Entre marzo y septiembre de 2025, investigadores entrevistaron a 40 venezolanos que estuvieron detenidos en el CECOT y a 150 de sus familiares, abogados y conocidos, y corroboraron las denuncias mediante análisis forenses independientes.
Según el texto, el Gobierno de EEUU pagó al menos 4,7 millones de dólares a El Salvador por recibir a estos deportados, a quienes acusaba de pertenecer a la estructura criminal Tren de Aragua, aunque la mitad de ellos ni siquiera tenía antecedentes penales.
A su vez, al menos 62 de los venezolanos deportados habían pasado ya la evaluación inicial de "temor creíble", que les daba el derecho a una audiencia completa sobre sus solicitudes de asilo ante un juez migratorio.
"El gobierno de (el presidente de EEUU, Donald) Trump es cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones, y debería dejar de enviar personas a El Salvador o a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas", declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, citada en el reporte.
Tanto HRW como Cristosal (colectivo defensor de los derechos humanos con presencia en Centroamérica) solicitaron información a los gobiernos de EEUU y El Salvador sobre estas detenciones, pero no recibieron respuesta.
Los migrantes estuvieron recluidos en régimen de incomunicación en el Cecot durante unos cuatro meses, hasta que fueron devueltos a Venezuela el pasado 18 de julio, como parte de un intercambio de prisioneros, a cambio de 10 reos estadounidenses.
Los entrevistados reportaron haber sufrido abusos físicos y psicológicos graves de forma casi diaria durante toda su detención, un maltrato que comenzó desde que llegaron a El Salvador y el director del Cecot los recibió con la frase "han llegado al infierno".
Relataron que guardias y la policía antimotines los golpearon con porras, puñetazos y patadas en los pasillos y en una celda de aislamiento conocida como "La isla".
Las principales palizas tuvieron lugar tras la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, luego de una inspección del Comité Internacional de la Cruz Roja, y de varias protestas de los detenidos.
"Human Rights Watch y Cristosal concluyeron que los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en el Cecot no fueron incidentes aislados perpetrados por guardias o policías antidisturbios corruptos, sino violaciones sistemáticas", refiere el documento.
A su vez, las condiciones en Cecot fueron calificadas de inhumanas y violatorias de las llamadas "Reglas Mandela" (reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos), al negar una alimentación adecuada, higiene básica y atención médica.
El informe insta a Washington a poner fin a toda transferencia de nacionales de terceros países a El Salvador, y al Gobierno salvadoreño, presidido por Nayib Bukele, a realizar investigaciones creíbles sobre los abusos en el Cecot, para hacer responsables a los implicados.
