Omisión mortal

Acá es posible hacer una autopsia colectiva y asignar científicamente responsabilidades concretas: si un enfermo murió porque no consiguió que lo internaran, cuando había criterio para hacerlo, entonces hubo omisión de asistencia. Si una persona enfermó de covid porque debió concurrir a trabajar en un ómnibus lleno en el contexto de una pandemia desbocada, porque al gobierno se le ocurrió que era preferible fingir demencia y mantener actividades no esenciales contra la opinión de toda la comunidad científica y médica, entonces ese enfermo hay que imputárselo al presidente, cabeza política del Estado.

Mientras tanto, cabe insistir en lo que está pasando y alertar a la gente por lo que se avecina. Si abril fue una catástrofe, mayo fue más letal todavía y junio se anticipa como el mes de mayor mortalidad en la historia de Uruguay.

Así se vacunara a un millón de personas mañana, todavía faltarían 45 días para que esa parte de la población estuviera completamente inmunizada y alcanzáramos el control total de la pandemia por la vía de la vacunación con la vacuna inactivada predominante. Los datos del ensayo realizado en Serrana, estado de San Pablo, Brasil, son elocuentes: la vacuna Sinovac es enormemente efectiva para evitar las muertes y la progresión grave, sin embargo, el control final de la epidemia se alcanzó cuando el 75% de la población objetivo en esa localidad había sido vacunada con las dos dosis.

De algún modo eso también lo está mostrando Chile que, pese a vacunar todavía con más ritmo que Uruguay y desde antes, alcanzando ya más del 50% de la población con las dos dosis, no solo no ha logrado el control de los contagios, sino que registra los números más altos desde que empezó la pandemia.

La explicación de este comportamiento de la epidemia es puramente científico: las vacunas inactivadas como Sinovac no son muy efectivas en prevenir contagios de este virus, aunque lo sean en evitar la enfermedad grave y la muerte, por lo que se necesita una inmunización muy extendida en la población para contener la propagación viral solo mediante la vacunación.

Por la tanto, si no se toman medidas -y ya está claro que no se van a tomar-, los contagios, las internaciones y las muertes se van a seguir acumulando, sobre todo en la población más tardíamente vacunada que, por supuesto, se corresponde con la menos familiarizada con las tecnologías para agendarse y menos conectada con la información en tiempo real.

Hoy el tema más importante de Uruguay es controlar la epidemia y evitar más muertes. Mañana, cuando pase esta masacre que estamos presenciando, la tarea fundamental va a ser que no se olvide y que no quede impune.

La omisión flagrante por parte del gobierno debe ser justiciable, sus responsables identificados y al daño brutal se le debe ofrecer algún tipo de reparación. Conste que soy muy consciente de lo que estoy escribiendo, aunque suene duro, pero hay que sostener la coherencia: lo que está haciendo el presidente de la República es llevar adelante una política de sálvese quien pueda, una línea deliberada de inacción cuya consecuencia es la expansión de los contagios y, por consiguiente, una enorme cantidad de muertes innecesarias.

Traiciona la obligación primera como mandatario que es defender la vida de la gente y lo hace advertido por sus asesores científicos de lo que está haciendo, razonablemente informado de las consecuencias de sus actos.

Por ello, en algún momento, será juzgado. Lo veremos.