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Política coronavirus |

RUIDOS EN LA ECONOMÍA

Óscar Andrade: «los costos sociales de no homologarse el preacuerdo con los empresarios serían gravísimos»

EL sindicato de la construcción había logrado un preacuerdo con el sector empresarial sobre un seguro de paro especial, que era, a un tiempo garantista y poco o nada oneroso para el Estado; sin embargo, el Poder Ejecutivo y el MEF se negaron a homologarlo, dejando en un cono de incertidumbre a una franja de obreros que no pueden acogerse al seguro de paro común.

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Entre tanta incertidumbre planteada por la pandemia de COVID-19 y su correlato económico y social, el convenio entre las cámaras empresariales y el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA) aportó tranquilidad acerca del futuro inmediato de uno de los sectores claves de la economía.

De acuerdo al mismo, se implementaba una licencia extraordinaria para los trabajadores de esa rama de actividad, para los diez días hábiles comprendidos entre el 23 de marzo y el 5 de abril.

Como añadidura, se había llegado a un preacuerdo de que entre el 6 de abril y el 11 del mismo mes, se establecería un segundo período de licencia ordinaria.

Sin embargo, en el día de ayer (19 de marzo), el acuerdo no fue homologado por el gobierno, lo que motivó, en horas de la noche, un comunicado del SUNCA al respecto. Por ello requerimos la palabra de Óscar Andrade, senador del FA, emergido de la dirección del histórico sindicato.

Para Andrade, el hecho de que el convenio no se haya firmado el convenio el día jueves 19 de marzo, no cierra las puertas a que no se homologue en el día de hoy (20 de marzo). Según el hoy senador: «Este convenio no se firmó porque aparecieron ruidos extraños en el Ministerio de Economía, sacando mal las cuentas, lo que complica mucho el futuro inmediato de los trabajadores del gremio. El costo del seguro de paro acordado con los empresarios es menor para el Estado que el de un seguro corriente. Eso en la medida que el 40% de su costo es solventado por los empresarios y el resto por los trabajadores, que resignamos dos jornales, uno de ellos en términos de licencia. El costo económico para el gobierno sería de cero, e incluso sería menos lo que pagaría el Estado que con un seguro de paro común. Pero los costos sociales pueden ser gravísimos. Por ejemplo ¿qué pasa si una obra entra en cuarentena y allí hay trabajadores que no pueden acogerse al seguro de paro?, como es el caso de un porcentaje de los obreros de la construcción. Esos trabajadores quedarían acogidos por el seguro de acuerdo a los términos del preacuerdo que hicimos con los empresarios y no quiso homologar el gobierno. Pero es preferible no hablar más de ese extremo y tratar de que hoy se firme. Todavía hay una puerta abierta para que eso suceda».

 

 

 

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