Pfizer exige a los gobiernos utilizar activos soberanos como garantía

Funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano, que no se puede nombrar pues los funcionarios firmaron un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, dijeron que los negociadores de la compañía exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos, después de ser vacunados. En Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros.

Situación similar ocurrió en Perú. En las negociaciones, Pfizer solicitó incluir cláusulas que eximen de responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos de la vacuna, la demora en la entrega de los lotes, implementar todos las normas legales necesarias para cumplir con las obligaciones al proveedor frente a demandas futuras e indemnizaciones. Las cláusulas fueron consideradas extremas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, según confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones. Las mismas fuentes señalaron que las condiciones de este laboratorio eran diferentes a las de otros desarrolladores de vacuna.

Un funcionario que estuvo presente en las negociaciones del país anónimo, por su parte, describió las demandas de Pfizer como “intimidación de alto nivel”, y dijo que el gobierno sentía que estaba siendo “chantajeado” para acceder a vacunas.

Pfizer solicitó una indemnidad adicional de los procesos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de los efectos adversos raros que ocasione su vacuna, o de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia. Esto incluye aquellos relacionados con las prácticas de la empresa como, por ejemplo, si Pfizer envió la vacuna incorrecta o cometió errores durante la fabricación.

“Se garantiza cierta protección de responsabilidad, pero ciertamente no en caso de fraude, negligencia grave, mala gestión o incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación”, dijo Gostin. “Las empresas no tienen derecho a pedir indemnidad por estas cosas”.

El Dr. Mark Eccleston-Turner, profesor de derecho sanitario mundial en la Universidad de Keele, afirmó que Pfizer y otros fabricantes han recibido financiación gubernamental para investigar y desarrollar las vacunas, y ahora quieren que los posibles costos de los efectos adversos recaigan sobre los gobiernos, que incluye a países de ingresos bajos y medios.

BioNTech, socio de Pfizer, recibió US$445 millones del Gobierno alemán para desarrollar una vacuna, y el Gobierno estadounidense acordó en julio realizar un pedido anticipado por 100 millones de dosis por casi US$2.000 millones, antes de que la vacuna hubiera entrado siquiera en la fase tres de los ensayos. Pfizer espera vender vacunas por valor de US$15.000 millones en 2021.

En opinión de Eccleston-Turner, pareciera que Pfizer “está tratando de obtener el máximo beneficio y minimizar su riesgo en cada situación crítica con el desarrollo de esta vacuna, y luego con su lanzamiento”. Ahora bien, el desarrollo de la vacuna ya ha sido subvencionado generosamente; es así que el riesgo para el fabricante es mínimo”.