Barboni, un empresario rico gracias a sus vínculos políticos

Los residentes en Médanos de Solymar, más los miles que transitan por la zona, se han acostumbrado a ver las ruinas pintarrajeadas de lo que alguna vez se proyectó como un complejo habitacional modelo con 76 viviendas individuales. El “emprendedor” era Fernando Barboni, un viejo conocido en Rocha y Maldonado.

El gobierno de Luis Alberto Lacalle (padre) basó su política de vivienda social en la construcción de lo que llamaron “núcleos evolutivos”, que eran viviendas de 32 metros cuadrados con baño, cocina y un dormitorio que luego podría ampliarse hasta tres. Todo ubicado en terrenos de entre 120 y 170 metros cuadrados.

Así se construyeron al norte de Giannattasio, km. 28, poco más de 270 viviendas por parte de varias empresas constructoras que fueron entregadas a principios del 2000. Pero esas viviendas estaban separadas de la avenida por un extenso bañado inundable.

En el 2001 el directorio del BHU decidió firmar un contrato con el empresario Fernando Barboni, quien ya tenía varios contratos en curso, para que construyera 76 viviendas en el mismo predio pero sobre la avenida.

Lo primero que hizo este empresario fue construir un largo muro sobre el fondo, para separar el complejo SIAV del suyo. Y luego llevó centenares de camiones de arena para rellenar el bañado.

Durante el gobierno de Jorge Batlle, la entonces presidenta del Banco, Graciela Pérez Montero, descubrió la existencia de notorias irregularidades y denunció “las operativas de Barboni con los anteriores directores de la institución”.

A fines del 2003 una inspección del Hipotecario constató un fraude del empresario con un adelanto de unos 3 millones de dólares para acopio de materiales. De esa cifra faltaban 2 millones de dólares que “no se sabía dónde estaban”.

La empresa nunca respondió y en el 2005 el BHU rescindió unilateralmente el contrato. Barboni pleiteó, pero luego de un largo juicio, recién en el 2017 la Justicia dio razón a la institución pública. Todavía no se ha definido cómo resarcirá al Banco.

A pesar de que solo algunas de las viviendas estaban levantadas sin terminaciones y ningún servicio, varias fueron ocupadas ilegalmente. Incluso en el fondo del terreno se había armado un asentamiento. También fueron refugio de delincuentes de poca monta.

Por lo menos desde el año 2018 se contrató seguridad privada para evitar las ocupaciones. El presidente de la ANV, Klaus Mill, dijo a El País que “hoy representa un gasto de 290.000 pesos”. Y a ello hay que agregar la Contribución Inmobiliaria de unos 375.000 pesos al año.

El jerarca de la ANV anunció que “después de un llamado a licitación en el 2021, la semana que viene se firmará un memorándum que habilitará a iniciar todos los trámites a un consorcio formado por las constructoras José Cujó y Panel Sur, que deberán encargarse del proyecto de los arquitectos Carlos Ott y Carlos Ponce de León.

Allí se invertirán unos 100 millones de dólares en la construcción de 1.194 viviendas en altura. Todavía están en discusión algunas características, como si todos los edificios serán de ocho pisos o algunos tendrán cinco.

El plazo de finalización y entrega será de seis años.

Pero esto comenzó con una estafa contra el BHU.

Del sótano de ONDA-Rocha a próspero empresario

Fernardo Barboni puede ser un buen ejemplo del "self made man" y también de lo que suele denominarse "empresario exitoso". Aunque su vida pública está signada por el escándalo en razón de sus vínculos con dirigentes políticos, lo que relativiza su éxito.

La historia se remonta al departamento de Rocha, a mediados de los 80, cuando era un modesto empleado que acomodaba encomiendas en el subsuelo de la sucursal Onda. Dos trabajadores de la pesquera Astra, ubicada en el puerto de La Paloma, relataron que "el hombre robaba boletos y se los vendía mucho más baratos". Por esa razón, cuando necesitaron una persona hábil que los representara en un proyecto cooperativo propuesto por la pesquera, todos coincidieron en que Barboni era el hombre adecuado.

Dos importantes dirigentes blancos de Rocha reconocieron hace unos años que “Barboni era hijo biológico de Domingo Burgueño”.

Solo así se explicaría cómo su desembarco en Maldonado estuvo signado por el crecimiento económico. Aunque también por el escándalo.

A fines de 1989, principios de los 90, el predio ubicado en Burnett y Francisco Acuña de Figueroa, exactamente calle por medio del edificio de la Intendencia, fue ocupado por diez camiones Volvo cero kilómetro. Los había con chasis largo, corto, con caja, sin caja y doble eje. Todos estaban matriculados en el departamento de Maldonado.

El predio pertenecía a Amiga S.A. Esta sociedad estaba integrada por Domingo Burgueño (entonces intendente de Maldonado), Evaristo Chopitea (exfuncionario de Ancap, administrador del magnate brasileño Alexander Grendene y luego también accionista de Baluma S.A., propietaria del hotel Conrad) y Juan Francisco Paracampo (empresario esteño propietario de El Quijote emblemática tienda de Gorlero que vendía artículos “importados”).

Pero poco después, y sin explicaciones, los camiones desaparecieron luego de que Aduanas descubriera el traslado en uno de ellos de un enorme contrabando de materiales de construcción brasileños.

Años después Barboni construyó en ese predio un edificio con financiación del BHU.

En 1991 pretendió quedarse con las líneas de la ex-Onda, fundando la empresa Puntabus, que nunca tuvo un ómnibus pero tenía el mejor local en la terminal municipal de Maldonado.

El semanario Brecha publicó en enero de 1992 un informe con la foto del intendente Domingo Burgueño en portada, donde Julio César Sánchez Padilla –entonces presidente de Anetra– se preguntaba “¿quién era el padrino de Puntabus?”.

Burgueño dijo en febrero que "Barboni era un amigo y en tal sentido lo había ayudado".

En 1994, en la casa del periodista René Jolivet y ante varios testigos, Barboni reconoció a este cronista que “Burgueño era su garantía en un préstamo de 100.000 dólares” que había tomado en el Banco Comercial sucursal Maldonado, donde en 1992 Burgueño tenía una caja de ahorro con un saldo de 500.000 dólares.

En agosto del mismo año se reveló que –según el compromiso de compraventa– Molsun S.A., también presidida por Barboni, era la propietaria de la casa donde vivía el entonces senador blanco José Hualde, hijo de Alba Silva de Burgueño. La residencia estaba ubicada en la parada 37 de la Mansa, barrio Pinares.

Poco después Barboni fue contratado como administrador de la construcción de la torre Nueva York, sobre la Brava, pero el desarrollista Sergio Grosskopf lo despidió al constatar problemas en el acopio y manejo de materiales. Luego intentó la construcción del Punta Shopping, pero al cambiar el grupo inversor quedó afuera.

Con el cambio de ordenanzas aprobado por la Junta Departamental en 1990, Barboni fue el primer beneficiado y construyó el edificio Beverly Tower en la parada 3 de la Mansa.

En ese edificio Burgueño era propietario de un apartamento en el segundo piso que luego entregó al empresario italiano Tonino Sorgi, como parte de pago en la adquisición del predio donde antes se ubicaba el Hospital Marítimo y donde Barboni montó una planta de hormigón prefabricado.

La complicidad de autoridades del BHU

El 8 de diciembre de 1995 La República reveló otro escándalo que tenía a Barboni como protagonista. El intendente de Treinta y Tres, Walter Campanella, denunció un presunto fraude que involucraba a la empresa Amiga S.A., al Banco Hipotecario y a la propia Comuna en la construcción de 104 viviendas del complejo DC 18.

El contrato de construcción se había firmado en diciembre de 1987 por el presidente del BHU, Julio Kneit; el entonces intendente de Treinta y Tres, Wilson Elso Goñi y el secretario general Ángel Alegre –después integrante de la Corporación para el Desarrollo y reconocido amigo de Domingo Burgueño–. Por un lado y por otro, José Fernando Barboni en representación de Amiga S.A., la empresa constructora.

Las viviendas estaban destinadas a empleados municipales y el Banco había otorgado un crédito inicial de 155.880 Unidades Reajustables, que luego amplió a un 50 por ciento más. En 1994 comenzó a denunciarse el riesgo de derrumbe, a pesar que aún no habían sido entregadas. Los informes indicaban numerosos defectos de construcción y luego Campanella sostuvo que “se estaban cayendo cascotes”. Agregó que “los usuarios pagan 35.000 dólares por casas que no valían más de 10.000”.

También la entonces diputada colorada Diana Saravia intervino para preguntar “¿dónde está el dinero que no se gastó en las obras?”, y aseguró que “hace años vengo preguntando eso y nunca obtuve una respuesta de la Intendencia”.

No fue la única. Los años han pasado sin respuestas y, como suele ocurrir en circunstancias similares, el tema pasó a la lista del olvido.

Barboni adquirió poder en la interna del BHU, al punto de que llegó a estar involucrado en el 35 % de las obras que la institución tenía en ejecución, según datos que surgieron de una comisión investigadora que estudió la “legalidad, oportunidad y conveniencia” de gastos realizados por algunos entes autónomos y servicios descentralizados durante el gobierno de Jorge Batlle.

La incidencia que el empresario tenía en el banco comenzó a mermar cuando Graciela Pérez Montero asumió su presidencia en 2003 y denunció las operativas de Barboni con los anteriores directores de la institución.

Por los vínculos que había establecido con Wilson Sanabria, exsenador colorado y mano derecha de Julio María Sanguinetti, logró la autorización para construir el primer y único edificio en altura en la planta urbana de San Carlos.

Pero nunca lo terminó, además de presentar importantes fallas constructivas, y finalmente lo abandonó sin entregar. Del caos debió hacerse cargo el intendente frenteamplista Óscar de los Santos, quien después de arduas negociaciones logró que el BHU lo terminara y entregara a las personas que ya habían comprado.

La estafa del Plan Fénix

El 30 de octubre de 1998, SADUF (Desarrollos Urbanísticos Fénix S.A.), una empresa propiedad 100 % del BHU, llamó a licitación para el “mejoramiento de la infraestructura del barrio Aguada” en lo que tanto el presidente Sanguinetti como el presidente del BHU, Salomón Noachas, denominaron pomposamente “Plan Fénix”.

El proyecto abarcaba una extensa zona muy deprimida que incluía la estación de AFE General Artigas, y llegaba hasta donde se encuentra la torre de Antel. En esa extensión, ocupada por viejos galpones de AFE, se preveía la construcción de seis lujosos edificios.

La licitación fue adjudicada el 15 de setiembre de 1999 a la empresa Glenby S.A., casualmente, propiedad de Barboni.

Pero la crisis del año 2002 convirtió en inviable el proyecto y Glenby nunca tomó posesión efectiva del predio de la Estación Central y la playa de maniobras de AFE, lo cual motivó un juicio de parte de SADUF. Simultáneamente, la no desocupación por parte de AFE de la antigua playa de maniobras derivó en junio de 2002 en una modificación de los contratos firmados entre Glenby y el BHU.

Barboni inició un juicio al Estado por mil millones de dólares.

En el 2005, y un día después de la asunción del nuevo directorio del BHU, los representantes de SADUF en forma absolutamente inconsulta desistieron ante la Justicia, en conjunto con Fernando Barboni, de la demanda para la recuperación de la Estación de AFE y su playa de maniobras.

Frente a esta situación el directorio del Banco resolvió cesar en forma inmediata a los directivos de SADUF.

Vale consignar que en este negocio absolutamente fracasado el BHU, a través de SADUF, invirtió 5.400.000 dólares en la construcción de la nueva estación de trenes, a lo que se debe sumar lo que se gastó en la reparación de los techos de la Estación Gral. Artigas, más los sueldos de los directores que pagó el BHU.

Según un informe del diputado Eduardo Brenta (FA), emanado de una comisión investigadora, los sueldos cobrados en total por los directores de SADUF (todos blancos y colorados) eran los siguientes: Esc. Dr. Jorge Sacchi: 172.027 dólares; Esc. Jorge Conde: 103.696 dólares; Ing. Salomón Noachas: 98.336 dólares; Cr. Enrique Pees: 85.281 dólares; Cr. César Cendoya: 70.066 dólares; Dr. Enrique Ruiz 59.735 dólares, Arq. Ana Crespi: 40.580 dólares y Dr. Fernando Caride 34.298 dólares.

Klaus Mill, hoy presidente de la ANV, es integrante de Cabildo Abierto. Igual que Enrique Pées, uno de los directores de SADUF, entonces funcionario jerárquico del BHU y que hoy se desempeña como director de UTE.

El Gobierno de Tabaré Vázquez contrató al abogado Juan Andrés Ramírez para la defensa del millonario juicio entablado por Barboni. En dos instancias el Estado ganó, pero aún subsiste un inconveniente para que el Estado retome el control absoluto de la Estación Artigas.

Un deudor rico

A fines de los 90 y en medio de todas estas maniobras, Barboni compró al empresario brasileño Gilberto Scarpa, el chalet Pinduca ubicado en el barrio Beverly Hills de Punta del Este, en una cifra cercana a 1.400.000 dólares. Ese chalet había sido el escenario de las famosas fiestas veraniegas que el brasileño organizó en varios años.

La residencia, de casi mil metros cuadrados de construcción, ocupa una manzana entera del mencionado barrio. Estaba lujosamente amueblada y cuenta con una piscina de dimensiones olímpicas.

Según informó el matutino local Correo de Punta del Este, "Barboni se hizo cargo de una deuda hipotecaria que tenía Scarpa, de algo más de un millón de dólares que el adquirente se comprometió a pagar en un año. No faltan quienes indiquen que, en realidad, la compra se hizo para una tercera persona".

Al mismo tiempo, Barboni le compró a Claudia Cordero Biedma, entonces esposa del periodista argentino Bernardo Neustadt, uno de los dos penthouses del edificio Beverly Tower, ubicado en parada 3 de la Mansa, en un millón de dólares.

Treinta años atrás era muchísimo dinero.

Pero a principios de los 2000, y después de varias negociaciones incumplidas, la DGI embargó ambas propiedades porque el empresario tenía una deuda de casi 11 millones de dólares.

Durante el primer gobierno de De los Santos en Maldonado se propuso la construcción de un puerto para cruceros. Varios importantes empresarios, entre ellos Barboni, se asociaron. Este ponía como parte de la sociedad el predio del ex Hospital Marítimo, cercano a Laguna del Diario, que aún era de su propiedad. Pero todo fracasó cuando se descubrió que Barboni estaba embargado y ese predio valía menos que su deuda.

Aún es una incógnita, o no tanto después de conocer sus relaciones, cómo Barboni jamás fue procesado por estafa.