El hecho tuvo muchísima repercusión a nivel de la opinión pública, en el momento que se conocieron los hechos.
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Legrand recuerda en su nota que : «En abril de 2004, en el liceo 13 de la Curva de Maroñas, un adolescente, en aquel entonces de 13 años, llevó varias veces un arma de su hermano que era policía al centro de estudios. En más de una oportunidad, amenazó a varios de sus compañeros.
“Arriba las manos, Fiorella. Contra la pared, soy la Policía”, fue una de las amenazas del adolescente a una de sus compañeras. Días después, disparó el arma y una bala impactó en la columna de Fiorella, que quedó paralítica.»
Chiappa estuvo privado de libertad en 2004 por un delito de lesiones graves. Pasó 90 días recluido en el Centro Desafío del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj), hoy Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
La actual edila Buzeta, enterada de la noticia prefirió no realizar declaraciones a la prensa pero escribió en su página de FB:
«Ante la noticia de las últimas horas quiero manifestar que lo grave del suceso no es la vinculación particular con el hecho sucedido hace tantos años atrás, sino la actuación de abuso policial repetida y la reproducción de violencia en nuestra sociedad.
Lo grave es el ejercicio sistemático de violencia que recae, sobre todo, en la población empobrecida.
El foco, debe estar en preguntarnos por qué se da ese abuso policial sistemático y quienes son los responsables de darle la posibilidad de ejercer el uso de la fuerza a personas violentas.
Debemos exigir que el Ministerio del Interior se haga responsable y responda qué formación y control policial tiene y piensa desarrollar.
Cuál es su enfoque de seguridad que habilita el uso de la fuerza bajo el paraguas de «debemos recuperar la fuerza policial» generando más miedo y bronca en la sociedad. Incitando al odio y la violencia, aumentando las brechas.
El foco, debe estar en la LUC, que vino a habilitar un cambio en el ejercicio de la violencia de los policías hacia la ciudadanía. Las firmas que se están juntando son para visibilizar y transparentar las medidas represivas que se votaron de urgente consideración para que haya al menos una discusión amplia y participativa, que le permita a la ciudadanía opinar y definir en que modelo de sociedad quiere vivir.
El énfasis debe estar puesto en el sistema y en quienes toman las decisiones, no en las víctimas, para revictimizarnos, exponernos y hacer una novela de los hechos sucedidos. Eso, lo único que hace, es distraernos de lo importante: el ejercicio de la violencia y la naturalización de la misma.
¿Por qué los medios de comunicación exponen a las víctimas y nunca se expone al agresor? Sabemos más de la vida de las víctimas que de los agresores. En mi caso, si se hubiese puesto foco en la vida del agresor, quizá hoy, no estaríamos contando este suceso.
A su vez, debemos tener claro, que el problema no es la persona involucrada en este hecho particular, y que dentro del sistema policial la violencia existe.
Los responsables, con cargos políticos son quienes deben responder por los infinitos sucesos de abuso policial que se vienen desarrollando. Debemos saber qué políticas públicas de seguridad se van a implementar, cuáles son los marcos legales, y los protocolos que amparan el abuso de la fuerza.
El sindicato policial salió a desmarcarse del accionar concreto del hecho en Pocitos. Confío en que la mayoría de los y las policías trabajan responsablemente, con vocación y convicción, pero debemos condenar y sancionar a quienes ejercen violencia… Y eso no es solo responsabilidad de la sociedad, sino de todo el sistema policial.
Sobre los hechos del pasado y lo que este caso me hizo revivir, estas palabras es todo lo que tengo para decir. Hace años que salí del lugar de “víctima”. Hoy soy una mujer política, y desde ese lugar aporto a la sociedad que quiero. Una sociedad que tiene que aprender a gestionar su violencia.»
Según expresaron varias fuentes integrantes y ex integrantes del Ministerio del Interior, en los círculos policiales se generó la duda de como llegó a funcionario de la Guardia Republicana y a que tanda de egresados perteneció.
Hay que recordar que según lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, los antecedentes de los menores infractores quedan en el Registro Nacional de Antecedentes Judiciales de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, de la Suprema Corte de Justicia
Los antecedentes judiciales de adolescentes en conflicto con la ley se destruirán al cumplir los 18 años o al cese de la medida, excepto cuando haya sido penado por delitos para los que, por su gravedad, se dispone expresamente la conservación de los antecedentes (ej. homicidio intencional) a efectos de que, cumplida la mayoría de edad, si comete otro delito (en un plazo determinado) no pueda ser considerado primario.
Es probable comentan las fuentes, que cuando Chiappa solicitó ingreso a la Escuela Nacional de Policía o la Guardia Republicana, sus antecedentes ya no constarán.
En los últimos minutos , el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González a través de su cuenta de twitter expresó: «Es importante aclarar que ese funcionario policial, cumple funciones en la Guardia Republicana ingresando el 8/2/2017, previo a hacer los test y los cursos para ser policía. Muy raro que se sepa justo ahora cuando no se hizo nada en 6 años».
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