Las viviendas otorgadas en forma directa por la exministra Irene Moreira sigue dando que hablar. La cabildante tuvo que renunciar a su cargo luego de que saliera a la luz que había favorecido a militantes del partido que lidera su esposo, el senador Guido Manini Ríos.
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Ante el planteo de la vocal Ana María Ferraris, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se decidió estudiar de oficio el caso de la exministra de Vivienda y ahora senadora, Irene Moreira, por la asignación directa de viviendas, informó el programa La Pecera de Azul FM.
A principios de mayo, el presidente Lacalle Pou solicitó la renuncia de Moreira a la cartera, después de que Radio Universal informara la asignación directa, sin sorteo, de un apartamento en avenida del Libertador y Nueva York a una militante de Cabildo Abierto, lo que tensó al máximo la relación del partido con el mandatario y los demás socios de la coalición.
La presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo, dijo a El Observador que el estudio demorará algunos meses, debido a que el organismo tiene varios expedientes atrasados. Cabildo Abierto defendió el mecanismo de adjudicación que usó la exministra.
Ante la salida de Moreira, asumió Raúl Lozano como ministro y al momento hay una investigación en relación a las asignaciones directas de viviendas.
Esta semana el novel ministro de Vivienda, Raúl Lozano, compareció dos veces por el mismo tema ante las comisiones de Vivienda, tanto en la cámara alta como en la baja. En sus distintas exposiciones aseguró que durante la gestión de Moreira se adjudicaron 14 viviendas.
Sin embargo, desde el Frente Amplio (FA) creen que no es así porque, según informó el senador Sebastián Sabini, habría 33 casos más, es decir, un total de 47. En rueda de prensa, el frenteamplista había dicho que “las autoridades siguen entendiendo que es lícito y legal la entrega de estas viviendas, lo cual es inaceptable”.