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Mundo

crisis en paraguay

Santiago Peña un corrupto que se creyó impune

El acta de solicitud de imputación contra el expresidente Santiago Peña emitida por la Fiscalía paraguaya, lo muestra como un corrupto significativo.

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El ministerio Público demostró que Peña fue accionista de Ueno Bank durante dos años de su mandato. En marzo de 2019 había adquirido 1.500 acciones preferidas clase K de Credicentro Saeca, luego se convirtió en ueno Holding Saeca, por valor de unos 240.000 dólares.

Al momento de asumir como presidente, el 15 de agosto de 2023, presentó ante la Contraloría General de la República la declaración jurada de bienes y rentas, el 31 de agosto de 2023. En esta declaración mostró un incremento patrimonial del 1.603% respecto de su anterior declaración jurada del año 2017, al cesar como Ministro de Hacienda.

La fiscalía sostuvo que el ex mandatario era titular de cerca del 1,58 % del capital social de Ueno Holding Saeca, equivalente a 6.144 acciones, declaradas por un valor total de casi un millón de dólares que eran parte de su patrimonio durante el ejercicio de la Presidencia de la República.

“Durante los dos primeros años de su mandato presidencial Santiago Peña Palacios mantuvo simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en Ueno Holding Saeca, sociedad vinculada a Ueno Bank SA dentro del mismo grupo empresarial”, asegura el dictamen de fiscalía .

Las cuotas del préstamo para su mansión equivalían a seis veces su salario como presidente

El diario Ultima Hora informó que el 13 de mayo de 2024, Ueno Bank SA le otorgó a Peña dos préstamos simultáneos por un total de casi 600.000 dólares, destinados a financiar la construcción de su nueva vivienda en San Bernardino.

Lo curioso es que las cuotas mensuales que debía pagar equivalían a seis veces su salario presidencial.

No estaba a nombre de Peña

Una denuncia presentada por diputados de la oposición durante el juicio político al que fue sometido el presidente, estableció que la mansión de San Bernardino, se construyó en una propiedad que no estaba a nombre de Peña.

Los legisladores Johanna Ortega, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Rubén Velázquez, Rafael Filizzola, Ignacio Iramaín y Éver Villalba ya habían presentado una denuncia penal el 22 de octubre de 2025 contra Peña que no fue investigada por la Justicia

Una empleada doméstica encontró 200.000 dólares en la residencia presidencial

El dictamen fiscal dice que Peña “tuvo bajo resguardo en un sector privado de su residencia oficial, dos paquetes que contenían dinero en efectivo por una suma aproximada de USD 100.000 cada uno, totalizando cerca de USD 200.000 no bancarizados”.

Agrega que “ese dinero fue encontrado por personal del servicio doméstico en fechas 14 de octubre de 2024 y finales de febrero de 2025 y fueron mantenidos bajo custodia en la intimidad del predio hasta que, el 17 de junio de 2025, el propio mandatario procedió a recibirlos directamente de manos de la coordinadora del Personal Doméstico, Luz Maribel Candado Romero”.

Poco después esta mujer fue acosada por la seguridad presidencial quien incluso la sometió a un detector de mentiras.

Presidente de Ueno Bank era visitante frecuente de la residencia presidencial

La investigación de los fiscales paraguayos reveló que el entonces presidente Santiago Peña recibió al ahora imputado Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank en momentos claves de la expansión corporativa de la entidad.

Víspera de la crisis

“El 17 de diciembre de 2023, el 8 de abril de 2024, el 6 de marzo de 2025 y el 3 de abril de 2025, en momentos definitorios de la expansión corporativa, la obtención de licencias bancarias, la absorción de entidades en crisis y la posterior reorganización de ueno bank SA y el Grupo Vázquez SAE, Santiago Peña Palacios convocó y recibió de forma reservada en la residencia presidencial a Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente del citado conglomerado económico”.

Aseguran que el mandatario “habría mantenido estas reuniones bilaterales aprovechando las instalaciones del Estado y su investidura pública para articular de manera directa la relación con el titular del grupo económico que conservaba intereses patrimoniales directos y familiares”.