Castaingdebat explicó que la otorgación de nuevas prórrogas a Cardama “no respondieron a un cambio arbitrario de criterio”, sino a la intención de evitar que fracasara un proceso que llevaba años de preparación, porque “entendimos que lo mejor para el país era agotar hasta el último esfuerzo para que el contrato se cumpliera”, afirmó.
El exjerarca recordó que el primer aplazamiento fue en enero de 2024, y “después, en marzo, hay otro pedido, ahí ya estaba yo, en el cual también se da la prórroga, y después hay sucesivos pedidos de prórroga”. “Cardama estuvo permanentemente tratando de encontrar una solución al tema garantías, presentando diferentes opciones, muchas de las cuales el estudio Delpiazzo, en conjunto con las autoridades del Ministerio, entendieron no avanzar en esas garantías”, indicó.
La información no me llegaba a mí. A mí se me informaba (por parte del Cr. Galó: "Estamos en esto."; "Necesitamos plazo para esto."; "Estamos en esto otro."; "Estamos trancados en esto."; "Esto pinta bien."; "Esto no corre", manifestó el exministro.
Pasados cuatro meses desde la firma del contrato, fue aceptada en abril de 2024 la garantía de reembolso emitida por la firma Redbridge, pero sobre la de fiel cumplimiento, pasaron cinco meses hasta que Cardama presentó una nueva excusa. Castaingdebat, quien explicó que nunca desconfió de la buena fe del gallego, apuntó que, en setiembre de 2024, Cardama solicitó un plazo de “72 horas antes de tomar cualquier definición”, luego de que Abitab se negara a otorgar una garantía, según el empresario vigués, por “fuertes presiones políticas”, enfatizó el exministro de Defensa, intentando desviar responsabilidades.
“Ahí nuevamente, recurriendo a esa discrecionalidad que entendemos que tenía que tener el ministro, entendimos que lo mejor para el país en ese momento era conceder esas 72 horas y no iniciar el camino de la rescisión, que hubiera sido otro lío para el país”, expresó. Estando al frente del ministerio, “si no tenés una cuota de sentido común y no tenés claro la diferencia entre arbitrariedad y discrecionalidad, te va a ir mal. Yo lo que traté fue de eso que aprendí afuera, en el campo, que es el sentido común”, manifestó Castaingdebat sobre su experiencia como veterinario.
La diputada oficialista, María Inés Obaldía, expresó ante al exministro que “no es de sentido común asumir como ministro y ese mismo día firmar una prórroga”, en referencia a la que firmó el 4 de marzo de 2024. Por su parte, Garlo cuestionó al exministro por la última extensión del plazo que permitió que Cardama presentara una garantía con documentación adulterada, ya que en ese lapso surgió la garantía de Eurocommerce que luego se constató era trucha.
Según fuentes de Caras y Caretas, la garantía de Eurocommerce fue gestionada directamente por Gerardo "Bocha" Moreira, el representante de Cardama en Uruguay, que siguió trabajando para la empresa de Vigo luego de hacer su tarea de acercar la propuesta, tal vez con el miedo de perder su comisión si no prosperaba el negocio tras el cúmulo de irregularidades y la inminente derrota de Álvaro Delgado, candidato nacionalista que aseguraba la continuidad de la millonaria compra.
Las contradicciones entre Castaingdebat y Delpiazzo sobre la garantía
Garlo recordó que el estudio jurídico contratado por el MDN advirtió “de forma sistemática” las irregularidades de Cardama en el proceso de constitución de garantías, en especial la de fiel cumplimiento que el MDN aceptó el 22 de octubre de 2024 y habilitó, el 9 de diciembre el primer pago por € 8,2 millones, “sin tener la documentación original a la vista, lo cual constituye una irregularidad”, apuntó.
El diputado leyó lo que dijo en su momento Delpiazzo: comunicó el 28 de octubre del 2024 al contador Damián Galó (director general de recursos financieros del MDN) que "el contenido de los documentos recogen de forma idéntica el texto de los borradores oportunamente analizados en referencia a la garantía de un banco de Camerún y a la garantía del banco Euro Exim Bank (EEB), se constata que los mismos son fotocopias simples los documentos, y en ese sentido no son hábiles para acreditar su constitución, por lo cual deberá acreditarse el documento original o testimonio notarial certificando quién suscribe por cada entidad y el control de sus representantes con facultades para emitir las respectivas garantías".
En su afán por querer demostrar "el desvelo nuestro por proteger al Estado", el exministro reconoció en la comisión que fueron "muchas más las garantías que se rechazaron que las que se aceptaron". "Algunas se rechazaron hasta sin mucho fundamento. Por ahí, se rechazó una que era un banco de Camerún; no nos dio ganas ni de empezar a ver", explicó Castaingdebat, quien luego terminó validando un confeccionada de retazos de varias, ¡entre ellas la de Camerún!, tal como advirtió Delpiazzo el 28 de octubre de 2024.
Castaingdebat afirmó que el ministerio validó la garantía de Eurocommerce y habilitó el primer pago a Cardama porque contaba con el "aval de Delpiazzo", asegurando que el estudio informó que la garantía estaba "acorde a derecho y ajustada al contrato". Sin embargo, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria, el doctor José Miguel Delpiazzo fue categórico al declarar: "No, no hubo una aprobación del estudio efectivamente a las garantías de EuroCommerce".
Explicó que el estudio jurídico se limitó a señalar que el ministerio "podría aceptar" ciertas variantes (como el plazo de 12 meses en lugar de 42) bajo su propia responsabilidad, pero que esto distaba de ser una recomendación de aceptación.
Además, informó al ministerio que, tras intentar validar electrónicamente la apostilla de EuroCommerce en el sitio web de la justicia española, no pudo hacerlo y mostró las comunicaciones que mantuvo con el contador Galó, advirtiéndole.
Castaingdebat sostuvo ante los legisladores que el estudio jurídico terminó "convalidando el apostillado", pero, por el contrario, Delpiazzo afirmó que después de su advertencia sobre la imposibilidad de validar la apostilla enviada por Cardama, no tuvo más intercambios hasta que se enteró del pago por la prensa.
En esa instancia, Delpiazzo aclaró reiteradamente que su análisis era estrictamente jurídico y que el estudio no estaba en condiciones de analizar la solvencia o antecedentes de entidades financieras, por lo que esa tarea era del ministerio; pero los exjerarcas del MDN también se desmarcaron de llevar a cabo ese tipo de análisis, por lo que queda claro que nadie lo hizo.
El abogado del prestigioso estudio jurídico señaló que el ministerio decidió seguir adelante con el pago "a pesar de nuestro asesoramiento -jurídico- concreto" y las observaciones sobre la "desprolijidad con que se mueve este señor" (Mario Cardama), advirtiendo que cualquier administración pública descalificaría una oferta presentada de esa forma, con documentos incompletos y plazos vencidos.
Aun así, Castaingdebat defendió la decisión política de “seguir adelante" y explicó que las observaciones de Delpiazzo se asumieron bajo un criterio de "sentido común" para no frustrar el contrato.
“Desde que nosotros liberamos el primer pago hasta la conferencia de prensa del presidente (Orsi) nadie detectó indicios de, diría, irregularidades. Después veremos si es fraude; eso lo determinará la Justicia”, dijo el exministro sobre la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos, que ya pidió toda la información de la comisión parlamentaria que el próximo lunes 3 de agosto recibirá a la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo.
En tanto, los legisladores convocaron oficialmente a Mario Cardama (quien ya declinó venir) y al “Bocha” Moreira, la eminencia gris detrás de todo el proceso de selección y contratación del varadero gallego -que vive en Canadá- y, según dijo el diputado blanco Gabriel Gianoli en la comisión, tampoco está dispuesto a venir.
A la izquierda, Gerardo "Bocha" Moreira.
Una "Bocha" de presiones y "cosas que no se pueden contar"
Al respecto, el extitular del MDN y dirigente nacionalista explicó que en estos negocios "las presiones son inmensas". "¡Sacá la cuenta de la comisión que cobra alguien por traer esto - que no sé porque no la paga el Ministerio- , en un negocio de US$ 100 millones! ¿1 %? ¿2 %? ¿3 %? ¿Cuánto querés? O sea, hay mucha plata en juego para que haya muchos actores", manifestó.
"Lo que sí es cierto es que una gran mayoría que fueron efectivos de la Naval (como Moreira), hoy están asesorando o son representantes de diferentes empresas", advirtió.
"Por algo llevamos más de veinte años discutiendo esto y no habíamos podido avanzar. No es casualidad. Las presiones han sido brutales. No solo son políticas; también son económicas, sectoriales. ¡Son brutales! Indudablemente, hay cosas que uno vive que no puede contar", dijo el nacionalista, dejando en el aire aún más opacidad sobre el asunto.
