Odebrecht, constructora brasileña que montó un aparato multinacional de corrupción, pagó US$ 200 millones a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) a políticos, funcionarios, empresarios y testaferros de ocho países latinoamericanos, entre los que está Uruguay, y la nómina se completa con Argentina, Brasil (donde, como ya se sabe, el escándalo es mayúsculo y hasta el presidente en ejercicio Michel Temer esta implicado), Chile, Colombia, Panamá y Perú. La información la brindó El País, de España. Allí se especifica que la Policía de Andorra, por orden de la juez Canòlic Mingorance, llegó a la suma de los US$ 200 millones luego de examinar las cuentas de 145 clientes. También es válido aclarar que el principado de Andorra, ubicado entre España y Francia, levantó el secreto bancario del BPA en marzo de 2016, y en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales, que había comenzado en 2015. Según el periódico, la documentación a la que tuvo acceso marca que Odebrecht transfirió sumas millonarias a empresarios, funcionarios, abogados y testaferros de los países arriba nombrados, por concepto de servicios de obras que nunca se hicieron.
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