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Política Cabildo Abierto | Guido Manini |

Puro amague

Cabildo Abierto atornillado a un gobierno corrupto

Pese a que las posiciones estaban divididas en el sentido de seguir o abandonar el contubernio gobernante, es evidente que en la decisión pesaron los 54 cargos de confianza y el centenar de empleos bien remunerados.

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Cabildo Abierto es un mero furgón de cola del herrerismo y, en particular, del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien se ha dado el lujo de ignorar y ningunear a los cabildantes, vetarles un proyecto de ley y hasta destituir a Irene Moreira, hoy exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial y esposa de su líder, el senador Guido Manini Ríos.

Tras la remoción de la secretaria de Estado por haber otorgado una vivienda a dedo -hay cuatro casos más- a una militante de su colectividad, CA sorprendió con un furibundo comunicado que fustiga ácidamente la impronta presidencialista del mandatario y rechaza el maltrato propinado por otros socios de la coalición. Aunque su discurso parece el de un opositor, seguirá integrando el gobierno.

Este es un nuevo mojón de un partido ultraderechista y progolpista, que es un mero socio del conglomerado, porque solamente le interesan los cargos de confianza y los espacios de poder que le permitan desarrollar sus políticas clientelares.

En tres años, ha tenido una casi nula incidencia en las grandes decisiones y su papel es meramente testimonial, por más que votó -a mano enyesada- todas las leyes propuestas por el oficialismo y se abstuvo de condenar los graves casos de corrupción perpetrados por este gobierno, incluyendo apoyar a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, cuando estos mintieron descaradamente en el Senado al afirmar que desconocían el prontuario del narco Sebastián Marset.

Pese a que las posiciones estaban divididas en el sentido de seguir o abandonar el contubernio gobernante, es evidente que en la decisión pesaron -en forma determinante- los 54 cargos de confianza, que, multiplicados por la cantidad de asesores y secretarios, suman entre 150 y 200 empleos bien remunerados.

Cabildo Abierto -que pasó del enojo a la degradación- es un adefesio residual que funge como mero preservativo del Partido Nacional, integrado por ineptos tránsfugas de las colectividades tradicionales y militares, algunos de ellos sospechados de participar en crímenes cometidos en dictadura.

¿Qué puede esperarse de una fuerza política liderada por un militar que integró durante siete años el ejército golpista y luego se amparó en sus fueros -cuando antes había afirmado lo contrario- para no comparecer ante la Justicia para explicar por qué omitió informar las confesiones formuladas por el hoy fallecido criminal José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor?

Al respecto, ¿qué “honor” tiene un jerarca castrense devenido político que, pese a haber aportado un 11% de los sufragios que le permitieron a la derecha ganar las elecciones, se deja pisotear, avasallar y humillar por un presidente de impronta personalista?

Manini no respeta ni a su propia esposa porque, aunque reivindicó su gestión al frente del ministerio y fustigó su destitución, decidió masticarse su bronca y mirar hacia el costado para mantener sus privilegios, que es lo único que realmente le interesa.

La expectativa es que, el año que viene, ni siquiera lo voten los militares activos, que están furiosos por su apoyo a la reforma jubilatoria y lo tildan de traidor, en una interna explosiva que los grandes medios de prensa ignoran deliberadamente.

La decisión de Moreira de otorgar una vivienda a dedo a una militante de su colectividad que, lejos de estar en una situación de vulnerabilidad ostenta un estándar de vida que muchos uruguayos envidiarían, porque posee una empresa radicada en Zonamerica y es propietaria de bienes inmuebles, es realmente un escándalo. Naturalmente, hay por lo menos otras cuatro adjudicaciones directas de inmuebles sin sorteo, una de los cuales beneficia también a un militante del partido.

Esta novel agrupación partidaria, que se autoproclama diferente a sus socios, aprendió muy rápido a cultivar el clientelismo político, el acomodo y la corrupción. Desde ese punto de vista y desde el ideológico, es igual que sus correligionarios derechistas.

No es la primera irregularidad conocida que perpetra el partido encabezado por el senador Guido Manini Ríos. Hace dos años, fue destituido el vocal de ASSE Enrique Montagno, luego de que se filtró que había habilitado el ingreso de 135 funcionarios pertenecientes a su colectividad, a dedo y sin concurso.

Manini Ríos convalidó, con su silencio o aquiescencia, los casos de abierta corrupción o gruesas irregularidades de apariencia delictiva que golpean, cada vez con mayor intensidad, al gobierno, por lo que su credibilidad está cada vez más devaluada.

Como si el affaire del delincuente y excustodio presidencial Alejandro Astesiano y el otorgamiento del pasaporte que le permitió fugarse al narco Sebastián Marset no fueran suficientes, en los últimos tres años se registraron varios episodios que ensombrecieron el patético horizonte del oficialismo.

Nadie olvida la concesión de la operativa portuaria a una transnacional belga por 50 años- causa que retornó a la órbita judicial- ni las irregularidades perpetradas por el exministro de Turismo Germán Cardozo o el otorgamiento de una exoneración a la empresa privada del director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.

Otro sonado caso, opacado por la pandemia, fue la compra en 2020 de dos aviones españoles Hércules -tasados en el país ibérico en 5 millones y medio de dólares- por 22 millones de dólares. Las aeronaves -que insumen un costoso mantenimiento- tienen casi 50 años de uso y están al final de su vida útil. Incluso, no están adaptadas para transportar pasajeros. Es decir, son mera chatarra y el sobrecosto que pagó el gobierno uruguayo genera sospechas.

Empero, estas no son las únicas manchas que opacan la imagen de este gobierno. En efecto, una de las decisiones con apariencia delictiva más gruesa es el otorgamiento por parte de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, de una exoneración por un millón de dólares a la empresa Lanafil SA, cuyo gerente general es Juan Alzugaray, esposo de la secretaria de Estado. También este episodio debió ser indagado judicialmente.

Otra denuncia que tiene sustento, pero no está en el terreno judicial como si nada hubiera sucedido, es la compra de un dron por parte de UTE a la empresa Vertical Skies -que espiaba a dos legisladores frenteamplistas por encargo de Astesiano- por 750.000 dólares. A nadie debería sorprender esta transacción si no fuera porque la marina de Grecia adquirió cinco drones iguales, por los cuales abonó un millón de euros.

Una situación oscura y con fuerte olor a podrido es la adjudicación, por parte del gobierno, de la mitad de los socios de la clausurada mutualista Casa de Galicia al Círculo Católico.

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, fue el director técnico de esta institución hasta que asumió su cargo en la dependencia estatal.

Incluso, despierta fundadas sospechas el crédito de 14 millones de dólares otorgado a dicho prestador de salud, que fue aprobado por mayoría por el directorio del Banco República, en tiempo récord.

Desde ahora, Cabildo Abierto será un cabildo cerrado por falta de adherentes y atornillado a un gobierno corrupto y hambreador, que ha hecho de las inmoralidades y el acomodo una suerte de dogma. Su destino es desaparecer.

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