El artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) restableció el artículo 36 del decreto sobre delitos de estupefacientes, de 1974, que aumentó la pena mínima a cuatro años para quienes intentan entregar o vender droga en las inmediaciones de varios lugares, entre ellos las cárceles, con una máxima de 15 años. Este aumento afecta particularmente a las mujeres, que son quienes más visitan los centros carcelarios.
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La modificación normativa provocó que madres que llegan a centros penitenciarios con droga para entregar a reclusos en cantidades que pueden ser para consumo personal deban permanecer en prisión por cuatro años, mientras sus hijos crecen privados de libertad o lejos de sus referentes familiares. La LUC también les impide redimir la pena por trabajo o estudio.
Según el Ministerio del Interior, durante 2022 hubo 57 mujeres que fueron formalizadas por incautaciones de estupefacientes, luego de ser detenidas en los controles de ingreso a establecimientos penitenciarios. De ellas, 40 fueron enviadas a prisión y 16 sin prisión.
El recrudecimiento de las penas contra el microtráfico recibió muchas críticas desde su promulgación y varios legisladores intentaron modificarlo en el Parlamento, y algunos incluso lo plantearon en medio de la campaña por el referéndum contra la LUC. Pero no se avanzó, ni cuando el Ministerio del Interior presentó su propia iniciativa en los últimos días de marzo.
Sin embargo este tema puede cambiar en las próximas semanas. Ahora se busca que las modificaciones sean ingresadas en la Rendición de Cuentas, en discusión en la Cámara de Diputados. Para ello se están dando en los últimos días conversaciones impulsadas por el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit.
La Oficina del Comisionado Parlamentario está en diálogo con los autores de los diferentes proyectos de ley que ingresaron en ambas cámaras “para tratar de atender el problema generado de una prisión alta por el delito de ingreso de droga a cárcel y buscar medidas más acordes con el conjunto de la normativa penal”, indicó Petit a El País. También contó que se “va a intentar formular una síntesis de esos artículos” que “refleje el amplio acuerdo que hay en cuanto a adecuar la normativa al espíritu del Código Penal y el Código del Proceso (Penal)”.
La nueva norma, dijo Petit, tiene una “excesiva penalización” que impactó en un “importante aumento de la prisión femenina”, además de que “ha llevado a situaciones de máximas injustas e inadecuadas, como ha ocurrido cuando fueron sancionadas con este mínimo de cuatro años, sin derecho a redención de pena”. Y todo “por ingresar 50 gramos de marihuana”. “En su mayoría se trata de mujeres pobres, vulnerables, con hijos menores a cargo, que han sido sometidas a presión de sus compañeros privados de libertad o de otras personas, para el ingreso de estupefacientes en cantidades mínimas".