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Argentina en el centro de la trama

No fue Betingo, fue el Corcho Rodríguez

Según el diario La Nación, del domingo 4 de marzo, Julio De Vido se la había jugado por arriba, de moño, a Cristina, que hacía confianza en su ministro; el periodista Hugo Alconada Mon acusó a Andrés Betingo Sanguinetti de coimear por el contrato para soterrar el tren Sarmiento a favor de la empresa Odebrecht.

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Por Víctor Carrato

La jueza Canòlic Mingorance, que envió a prisión al operador financiero tras concluir que existen pruebas suficientes para considerarlo protagonista de la multimillonaria operatoria de coimas y lavado de Odebrecht que pasó por el Banco Privado de Andorra (BPA), efectivamente le preguntó sobre esa operación. Betingo dijo no tener nada que ver con ella. Según el periodista argentino, la Policía andorrana relevó que el consorcio que Odebrecht integró junto a la constructora Iecsa -por entonces de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, Ghella y Comsa desembolsaron al menos US$ 395.000, en negro, a una subcontratista para canalizar sobornos. El dato surge de las actas secretas del departamento de compliance de BPA -es decir, el área a cargo de evaluar las buenas prácticas y detectar maniobras ilícitas dentro del banco-, en las que consta un llamativo pedido que remitió Sanguinetti desde Montevideo. Compliance (o cumplimiento) puede ser definido como la función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, riesgos de pérdidas financieras y riesgos por pérdidas de reputación que se producen por inobservancia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas. El representante de BPA en Uruguay entre 2006 y 2015, Sanguinetti, pidió la venia del banco para pagar con dinero negro a una firma vinculada al proyecto para soterrar el tren Sarmiento, según el periodista argentino. “Se solicita autorización para ejecutar una operación triangular, en la que participan Lion’s Soul y Carday, para pagar a una subcontratista en B”, planteó el 22 de julio de 2011. Quién o qué empresa aparece como subcontratista -y receptor de esos euros- permanece en las sombras, mientras que los nombres correctos de ambas sociedades, según reconstruyó La Nación, son Lion’s Soul Corporation, con sede en Ámsterdam, y Carday Capital, constituida en Panamá. Tras esas sociedades, aparecen los socios de una casa de cambio uruguaya, Cambio Europa, Gustavo Pintos Giordano y Carlos Tarigo Bonizzoni, junto al empresario Ricardo Fontana Allende. Los tres acumulan antecedentes en Brasil, donde los investigaron antes por fuga de divisas y lavado, mientras que ambas sociedades conforman la punta de una compleja cadena offshore de ramificaciones delictivas. Constituida por Mossack Fonseca, el estudio jurídico panameño que protagonizó los Panama papers, Carday Capital es controlada por Dulcan Inc. y Winsley Inc., otras dos sociedades panameñas que aparecen en varias investigaciones. Entre otras, por una estafa a mil inversores canadienses, por un caso de corrupción del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y por el “caso Gürtel” de financiamiento ilegal del Partido Popular español. El contrato Al borde la Nochebuena de 2008, el 23 de diciembre de ese año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el contrato de ejecución del soterramiento de la traza total del corredor ferroviario de la línea Sarmiento. El contrato fue firmado por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en representación del gobierno nacional, y por el adjudicatario consorcio Nuevo Sarmiento, integrado por las empresas Iecsa, de Ángel Calcaterra, primo de Mauricio Macri y socio de Lázaro Báez, Odebrecht, implicada de lleno en los escándalos de corrupción de la operación Lava Jato, la firma española Comsa y la italiana Ghella SPA. De Vido manejaba los hilos, Cristina firmó haciendo confianza. Fue recién ocho años después que, en junio de 2016, el gobierno de Mauricio Macri anunció nuevamente el plan de obras públicas; el soterramiento se haría con participación de la firma brasileña Odebrecht y la local Iecsa tenía prevista una inversión de US$ 45.000 millones, con US$ 300 millones ese año, US$ 8.940 millones cada año en 2017 y 2018 y US$ 28.820 en años siguientes. La famiglia è la famiglia Calcaterra le compró las acciones de Iecsa a su tío Franco Macri en el año 2007, y durante los gobiernos kirchneristas de la última década la empresa se convirtió en una de las mayores proveedoras de obra pública del país, ubicándose por detrás de Techint y Electroingeniería y facturando entre 300 y 400 millones de dólares por año. En 2016, Calcaterra anunció que tendría previsto vender su empresa a causa de los cuestionamientos que señalaban la incompatibilidad de obtener licitaciones por parte del Ejecutivo, dado sus vínculos familiares con el presidente. De esa forma, podría evitar futuras investigaciones que lo implicasen. Sin embargo, las cosas son más complejas de lo que aparentan. La venta anunciada no sería más que otra maniobra para ocultar los negocios de una familia que hizo su fortuna en base a los negocios millonarios con el Estado. Según una nota publicada en mayo en el portal Nuestras voces, el 3 de marzo Calcaterra fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores para comprar las acciones que Lorenzo Ghella poseía en el Grupo ODS, ni más ni menos que el grupo que controla a la empresa Iecsa. Es decir, el primo “vendería” la empresa, pero manejaría el holding al cual esta pertenece. Una verdadera burla. Báez y Calcaterra se presentaron de manera conjunta en por lo menos tres licitaciones en los últimos años, ganando la construcción de un hospital en Formosa y el mantenimiento de la red vial en Entre Ríos, donde la empresa Austral de Báez actuó como subcontratista de Iecsa. El caso de las obras del Sarmiento no es el único en el que el primo del presidente está involucrado. Son varios los negocios en los que Calcaterra y Lázaro Báez aparecen juntos; en el caso del gasoducto en la provincia de Córdoba, entre otros. En este último, nuevamente tiene participación la cuestionada Odebrecht. Auditoría por el contrato del soterramiento del Sarmiento En junio de 2017, el gobierno de Macri creó un equipo de trabajo que se encargaría de evaluar el contrato de obra del soterramiento de la línea de ferrocarril ex-Sarmiento, para detectar posibles irregularidades en medio de la investigación judicial por el supuesto pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht por valor de 35 millones de dólares. Luego de que la constructora Odebrecht confesara que pagó en Argentina coimas, el gobierno argentino expresó sus intenciones de revisar todos los contratos que el Estado tenía con la empresa. Por el momento, el único que fue detenido es el de las obras de ampliación de los gasoductos del norte y del sur. Sin embargo, la constructora empezó a exigirle al Estado un resarcimiento por los contratos rescindidos. Por esta razón es que se creó un equipo que confirme que hay razones para el cese de actividades en las obras. En junio de 2017, la procuradora general de Brasil le informó a su par de Argentina, Alejandra Gils Carbó, que ya tenía en su poder  la documentación que aportó el “arrepentido” del caso Lava Jato, Leonardo Meirelles. El 28 de junio, se confirmó que Odebrecht se sacó de encima el contrato más sospechoso que tenía en Argentina: una licitación que le adjudicó el gobierno de Cristina Fernández para que soterrara vías del ferrocarril Sarmiento en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Además, en Brasil, un financista investigado que delató para beneficiarse con penas menores declaró haber transferido pagos al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. En realidad, el contrato del tren Sarmiento está a nombre de un consorcio que Odebrecht integra con la constructora Ghella. Precisamente, a esa firma le pasó su parte. Esa empresa italiana controlará el 70 por ciento del consorcio. El resto está en manos de Sacde (ex-Iecsa, que perteneció a los Macri, luego al primo del residente, Angelo Calcaterra, y desde hace un tiempo al empresario Marcelo Mindlin) y la española Comsa. Cambio de versión El periodista de La Nación Hugo Alconada Mon publicó el 3 de agosto de 2017 que los delatores de Odebrecht dijeron que pagaron al menos US$ 3,3 millones al entorno de De Vido, pero la cifra podría trepar a los US$ 20 millones; involucraron a un ejecutivo de Iecsa y a Corcho Rodríguez. Según surge de  documentos secretos con delaciones de la investigación Lava Jato, a los que accedió La Nación, la empresa detalló que coimeó por etapas y que el ejecutivo más relevante de Iecsa y el lobbista Jorge Corcho Rodríguez actuaron como intermediarios, . La primera etapa de los “pagos indebidos” se desarrolló mientras Odebrecht no lideraba el consorcio. Desde Brasil, exejecutivos de la constructora le adjudicaron a Iecsa, la empresa que pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, la negociación de esos sobornos con el equipo de De Vido. La segunda etapa fue distinta. Con Odebrecht al frente del consorcio, los arrepentidos le adjudicaron a Rodríguez la mediación con los funcionarios para aceitar los retornos. Es decir, el mismo rol que le atribuyeron en los proyectos para la extensión de las redes troncales de gas y la construcción de la planta de Paraná de las Palmas (AySA). Los datos que aportaron los delatores cifran las coimas del Sarmiento en US$ 3,3 millones. Pero el monto podría rondar los US$ 20 millones repartidos entre funcionarios argentinos y otros US$ 5 millones en Brasil. Esa operatoria comenzó a salir a la luz en Brasil, donde ejecutivos de Odebrecht se acogieron a la delación premiada, declararon ante los investigadores y aportaron evidencias con la esperanza de que el juez Sérgio Moro les redujera su estancia en prisión. Entre ellos, Marcelo Odebrecht, el ex número uno de la compañía, y Luiz Antonio Mameri, su ex número dos para América latina. El amigo de Calcaterra Mameri declaró que durante la primera etapa del proyecto, el lugarteniente de Calcaterra en Iecsa, Javier Sánchez Caballero, les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y según Mameri, les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar “pagos indebidos” a medida que comenzaran a cobrar las obras. Aceptadas esas “reglas de juego”, como las calificó, Mameri admitió que autorizó “pagos indebidos” por US$ 2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados. Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. “No lo conozco a ese señor”, replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. “Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso”, remarcó. Las otras empresas que integran el consorcio -Iecsa (30%), Ghella (30%) y Comsa (10%)- también negaron cualquier conocimiento o participación en las coimas y descargaron toda la responsabilidad en Odebrecht. Los brasileños, sostuvieron, se movían sin siquiera comunicarles sus planes o decisiones. “Eso generó discusiones durísimas, porque nos trataban más como empleados que como socios, para bien y para mal”, indicó un ex alto ejecutivo de una de las consorcistas. Mameri no fue el único delator que complicó en el Lava Jato al consorcio y, en particular, a Iecsa, la constructora que Calcaterra vendió en 2017 al empresario Marcelo Mindlin (un testaferro), ni tampoco el único delator que admitió el pago de sobornos por ese proyecto. La Policía Federal brasileña recuperó mails de junio de 2010 en los que dos funcionarios de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -el área de la compañía creada para el pago de sobornos y aportes ilegales de campaña-, Mauricio Couri Ribeiro y Fernando Migliaccio, aludieron a una reunión con Sánchez Caballero para discutir “DGI”, el eufemismo que utilizaban para referirse al pago de coimas, según confirmó Marcelo Odebrecht a la Justicia de su país. La Policía brasileña también detectó cinco mensajes adicionales relacionados con las obras del Sarmiento, en los que siempre aparecieron las siglas DGI. Así, en un mail que tituló “Reunión Sarmiento”, Couri Ribeiro anotó tres cifras por un total de US$ 20 millones. Lavado de cara A partir de 2013, sin embargo, comenzó otra etapa en el proyecto del soterramiento. Odebrecht expandió de 30% al 50% su participación en el consorcio, y asumió el liderazgo exclusivo en la dirección y ejecución de las obras tras obtener el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) brasileño. Y para eso también coimeó a funcionarios de su país. Según confesó otro exejecutivo de Odebrecht, João Carlos Mariz Nogueira -también delator premiado-, Odebrecht le pagó US$ 5 millones al entonces ministro de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior brasileño Fernando Pimentel. Lo sobornaron, dijo, para que destrabara el crédito del Bndes para el Sarmiento. Pero como ocurrió en los proyectos para la extensión de las redes troncales de gas y por la planta de Paraná de las Palmas, la muerte del expresidente Néstor Kirchner a fines de 2010 trastocó los acuerdos con Planificación Federal, que comenzó a atrasarse en los pagos. Fue entonces que, también al igual que en los proyectos para la expansión de las redes troncales de gas y de AySA, los delatores de Odebrecht afirmaron que apareció Corcho Rodríguez. Y que se presentó ante el director de Infraestructura de la compañía en Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como “interlocutor” de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido. Corcho Rodríguez negó ese rol al diario La Nación. “Rodney es mi amigo. Pero juro por mi hija que nunca le pedí a ningún ejecutivo de Odebrecht dinero para coimear a funcionarios, como así también juro que ni De Vido, ni Baratta ni ningún otro funcionario me pidió jamás una coima”, afirmó. En Brasil, Mameri dio otra versión ante los investigadores: “Rodney Rodrigues, mi subordinado, fue abordado por un empresario local llamado Jorge Rodríguez, quien se decía interlocutor del señor Roberto Baratta”, relató el exvicepresidente para América latina de Odebrecht, que calificó al ladero de De Vido como “el responsable de definir las prioridades de pago de las obras realizadas por el gobierno”. Según Mameri, Corcho Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar “una contrapartida” por cada factura pendiente de cobro. Era, los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Así que Mameri autorizó las coimas, otra vez, y el consorcio cobró los millones. Esa segunda etapa de “pagos indebidos” también fue a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles. Ascendieron a US$ 180.000 entre enero de 2011 y enero de 2014, durante la gestión de Rodney Rodrigues de Carvalho, más otros US$ 290.000 durante los siguientes diez meses, cuando a Rodrigues lo reemplazó Ricardo Vieira, quien hasta ahora sigue en Buenos Aires como el número uno de la compañía. Corcho Rodríguez y Javier Sánchez, caballeros comprometidos El 3 de agosto de 2017, Clarín publicó que los dos intermediarios más comprometidos, siempre de acuerdo con las revelaciones de los directivos de Odebrecht que “cantaron” para reducir sus penas, fueron el lobbista (y exnovio de Susana Giménez) Jorge Corcho Rodríguez y Javier Sánchez Caballero, de la empresa Iecsa, que participó como socio de la firma brasileña en la obra. Ambos negaron previsiblemente las acusaciones. En Buenos Aires, Corcho Rodríguez recibió a través de una empresa offshore en Uruguay fondos para el pago de coimas provenientes de la empresa brasileña Odebrecht para el ministro Julio De Vido. Sabrimol y la conexión argentina El 22 de agosto de 2017, La Nación informó que la sociedad uruguaya del lobbista Jorge Corcho Rodríguez, Sabrimol Trading, recibió más de US$ 10,8 millones entre 2012 y 2014 destinados a pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, que encabezaba Julio De Vido. El dinero llegó a dos cuentas que Corcho Rodríguez utilizaba en Uruguay, una en dólares y otra en euros, a nombre de esa sociedad, que controló con acciones al portador desde que la constituyó, en 2007, en Zonamerica. A través de esas dos cuentas bancarias, el lobbista que intermediaba entre la empresa Odebrecht y el equipo de De Vido recibió al menos 53 transferencias en 29 meses. La más baja fue por US$ 18.000, mientras que las más elevadas ascendieron a US$ 500.000, en dos ocasiones. Esas transferencias aportan un nuevo indicio comprometedor para Rodríguez y para De Vido y sus principales colaboradores, así como para Odebrecht y los empresarios locales con los que se asoció la constructora brasileña. Rodríguez siempre negó, sin embargo, cualquier ilicitud en su relación con Odebrecht. Cordial ante cada consulta de La Nación, Rodríguez explicó que Odebrecht le pagó honorarios durante años por su rol como lobbista y dejó de contestar las llamadas y mensajes de este diario cuando recibió la pregunta concreta: “¿Es el dueño de Sabrimol?”. Los US$ 10,8 millones girados a Sabrimol Trading se enviaron en dólares en 50 de las 53 transferencias, que llegaron a la cuenta 1223640 del Banco Itaú de Uruguay, que utilizó al Bank of America como intermediario. En las restantes transferencias el dinero llegó en euros y se depositó en la cuenta 8376842 de Sabrimol Trading, también en el Banco Itaú de Uruguay, pero con otra entidad intermediaria: el Deutsche Bank.

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