La ausencia de una regulación precisa en el ámbito digital ha impedido los contralores y, peor, ha provocado la existencia de decenas de miles de ludópatas, adicción que afecta principalmente a jóvenes y adolescentes.
En el año 2017, el psiquiatra Óscar Coll, entonces director del programa de prevención y tratamiento del juego patológico del Hospital de Clínicas, dijo a Montevideo Portal que "unas 40 mil personas sufren uso problemático de juegos de azar, de las cuales unos 25.500 son ludópatas". Agregó que "los nuevos juegos online afectan a las personas, lo que se ve en el incremento anual de las consultas en el Hospital de Clínicas".
Nueve años después, y con la masificación de celulares, acceso a internet, las tarjetas de crédito y la publicidad online, el número de ludópatas supera largamente esas cifras, según fuentes oficiales.
¿En nombre de qué libertad estamos dispuestos a comprarnos semejante problema? Seguramente muchos dirán que en nombre de la libertad del ciudadano; otros señalarán que lo que ocurre en internet es de muy compleja regulación. Otros apelarán a la existencia de un mercado, y habrá quien recuerde la advertencia de Alberto Kesman: “Juegue con responsabilidad”.
Pero las presiones empresariales y políticas no miden la cantidad de víctimas sino el dinero que podrían ganar. El empresario italiano Giuseppe Cipriani, que construye su megaproyecto en Punta del Este, es uno de los que más ha presionado para que se aprueben los casinos online. Y para ello ha contado con lobbistas parlamentarios como el diputado nacionalista por Maldonado, Diego Echeverría. Además, ha contratado los servicios como asesor del prestamista y operador de juegos online Elbio Rodríguez, el mismo de Kirma. Altas fuentes del Gobierno de Maldonado dijeron a Caras y Caretas que “Rodríguez había acercado a Cipriani unos empresarios chinos dispuestos a invertir 40 millones de dólares en el juego online”.
También la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene interés en que se amplíe la gama de apuestas deportivas. Y para ello cuenta con el decidido apoyo, no solo de su presidente, Ignacio Alonso, sino también del senador Pedro Bordaberry, exdirigente de la SAD propietaria del Montevideo City Torque, y de Eduardo Ache, asesor económico de Cabildo Abierto, dirigente de la AUF y directivo de Nacional.
Casinos online
A mediados de agosto del 2022, la Cámara de Senadores otorgó media sanción al proyecto de ley que faculta al Estado y a los casinos radicados en Uruguay a explotar el juego online. La iniciativa había sido aprobada por la Comisión de Hacienda y fue sometida a modificaciones. Desde entonces el proyecto de ley está a consideración de Diputados. Pero el diputado frentista Joaquín Garlo dijo a Caras y Caretas que “hoy ese proyecto no está en la agenda de la Cámara Baja”.
El texto establece en su primer artículo que “el Gobierno, mediante la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá prestar la actividad de juegos de casinos tales como póker, ruleta, slots, entre otros, creados o a crearse, bajo la modalidad online, a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares”.
A la vez, se establece que “el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su competencia exclusiva, podrá autorizar en forma previa, precaria y revocable la prestación de la actividad referida (…) a los concesionarios de juegos de casinos en forma presencial o a quienes posean dicho título habilitante en el futuro”.
En el segundo artículo se señala que “la autorización para que los operadores, tanto públicos como privados, exploten el juego y las apuestas online estará condicionada a que estos cuenten con un establecimiento operativo y habilitado para el juego presencial y que se cumplan los requisitos que establezca la reglamentación y los dispuestos en el contrato de concesión”.
Del texto surge claramente que este proyecto tiene nombre y apellido, “Giuseppe Cipriani”, al señalar que los permisos se otorgarán también “a quienes posean dicho título habilitante en el futuro”.
El trámite en Diputados fue más lento porque el entonces diputado Sebastián Cal (CA) anunció que presentaría un proyecto alternativo. Según dijo a La Diaria, su propuesta “incluye la creación de una unidad reguladora de juegos de azar, un nuevo sistema de ‘autoexclusión’ para personas con problemas de ludopatía, que se aplique tanto en la modalidad física como online, y la habilitación del ‘sponsoreo’ —concepto distinto de la publicidad— por parte de los casinos físicos y online”.
“No creo que el proyecto salga rápido de Diputados —dijo el entonces legislador— porque cada vez se generan más dudas. Además deberían pasar por la comisión todos los actores privados que hoy tienen licencias para operar casinos, que tras la aprobación podrían extender su habilitación para dar juego online”.
También han hecho conocer objeciones ante la comisión los diputados Sebastián Andújar (herrerismo) e Iván Posada (PI).
Otro actor que irrumpió en escena es la Cámara Uruguaya de Entretenimiento, que agrupa a los tragamonedas instalados en comercios barriales. Cal señaló que debe definirse si este tipo de apuestas son legales o no, y, de habilitarlas, deberían ser reguladas dentro del mismo proyecto que se está analizando.
“Hoy hay un vacío legal respecto a los tragamonedas y una opción podría ser habilitar a las intendencias para controlar y clausurar locales”, sostuvo el legislador. “No hay tiempo de votar este proyecto, el que habilita el juego online, y después otro. Entiendo que hay cosas para agregar que son indispensables más allá del juego online”, afirmó.
En marzo de este año, el senador frenteamplista Felipe Carballo presentó un proyecto para regular el juego en línea, “mediante un sistema donde operen el Estado y los privados bajo una supervisión”. Según explicó al diario El Telégrafo (Paysandú), la iniciativa propone la creación de una Plataforma Estatal de Juego en Línea, dependiente de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas que ofrecerá, regulará y monitoreará los juegos digitales. Para ello, se formará una Agencia Nacional de Regulación de Juego Online con autonomía para emitir licencias, auditar plataformas y algoritmos, controlar transacciones, gestionar un Registro Nacional de Apostadores Digitales y sancionar incumplimientos. En caso de su aprobación, los usuarios online estarán obligados a registrarse con límites personalizados de gasto y trazabilidad financiera. Además, operar sin licencia se convertiría en delito.
“Para nosotros es un tema central. Han existido otras iniciativas en períodos anteriores; inclusive la bancada del Frente Amplio lo presentó en el período pasado en el Senado, al igual que el Poder Ejecutivo pasado, y ninguno prosperó”, dijo Carballo.
Explicó que las propuestas fracasan debido “a que tocamos intereses muy grandes. Estamos hablando de la banca privada, por ejemplo, que tiene el monopolio de los juegos en el país. Los adelantos tecnológicos han generado la existencia de los juegos online y, en la actualidad, cualquier persona con acceso a un celular, internet y a una tarjeta de crédito puede apostar”.
El legislador reconoció dificultades en la población “desde el punto de vista de la salud mental con la ludopatía y la falta de controles por la cantidad de menores que apuestan. Todo ese espacio vinculado al juego le pertenece al Estado uruguayo, que lo único que ha hecho es dar en concesión a la banca privada para su explotación”.
Sindicato y Banca de Quinielas coinciden en sus cuestionamientos
Curiosamente, dos actores relevantes en el sistema del juego coinciden en sus cuestionamientos al proyecto y casi por las mismas razones. Por el lado de los sindicatos, la Federación Nacional de Trabajadores del Juego ha sostenido que el proyecto de ley aprobado en el Senado “creará condiciones de alto riesgo que redundarán en un aumento de la ludopatía, entre otros perjuicios significativos y nocivos. Y además no contempla la experiencia internacional para la prevención del lavado de activos que podría generarse con ese tipo de iniciativas”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado considera que “la regulación no va a aumentar la ludopatía, sino que va a permitir hacer visible este mal, que ya está en la sociedad uruguaya, controlarlo y combatirlo. Consideramos que es necesaria la regulación de este tipo de actividad a los efectos de su control”. Aseguran que “desde la prohibición de 2017 se ha generado una explotación clandestina que ha venido creciendo año a año. Entendemos que este proyecto es una buena base, pero necesita modificaciones donde quede claramente establecido que esta va a ser la única excepción a la habilitación del juego online y que no modifica la normativa vigente respecto a la forma de dar concesiones para el juego presencial”.
En tanto, en declaraciones realizadas a El País, Roberto Palermo, presidente de la Banca montevideana de Loteria y Quiniela y propietario de Abitab, aseguró que “sería un retroceso” que se apruebe la ley de juego online como está planteada “e iría en contra de la tradición regulatoria del país respecto de los juegos de azar”.
El empresario, reconocido como “una de las voces más importantes de la industria del juego de Uruguay”, dijo que “está de acuerdo con que se regule la actividad, pero es necesaria una ley que dé en un marco jurídico restrictivo, que significa cuidar al cliente y que no exista competencia”. Agregó: “Estamos a favor de los casinos online, con una única plataforma regulada”.
Palermo también coincidió con los riesgos de ludopatía que presenta el proyecto de ley. “Hay que tener cautela a la hora de legislar sobre estos temas sensibles, porque los problemas con el juego afectan socialmente, ocasionan problemas de salud mental, alteran el bienestar económico”, afirmó.
El presidente de la Banca también recordó que su institución promovió la norma que prohíbe que usuarios se conecten a sitios de apuestas online y recordó que “tampoco se puede hacer publicidad del juego en sitios ilegales”. “La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas actuó de acuerdo a la ley al intimar a la Conmebol por partidos de la Copa Sudamericana y la Libertadores donde se hizo publicidad de una empresa de juego prohibida en Uruguay. Esto va a requerir una regulación global restrictiva contra estas empresas de juego online, que inclusive hasta tienen sus sedes en paraísos fiscales”, sostuvo el empresario.
Por su parte, en una reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, Facundo Sánchez, técnico y asesor de esa comisión, preguntó: “¿Cuántas plataformas habrá?, ¿cada casino tendrá una plataforma?, ¿cómo haremos para controlarlas si cada casino tiene una?, ¿habrá una única plataforma y los casinos tendrán distintas salas?, ¿cómo se harían los llamados?, ¿qué tiempo van a durar esas licencias?, ¿qué características debe tener quien se presente para obtener esas licencias? y ¿qué incompatibilidades? En realidad, de este tema no sabemos nada. ¿Cuál es la incompatibilidad que impediría recibir una licencia de juego online? ¿Existen incompatibilidades?”.
Y aunque nadie respondió, siguió preguntando: “¿Qué tratamiento se dará a la información de los jugadores?, ¿qué protección van a tener esos datos?, ¿qué medidas se van a tomar para que no jueguen los menores de edad? Sabemos que en el mundo entero esta modalidad —el juego online— ha tenido una penetración enorme en las generaciones más jóvenes; uno de los grandes problemas de los países que han regulado el juego online ha sido el crecimiento exponencial de los adolescentes que juegan”.
