquellos emprendimientos que tenían más posibilidades de cierre.
En América Latina, se destinó el 25,6% de los fondos a las pequeñas y medianas empresas mientras que los grandes emprendimientos obtuvieron el 34%.
"Chile fue el país que menos destinó dinero de Sudamérica a las grandes empresas (28%). Es importante decir que lo hizo echándole manos a los ahorros de los pensionados, si bien termina siendo un mérito, pero también hay que pensar en el largo plazo y a costo de qué", advirtió.
Asimismo, resaltó que muchas veces las mujeres no eran beneficiadas por los fondos.
"En términos de forma, una canasta solidaria para una madre soltera es clave, pero hubo casos que las canastas se entregaban en sitios alejados de las ciudades cuando sabemos que para una madre soltera es casi imposible que pueda trasladarse a lugares lejanos y dejar solos a sus hijos", agregó.
La FTC advirtió que a nivel mundial, las mujeres solo recibieron la mitad del apoyo que recibieron los hombres, aumentando la desigualdad de género.
Necesidad de registro
Por otro lado, guerrero remarcó que para que el gasto de los estados sea efectivo, es necesario que exista un registro de la población.
"Hay mucha informalidad en la región. Dentro de la crisis, cuando nadie podía salir, tampoco había registro de quiénes son esas personas, donde están, qué hacen, para poderlas ayudar, una de las acciones es tener los registros actualizados", remarcó.
Sostuvo que como consecuencia de no tener registros, la mitad de la clase media latinoamericana pasó a la pobreza durante la crisis del covid-19.
"Si bien en 2021 se vio un efecto rebote, había más gasto y demanda, ya en 2022 fue un año de estabilización y ya estamos quitándonos ese rebote y el próximo año se transparentará en cuánto está la pobreza", agregó.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó el jueves que en esta región la pobreza aumentará hasta un 33,7%, lo que significa que 7,8 millones de personas más se sumarán a quienes ya viven en estas condiciones.
Se espera que entre 75 y 95 millones de personas se vean empujadas a la pobreza extrema solo este año en el mundo debido a la pandemia del ovid-19 y la crisis del costo de la vida como resultado del conflicto en Ucrania, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además, se estima que más del 85% de la población mundial vivirá bajo estrictas medidas de austeridad durante 2023, según la FTC.
(Vía Sputnik)
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