La construcción de la represa de Casupá estará acompañada por una agenda interinstitucional que abarca salud, educación y capacitación, vivienda, saneamiento, infraestructura vial, seguridad, desarrollo económico, turismo, ordenamiento territorial y protección ambiental.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
Autoridades en Florida.
PresidenciaCaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La planificación fue presentada este viernes 18 en la sede de la Intendencia de Florida, en una instancia encabezada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; y el presidente de OSE, Pablo Ferreri. Las autoridades fueron recibidas por el intendente Carlos Enciso y el alcalde Luis Oliva.
El Gobierno planteó que la represa constituye una obra estratégica para asegurar, junto con otras intervenciones, el suministro de agua potable al área metropolitana en cantidad y calidad. También señaló que, por su escala, tendrá efectos sobre las localidades y comunidades vinculadas al proyecto.
Sánchez destacó la necesidad de que una obra de esta magnitud genere efectos positivos en el entramado económico y social de Casupá y las zonas cercanas. También informó que OSE y el Ministerio de Ambiente contrataron técnicos internacionales especializados en infraestructura de este tipo en zonas con actividad sísmica.
“Si bien en Uruguay no los hay, queremos tener las mayores garantías y que todos tengan la seguridad de que se garantice la seguridad ambiental y de las personas”, afirmó.
El secretario de Presidencia recordó además que existe un fondo de $7 millones, con apoyos de hasta $390.000 por productor, destinado a inversiones que permitan mantener la actividad productiva. Entre las medidas previstas figuran alambrados y cercados, sistemas de abrevadero, montes de sombra y reforestación con especies nativas.
Medidas para las comunidades
La planificación alcanza a Casupá, Reboledo, Fray Marcos, Gaetán y Bolívar. Incluye unas 30 soluciones habitacionales para familias afectadas por las expropiaciones, otras seis soluciones habitacionales prioritarias, la conexión de unas 15 viviendas al saneamiento y nuevos núcleos de viviendas de Mevir.
En educación y capacitación se proyecta fortalecer la oferta de la Escuela Técnica de Casupá y avanzar en la formación a nivel de Bachillerato. En coordinación con Inefop se instrumentarán cursos de capacitación laboral vinculados a la construcción de la represa.
El saneamiento constituye otro de los ejes. Se prevé ejecutar unos 6,5 kilómetros de nuevos colectores, que permitirán incorporar aproximadamente 320 conexiones y elevar la cobertura de la localidad del 48% actual a cerca del 68%.
En infraestructura vial continuará la rehabilitación de la ruta 7 entre Fray Marcos y Casupá, junto con la adecuación de la travesía urbana, la construcción de sendas peatonales y mejoras y ampliaciones de ciclovías e iluminación en puntos críticos.
También se prevé reforzar la seguridad, la prevención y la respuesta ante emergencias mediante la coordinación entre el Ministerio del Interior, Bomberos, las intendencias y las jefaturas de Policía, especialmente ante las necesidades derivadas del tránsito, las obras y la convivencia en las localidades.
Protección de la cuenca
Ortuño señaló que el llamado a licitación está en curso y que comienza la etapa definitoria del estudio de impacto ambiental. Según explicó, el proyecto estará acompañado por medidas de desarrollo local en infraestructura vial, salud, vivienda y empleo.
El Ministerio de Ambiente impulsa además acciones para fortalecer la protección de la cuenca del río Santa Lucía, particularmente en las subcuencas de los arroyos Casupá y La Virgen. Junto con la Alianza Uruguaya por el Agua y con participación del BID, se convocará a productores ganaderos y lecheros para implementar medidas de protección ambiental en sus predios.
Durante la construcción, se estima que la actividad asociada al proyecto podrá involucrar a unas 700 personas, entre empleos directos e indirectos. El Gobierno prevé que ese aumento de actividad generará nuevas demandas sobre los servicios y la infraestructura local.
La agenda también incorpora acciones de desarrollo turístico, recreación y espacios públicos, en un proceso que, según lo planteado, combinará el trabajo de organismos nacionales, gobiernos departamentales, municipios e instituciones locales.