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Política Carolina Pallas | Codicen | educación

El futuro de la educación

Carolina Pallas: "Realizaremos consultas amplias para posibles ajustes curriculares"

Designada por el Gobierno electo como consejera del Codicen, Carolina Pallas adelantó cuáles serán los enfoques de gestión de su equipo de trabajo.

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Carolina Pallas es profesora de Ética, Filosofía Política y Metodología de la Investigación Filosófica. En el ámbito de la gestión, entre 2010 y 2015 fue asesora del presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen) y del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich.

Además, tuvo un rol clave como coordinadora del programa educativo del Frente Amplio, sumando a su trayectoria su participación activa en el movimiento sindical. Por los próximos cinco años, acompañará a Elbia Pereira y al presidente Pablo Caggiani en la conducción del Codicen, asumiendo el desafío de contribuir al fortalecimiento de la educación pública en Uruguay.

En diálogo con Caras y Caretas, Pallas reflexionó sobre los principales desafíos de la educación pública, destacando la necesidad de prestigiar la labor de los docentes y otros actores educativos, avanzar en la formación docente universitaria y garantizar instituciones educativas como espacios seguros y democráticos. También abordó temas clave como el reconocimiento social de la educación pública y el impacto de ésta en el desarrollo personal, social y laboral de los estudiantes.

¿Qué significa para usted ser parte del equipo de dirección de la educación pública en este momento histórico?

Siempre estuve en el lugar del docente que trabaja con los estudiantes y que también piensa lo que trabaja con los estudiantes. Ponerse en este otro lugar, que no solo se trata de pensar, sino tomar decisiones y accionar, me genera una novedad y un desafío.

Es docente de Filosofía con una amplia trayectoria en gestión, ¿cómo cree que estas experiencias influirán en su desempeño en el Codicen?

He estado en experiencias de gestión en el ámbito de programas educativos intrainstitucionales. Entonces, la experiencia de haber trabajado con otros organismos vinculados a la educación desde un lugar de aporte entre las diferentes perspectivas me permitió salir de la caja del docente y de lo exclusivamente educativo. Además, ese trabajo implicó estar en el territorio. Junto a otros compañeros, diseñamos e implementamos el programa Compromiso Educativo y participamos del inicio de lo que se llamó Referencia entre pares en educación media superior, en el año 2010.

También fue coordinadora del programa del Frente Amplio y asesora de Ricardo Ehrlich.

Sí, desde hace 10 años formo parte del equipo del presidente de la comisión nacional de programa del FA. Mi tarea, en conjunto con los presidentes, es coordinar las diferentes unidades temáticas. Tengo una visión del programa de todo el país. Son más de 31 unidades temáticas que van desde aspectos internacionales, defensa, hasta aspectos de agro y de educación. Integro la unidad temática de educación del Frente Amplio desde hace más de 20 años.

¿Cuáles son, a su criterio, los problemas más urgentes de la educación pública en Uruguay?

Hay dos maneras de mirar esos problemas. Si leemos el programa del Frente Amplio y sus objetivos, se destaca la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la permanencia y la culminación de los ciclos educativos, así como la generalización de la educación terciaria. Todo esto está vinculado a mejorar los niveles de aprendizaje. Después, hay una metodología para llevar adelante esos objetivos. Desde el FA nos interesa analizar estos desafíos desde tres perspectivas: educadores, estudiantes y sociedad.

¿Y qué desafíos plantea el abordaje de estas problemáticas?

Cada una de las problemáticas conlleva algún desafío en particular. En primer lugar, tenemos un problema con reconocer el carácter profesional de los trabajadores de la educación y esto implica desafíos diversos. Es necesario prestigiar la tarea de todas las personas que trabajan en instituciones educativas. No me refiero solo a los docentes, sino también a los no docentes o los orientadores bibliográficos, adscriptos y otras figuras que a veces pasan desapercibidas o no suelen ser relacionadas con la educación. Decir que son profesionales de la educación significa que tienen un acervo de conocimiento propio que no tiene otro profesional, que tienen experiencia y que son sujetos autónomos en sus profesiones. Reconocer el carácter profesional de la educación implica, entre otras cosas, rever algunas situaciones como la persecución sindical, y reconocer a los educadores y los docentes no solo como meros aplicadores de políticas educativas, sino como elaboradores de estas políticas. Además, reconocer que el docente realiza otras tareas fuera del aula, pero que también forman parte del acto educativo, como planificar una clase, corregir o pensar la evaluación. Es necesario redoblar el esfuerzo que ha hecho el Frente Amplio en 15 años para que se reconozca a los docentes y a todos los educadores como profesionales. La formación docente y su carácter universitario es un tema central para el Frente Amplio, esto de alcanzar una universidad de la educación.

Otro desafío tiene que ver con los estudiantes y sus familias, que también son parte del quehacer educativo. Tenemos un debe con los estudiantes, en el sentido de pensar las instituciones educativas desde un lugar no adultocéntrico. Pensar en el estudiante también es comprender que éste no es ajeno a los problemas de la sociedad. Es permeable a la discriminación, la violencia, etcétera. Debemos garantizar que las instituciones educativas no solo sean lugares de aprendizaje para niños y jóvenes, sino espacios seguros, en el sentido más amplio: buena convivencia, cuidado, alimentación, escucha y también disfrute. Tiene que ser un lugar al que el estudiante quiera ir. Y también al que los docentes quieran ir. En los últimos cinco años, vimos docentes que querían estar menos tiempo en el centro educativo, muchas veces por miedo, por falta de escucha y porque el intercambio con los otros había perdido sentido.

Otro objetivo que debemos considerar es el reconocimiento que debe hacer la sociedad de la educación pública. Esto implica valorar lo que significa asistir a la escuela y completar la educación media superior. Que cada persona pueda desarrollar plenamente sus capacidades y vocaciones está relacionado con cómo la educación fomenta democracias más robustas. Hay una tríada fundamental que no podemos perder de vista: la formación de ciudadanos, el desarrollo de capacidades individuales y, por ende, sociales, porque somos seres gregarios.

Por otro lado, un tema que ha estado en discusión en los últimos años, especialmente durante el debate sobre la transformación curricular, es sobre los contenidos. La pregunta central es: ¿qué se les va a enseñar a los estudiantes? ¿Cuál es el conocimiento social e históricamente relevante? El reconocimiento de la sociedad hacia la educación pública implica promover el desarrollo de capacidades individuales, sociales y su impacto tanto en el crecimiento personal como en el desarrollo del país. Yo creo que esta discusión merece un debate amplio con toda la sociedad para reflexionar y, quizás, replantear o redefinir cuáles deben ser esas capacidades generales y específicas que queremos fomentar. ¿Quién puede estar en desacuerdo con el objetivo de promover el desarrollo personal, social y laboral de las personas?

Ya que tocamos el tema de la transformación educativa instrumentada por el Gobierno saliente, ¿qué aspectos puntuales considera que deben ser revisados?

La transformación curricular, que implicó un nuevo diseño del currículo, una reorganización de las disciplinas, del conocimiento y de los contenidos de esas disciplinas, incluye aspectos que ya habían sido planteados. Hay un elemento que se retoma del gobierno anterior del FA, aunque no llegó a desarrollarse completamente. En aquel momento se había trabajado, discutido y elaborado junto con las ATD [Asambleas Técnico Docente] un marco curricular común, que permitía concebir el recorrido de la persona a lo largo de todas las etapas de la educación obligatoria como un proceso integral, y no como compartimentos estancos. Es decir, no separar rígidamente la primera infancia, primaria, educación media y bachillerato. Esa idea de un marco curricular común nacional, que actúe como referencia para garantizar que todos los sujetos cumplan con los objetivos de la educación obligatoria, es un aspecto que, en cierta medida, se mantuvo y que debemos preservarlo.

Por otro lado, el diseño curricular también ha sido cuestionado por los docentes, principalmente por presentar un único enfoque que limita la autonomía y la profesionalidad del docente, casi imponiendo una única metodología: la organización de los contenidos educativos en función de las competencias. Este enfoque, conocido como enfoque competencial, propone una visión única del fenómeno educativo que, a mi entender, debería revisarse. Esto no implica eliminar las competencias, sino discutir cuáles son necesarias y cómo se articulan con las disciplinas. La estructura curricular no debe limitarse solo al contenido; también debe fomentar capacidades como el pensamiento crítico. Este desarrollo no se logra con cualquier contenido, sino con aquellos que habiliten esa reflexión crítica.

Es fundamental pensar en un marco curricular común y nacional, pero que respete la autonomía de los docentes como profesionales capaces de adaptar dicho marco a los territorios y comunidades educativas concretas. Este proceso solo será posible si se involucra a quienes están en el aula diariamente. Ampliar la mirada educativa significa integrar las propuestas de las ATD con las asociaciones de profesores de la educación, la academia, y otros actores. Es un trabajo arduo, pero necesario. En el programa del FA está previsto, durante este primer año, realizar consultas amplias para llevar adelante posibles ajustes curriculares. Hacia ese camino nos dirigimos.

Mencionó el tema de la permanencia en el sistema educativo como uno de los temas urgentes de la educación, ¿qué programas se están pensando para mejorar los índices de egreso y reducir la deserción estudiantil en educación media?

Ese es un tema importante. Hay programas existentes que necesitan una evaluación. El futuro presidente de Codicen, el maestro Pablo Caggiani, viene planteando la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia. Muchos de estos programas son de vital importancia, como el que permite a los funcionarios de la educación pública culminar la secundaria. Sin embargo, es necesario pensar en otros programas. Nos interesa especialmente trabajar con los jóvenes. Una cosa es el egreso oportuno, cuando un estudiante termina la media básica a los 15 años o la media superior a los 17 o 18. Pero, ¿qué pasa cuando un joven ya pasó esa edad? ¿Está integrado al mundo del trabajo o no? ¿Qué opciones le ofrecen las instituciones educativas? Debemos reflexionar sobre si la única forma de garantizar el derecho a la educación es que estas personas vuelvan a instituciones donde hay estudiantes de menor edad. No podemos darnos el lujo, como país, de que jóvenes de entre 18 y 30 años, con experiencia laboral y ciclos de vida cumplidos, no tengan acceso a estudios terciarios. Es un tema crucial que debemos abordar.

También debemos repensar cómo cumplir con este derecho, y eso implica trabajar con la educación técnico-profesional. Los cursos que ofrece la UTU no son suficientemente conocidos por la población, pero existen múltiples caminos para completar la educación media obligatoria. Creo que ahí tenemos un debe importante. No estoy diciendo que todos deban aspirar a títulos tradicionales, como doctor o abogado. Tanto la UTEC, como la Universidad de la República, los institutos de formación en educación y la UTU ofrecen tecnicaturas específicas: algunas vinculadas a la tecnología, otras a la ruralidad y otras a la cultura. El desafío es enorme, pero el derecho al acceso a la educación terciaria debe ser una prioridad. También necesitamos involucrar a la sociedad en el reconocimiento de la importancia de la educación, especialmente de los estudios terciarios. Que la sociedad comprenda lo vital que es para el desarrollo personal y colectivo.

El deterioro salarial de los docentes fue otro de los reclamos fuertes de los sindicatos, ¿qué medidas creen que se podrían implementar para mejorar este aspecto?

Sin duda, recién este año se están alcanzando las cifras salariales de 2019. Esto ha requerido un esfuerzo presupuestal importante. Como integrante de la dirección de educación, uno de mis deberes es velar por mejorar el salario de los docentes o, al menos, mantener la masa salarial. Esta será, sin duda, una de mis tareas principales. Sin embargo, no voy a empezar a confrontar desde hoy con el ministro de Economía y su equipo.

Esta pregunta sobre el salario me interesa porque está ligada a la necesidad de aumentar el presupuesto destinado a la educación. Creo que debemos reflexionar sobre cómo se asignan los recursos. Por ejemplo, si mañana nos otorgaran el 6 % del PBI para educación, probablemente no podríamos ejecutar todo ese presupuesto de manera inmediata. No se puede construir un edificio y llenarlo de estudiantes de un día para el otro. Hay que planificar, pensar en un proyecto presupuestal a mediano y largo plazo, y priorizar los tiempos. Además, hay otros aspectos que también debemos considerar. Cada sector, desde su lugar, reclama mejoras: los docentes pedimos aumentos, pero la salud enfrenta una situación crítica. Creo que en esta campaña electoral hubo un consenso importante sobre la prioridad de la infancia. Quizás necesitamos enfocar los esfuerzos ahí, porque está directamente vinculado con nuestra tarea educativa. Sin niños y niñas con buena salud, bien alimentados, cuidados, protegidos y libres de violencia, no podremos enseñarles nada, y ellos tampoco podrán aprender. El tema del presupuesto debe pensarse de manera integral, no solo en términos de cifras, sino también desde la perspectiva de las personas y sus necesidades.

Desde el gremio docente se ha denunciado el deterioro del vínculo con las autoridades de la educación. ¿Cómo planean trabajar junto a los sindicatos y otros actores educativos para garantizar un sistema inclusivo y de calidad?

Creo que, en ese sentido, la pelota está de nuestro lado: somos nosotros, desde el lugar de gestión de gobierno que vamos a asumir, quienes debemos dar señales claras, y esas señales deben concretarse en acciones. Puedo retomar la idea de la participación, pero considero que lo primero no es hablar, sino actuar. Es fundamental buscar, en conjunto con los sindicatos y las ATD, los mejores mecanismos para integrarlos plenamente a la vida educativa, un rol que tenían de manera más activa hasta hace cinco años.

Ahora que tocamos el tema de los sindicatos, su designación, junto con la de Elbia Pereira, generó críticas desde ciertos sectores, como las declaraciones de la senadora Graciela Bianchi, quien afirmó que estas decisiones suponen un retroceso en la educación y una consolidación del poder sindical. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones?

Soy sindicalista, formo parte del movimiento sindical desde que me recibí, por lo cual no lo siento como una crítica. Pero sí tengo claro que ahora voy a estar en otro lugar, en un lugar de decisión. Para poder hacer hay que decidir, y para decidir hay que intercambiar y discutir. Hay diferentes actores que pueden participar en las diferentes instancias, pero hay una instancia que es de decisión. Entonces, tengo claro en qué lugar voy a estar.

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