La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción de Paraguay resolvió este viernes 6 de noviembre imputar al ex presidente, Santiago Peña y quedó detenido en su domicilio (en la que asumió Pedro Alliana como presidente) por su presunta vinculación con el desfalco financiero de Ueno Bank.
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Viernes negro para Santiago Peña. Fue destituido por el Congreso, imputado por la Fiscalía y detenido por el escándalo de Ueno Bank.
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La Fiscalía emitió una nota en el marco de la Causa N° 92/2026 caratulada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”, ordenando la detención inmediata del expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, por el caso Ueno Bank.
La orden de detención contra Santiago Peña
Dicha orden fue dictada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster; y la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez, en el marco del caso Ueno Bank.
El equipo fiscal remitió la orden directamente a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento obligatorio y captura del titular del Poder Ejecutivo.
En el año 2023, Santiago Peña declaró ser accionista de Ueno Holding por valor de G. 6.144 millones que luego fueron vendidas en abril de 2025, un CDA de G. 2.400 millones en Ueno y un bono de Itti; su hermano, figura como socio de U Holding SARL, por medio de la cual el grupo controlaría Ueno.
Hechos denunciados en contra el ex presidente de Paraguay
La denuncia presentada por un grupo de legisladores este jueves 5 de noviembre, que amplía la ya presentada el 22 de octubre de 2025, contra el presidente de la República Santiago Peña Palacios, señala tres hechos nuevos que se vinculan con la denuncia original sobre los intereses del mandatario y su entorno con el grupo Ueno.
Al respecto, se tiene que las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), principalmente Carlos Carvallo, conocieron desde abril de 2026 los problemas de Ueno y, a pesar de ello, no activaron a tiempo las herramientas legales para evitar la crisis que estalló esta semana.
En cuanto a los depositantes públicos del IPS, de la Itaipú Binacional, de la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de Economía y otras entidades más, colocaron fondos del Estado en Ueno, por lo que los denunciantes solicitaron establecer, decisión por decisión, si el Estado es víctima o si actuaron en connivencia entre sí.
Refieren que con la intervención del BCP y la decisión de iniciar la resolución de Ueno Bank, “el riesgo se convirtió en perjuicio: los fondos públicos que superan la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos (G. 228,3 millones por depositante) dependen ahora del balance de exclusión”.