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Editorial LUC |

HAY QUE FIRMAR AHORA

Para que el pueblo decida

Por Alberto Grille.

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Caras y Caretas Diario

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Se ha anunciado que la Comisión Nacional Pro Referéndum ha obtenido 572.000 firmas para habilitar la consulta popular que pondría a votación si la Ley de Urgente Consideración es anulada o sigue vigente.

La cantidad de firmas anunciada es muchísima, máxime que se han obtenido en circunstancias especialmente difíciles, sin posibilidad de movilizaciones, con muchas restricciones al movimiento de la gente, con el blindaje de los medios de comunicación hegemónicos y sobre todo con la decisión de los adversarios del referéndum y de los promotores de la Ley de Urgencia que han evitado cualquier debate que pudiera esclarecer sobre el significado de esta ley y sus contenidos.

La realidad es que se trata de una ley ómnibus, cuyos artículos son para el común de la gente muy confusos, fue aprobada a velocidad supersónica y a la que la coalición de gobierno pretende escamotear un debate intenso, amplio y masivo que permita que la ciudadanía conozca sus alcances .

Decimos que 572.000 firmas son muchas y los organizadores estiman que recogidas todas las que hay en la calle, en las papeletas que están aún en las mesas, en los militantes, en los sindicatos y en los comités, es probable que haya otras 30.000 firmas más.

Esto quiere decir que habría ya -como dijera Marcelo Abdala- alrededor de 600.000 firmas obtenidas y faltaría aún obtener algo más de 100.000 firmas para completar un número que permita un margen de seguridad frente a la posibilidad de que se anule un porcentaje de las mismas.

Hay mucha gente que ha firmado, mucha que conoce los detalles de esta ley y quiere firmar, pero no ha tenido oportunidad de hacerlo, mucha que aún no conoce de qué se trata y también mucha que no quiere saber de nada con el referéndum.

No va a ser sencillo llegar a las firmas necesarias, pero no parece imposible. Ahora de lo que se trata es de movilizar a la militancia, organizarla para llegar a la casa de todos los uruguayos y persuadir a los indecisos a firmar. Hay que llegar hasta la última firma.

Lo que se está firmando no significa que se compartan o no los contenidos de la ley, sino que se habilite la consulta popular, es decir, una oportunidad que permitirá informarse, debatir y votar.

De lo que se trata es de posibilitar una instancia de democracia prevista en la Constitución, en donde la soberanía radique en la ciudadanía y no en sus representantes los legisladores.

La ley abarca innumerables temas, los de la educación, la seguridad, la economía, las empresas públicas, la Justicia, la inteligencia estratégica, los sindicatos, la confidencialidad de los asuntos públicos, los cuidados, la seguridad social y la defensa nacional, entre muchos otros.

De su vigencia dependerán el ejercicio de la libertad, las jubilaciones, el salario, los derechos, la transparencia, el bienestar de cada uno de los uruguayos, de nosotros, de nuestros padres y madres, de nuestros abuelos y de nuestros hijos y nietos.

Lo que queremos los que firmamos por la anulación de la ley no es más que crear una consulta en la que el pueblo decida.

Firmar no supone estar en contra o a favor, sino sumar voluntades para que en una elección el pueblo determine democráticamente si esta ley es buena o mala, si debe o no seguir vigente.

Los que estamos en contra de la ley comprendemos que haya gente que la apruebe y que la considere beneficiosa y necesaria, pero debería reconocerse que existiendo mucha gente que desconoce su alcance y su contenido y al menos una cuarta parte de la ciudadanía que está radicalmente en contra, se justifica un debate nacional y una votación que la avale o la derogue.

Eso es lo que se resolverá en poco menos de 30 días y lo decidirá la cantidad de firmas que se obtenga.
Si se consiguen, no será una apoteosis y si no se consiguen, no se acabará el mundo.

Lo que se disputa no es el principio ni el final de nada.

Es solo una oportunidad de mejorar la calidad de nuestra democracia y hacer que una ley que ha sido muy cuestionada reciba o no el apoyo de los ciudadanos.

La aprobación de la ley por el mecanismo de las leyes de urgencia no fue una instancia de la que los uruguayos podamos enorgullecernos, tampoco lo fue que se bloqueara la posibilidad de usar la cadena de radio y televisión, ni que se le negara a la Comisión Pro Referendum la posibilidad de postergar los plazos ni tampoco lo fue la orden a los legisladores y dirigentes de la coalición de gobierno de no debatir para invisibilizar la campaña de recolección de firmas.

Por eso, llegar a las firmas necesarias será una gran victoria para los organizadores y será una derrota para los que la impusieron entre gallos y medianoches.

A no dudarlo, el 10 de julio será un día distinto si se obtienen las firmas porque se habrá logrado lo que parecía imposible.

Y si no se consiguen, igual se habrá librado una batalla singular que ha permitido llegar a cientos de miles de uruguayos con una palabra de disconformidad con el programa restaurador del gobierno y con sus propósitos de ajuste, que está haciendo que haya cada vez más pobres, que la vida se nos esté volviendo más difícil y que asistamos cada día al recorte de salarios, a menos derechos, a pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, a más desocupación y más necesidades insatisfechas.

 

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