Los principales actores de la industria pesquera argentina manifestaron su desacuerdo a las modificaciones al Régimen Federal de Pesca previstos en el proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso por parte del Poder Ejecutivo del Gobierno de Javier Milei.
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Al conocer el documento, los gobernadores de las provincias con actividad pesquera, sindicatos y empresas, expresaron su preocupación porque consideraron que en el articulado del proyecto se daba vía libre para que empresas extranjeras puedan pescar dentro de las 200 millas de jurisdicción argentina.
El jueves 4, luego de reunirse con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el ministro del Interior, Guillermo Francos, que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Luis Pietri y el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, manifestó que habrá "clarificaciones" en el texto del capítulo referido a la industria pesquera, las cuales apuntan a dejar en claro que "se mantiene la soberanía nacional" dentro de las 200 millas de la costa, aseguró Francos.
Especialista analizó los cambios pretendidos en la Ley Ómnibus
No obstante, el especialista en conservación marina y pesca ilegal, Milko Schvartzman, dijo a Casras y Caretas que "no cree" que las modificaciones previstas se "puedan mejorar" con algunas correcciones, sino que estos artículos "improvisados" habría que "eliminarlos del proyecto". Al conocer el documento, Schvartzman analizó en su cuenta de X las "graves implicancias para la economía, el empleo, la transparencia y el ambiente del Proyecto de Ley 'Omnibus' enviado por el Poder Ejecutivo".
El Art. 244 "elimina descarga obligatoria en puertos argentinos, abre posibilidad de descarga en otros países o transbordos en alta mar" lo que "posibilita pesca ilegal, falta de transparencia y trazabilidad", alertó. Además mencionó que "perjudica economías locales costeras, empleo, desarrollo portuario y ambiente".
Respecto del Art. 245, aseveró que "elimina beneficios para acceder a permisos de pesca a flota nacional, buques construidos en Argentina, valor agregado en tierra, renovación de flota y licitud de operaciones de las empresas", algo que "promueve la ilegalidad, desincentiva el desarrollo". económico".
Sobre el Art. 246 dijo que "permite la pesca a empresas extranjeras sin importar antecedentes y no contempla mano de obra nacional", lo que "abre la puerta a ingreso de empresas involucradas en pesca ilegal" y al "crimen organizado", con el consecuente "abuso de los Derechos Humanos".
En tanto, el Art 247 "elimina la exigencia de legalidad para obtener cuota de captura y abre la posibilidad de dar cuotas a empresas de pesca ilegal", además de permitir "obtener cuotas a empresas que operen dentro de la ZEE Argentina ocupada que circunda a las Islas Malvinas Georgias y Sandwich Sur".
Por otra parte, indicó que el Art. 252 "permite que pesqueros que operen en el mar argentino lo hagan con totalidad de tripulación extranjera, capitaneados por extranjeros"; una medida que "tendría serias implicancias sobre la soberanía y la seguridad nacional" y también "posibilita el aumento de la depredación", explicó el especialista
¿Cómo podría repercutir en Uruguay?
En relación a cómo podría impactar en nuestro país, Schvartzman señaló que estos cambios podrían tener al menos "dos implicancias". Una "tiene que ver con la conservación de algunas especies del sistema marino", aseguró. "En caso de que Argentina licitara cuotas y permisos de pesca abiertos y sin condiciones a empresas internacionales", tendría como consecuencia que "no se podría asegurar la sostenibilidad de la explotación de los recursos, no se podría asegurar la legalidad, ni la transparencia". Esto también "tiene implicancia en la sobre-explotación de recursos marinos y al ecosistema de Uruguay", aseveró.
Por otro lado, en el caso de la medida que pretenden implementar de que los barcos argentinos no tuvieran obligación de descargar en puertos argentinos "por lo cual quedan liberados a descarga en otros puertos o haciendo transbordo en altamar, podría generar que haya afluencia de pesqueros argentinos a Montevideo, porque es un puerto que no cobra impuestos del IVA, no cobra tasas de exportación e importación, y tampoco hay controles en los barcos, entonces sería perjudicial para la sostenibilidad, la legalidad, la trazabilidad y la transparencia, pero podría ser beneficioso para Montevideo económicamente o para algunas empresas que hacen la logística en el puerto que son empresas extranjeras".