Desde hace tiempo atrás, la población venía advirtiendo que el vertido del lodo residual sobre el río Santa Lucía estaba alterando el cauce del curso de agua y el monte nativo de la zona.
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Por tal motivo, según informó Búsqueda, las autoridades de Aguas Corrientes, localidad en que se encuentra la principal planta de potabilizadora del país, realizaron la denuncia.
Ante esta situación, el INDDHH le ordenó a OSE encontrar soluciones para el problema en un plazo de 30 días, y manifestó la necesidad de reunirse con la Dirección Nacional de Medio Ambiente y los habitantes de esta localidad canaria en el plazo de 10 días a efectos de brindarles la información disponible. Asimismo, pidió al Ministerio de Vivienda, ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que fortalezca su rol de monitoreo y coordinación.
A entender del INDDHH, hay «mérito suficiente para considerar que la descarga directa de los lodos residuales del proceso de potabilización del agua produce impactos adversos sobre los derechos humanos, dada la inadecuada gestión de residuos por parte de OSE».
Por su parte, OSE respondió que hace un seguimiento «permanente y riguroso» pero que el proyecto de tratamiento de lodos es muy caro y por eso ha venido siendo pospuesto por los últimos gobiernos.
El plan de acción para el tratamiento de residuos había sido aplazado hasta 2020, dijeron las autoridades de OSE a INDDHH. Los motivos fueron de tipo presupuestal y en la decisión participaron Dinama y el ministerio.
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