El mensaje hacia el resto de la región quedó claro: quien no coopere, paga un costo económico inmediato.
El Salvador y el negocio de la reclusión
Washington no solo exige que los países reciban a sus deportados: también les impone las condiciones en que deben alojarlos. El caso más extremo es el de El Salvador. A fines de 2025, el presidente Nayib Bukele firmó con Trump un acuerdo por 6 millones de dólares para alojar a personas deportadas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la misma megacárcel donde se recluye a los criminales más peligrosos del país.
Exreclusos de ese centro han denunciado episodios de violencia física durante su estadía. A esto se suma que, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los internos permanecen hasta 23 horas y media por día encerrados en sus celdas, sin acceso a visitas familiares, llamadas telefónicas ni contacto alguno con la prensa. Es decir: personas deportadas por una infracción migratoria terminan recluidas en condiciones equiparables a las de reos de alta peligrosidad.
República Dominicana: la presión diplomática también funciona
El repertorio de Washington no se limita a lo económico. En mayo de este año, Estados Unidos ejerció una fuerte presión diplomática sobre el presidente dominicano Luis Abinader, quien hasta entonces sostenía que su país solo debía recibir a ciudadanos dominicanos deportados. Bajo esa presión, Abinader dio un giro radical y firmó un memorándum por el cual República Dominicana se compromete también a recibir a ciudadanos de terceros países. La oposición dominicana calificó el acuerdo como una "capitulación de la soberanía nacional".
Una estrategia con impacto regional
El patrón que se repite en Colombia, El Salvador y República Dominicana muestra una lógica común: Estados Unidos utiliza su peso económico, financiero y diplomático para trasladar el costo humano y logístico de su política migratoria hacia los países de origen de los migrantes, sin importar las condiciones en las que estos terminan siendo alojados.
Para los analistas de la región, esta dinámica no hace más que profundizar la inestabilidad social y política de varios países latinoamericanos, cuyos gobiernos quedan atrapados entre la presión de Washington y el descontento interno que generan estos acuerdos. Una tensión que, lejos de resolverse, promete seguir marcando la agenda hemisférica en los próximos meses – y que Uruguay, como el resto de la región, observa de cerca por su potencial impacto en la política migratoria y las relaciones interamericanas.
