Fujimori cumple una condena de 25 años, de la que ya cumplió 11, acusado, entre otros crímenes, por el asesinato de 25 personas en las masacres de La Cantuta (1992)Barrios Altos (1991) y Los manifestantes pidieron anular la resolución para que Fujimori vuelva a prisión y cumpla de manera íntegra su condena, dictada en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ejecutadas por el grupo militar encubierto autodenominado Comando de Liberación Nacional (Colina), además del secuestro de un periodista y un empresario en 1992. El incumplimiento por parte del presidente Pedro Kuczinski de su promesa electoral de no conceder el indulto a Fujimori, exasperó a la opinión pública, que se manifestó en Perú y en el exterior, bajo pancartas que expresaban: “indulto es un insulto” y “Kuczynski traidor”. Kuczynski, acusado por graves hechos de corrupción- liberó a Fujimori solo tres días después de evitar ser destituido por el Congreso gracias a la abstención de un pequeño sector del fujimorismo que lidera Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, quien puso como condición para el salvataje el indulto a la postre otorgado a su padre. La movilización más grande se dio en Lima, con más de 20.000 personas, encabezadas por los familiares de los asesinados y desaparecidos en Barrios Altos y La Cantuta, para quienes el indulto ha roto cualquier esperanza de justicia y reconciliación ante lo padecido. Entre los participantes que acompañaron la marcha, estaban congresistas como el portavoz del Frente Amplio, Marco Arana, promotor de la moción para destituir a Kuczynski. Además de Lima, también hubo importantes marchas en otras ciudades del interior como las norteñas Piura, Cajamarca, Chiclayo y Trujillo, la céntricas Chimbote, Huaraz, Huancayo y Huancavelica, las sureñas Cuzco, Ayacucho, Arequipa, Puno y Tacna, además de en la amazónica Iquitos. Peruanos residentes en el exterior se manifestaron frente a los respectivos consulados de Perú en sus ciudades, como ocurrió en Madrid, Barcelona, Berlín y Sídney (Australia). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó hoy el indulto “por tratarse de una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Perú” que “incumple con requisitos legales fundamentales”, al “desconocer la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos”.
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