Las rispideces entre el oficialismo y la oposición volvieron a mostrarse en una caldeada sesión en la que se aprobó la comisión investigadora que indagará sobre las presuntas irregularidades de la gestión de la Dirección General del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017, o, tal como propone el Frente Amplio (FA), la comisión investigadora “sobre Charles Carrera”.
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La comisión, que fue votada sólo con votos del oficialismo, busca saber qué ocurrió con el accionar de Carrera cuando ejercía como director general del MI. La denuncia remite a hechos de 2012 cuando el hoy senador habilitó a atenderse en el Hospital Policial a un hombre que quedó parapléjico a raíz de una bala perdida, presuntamente proveniente de una fiesta de policías que se celebraba en la casa del subcomisario de La Paloma. Esta persona era Víctor Hernández, que trabajaba como albañil.
El miembro denunciante fue el senador nacionalista Jorge Gandini, y quienes llevaron adelante la redacción del informe en mayoría en la comisión preinvestigadora fueron sus pares Sebastián da Silva, del Partido Nacional (PN), y Pablo Lanz, del Partido Colorado (PC). En sesión, Da Silva expresó que es su deber “seguir investigando, que el Parlamento haga uso de sus atribuciones y darle a esa familia esa paz necesaria”.
En contrapartida, Enrique Rubio, senador frenteamplista que elaboró el informe en minoría, dijo en sesión que se debe respetar la separación de poderes puesto que ya hay en curso una denuncia contra la gestión de Carrera: “No me resulta muy creíble que se diga que no hay lawfare ni persecución política porque se desencadenó este mecanismo” de crear una comisión investigadora, sostuvo Rubio, quien agregó que el objetivo es esclarecer “cuestiones” pero “fundamentalmente saber el rol de Carrera”.
Señaló que por razones constitucionales y legales, seguir ambos caminos resulta “totalmente inadecuado” y que tiene “otros alcances políticos”. “Si se trata de Carrera en su condición de senador, en realidad, habría que ir por el juicio político, que tiene otros requisitos”, planteó, a modo de ejemplo.
Asimismo, Rubio estableció que hay un escenario de “presión política”, lo que resulta “inapropiado”. “Si después del fallo del Poder Judicial tenemos una situación distinta, la examinaremos en el Parlamento, pero no es momento de adelantarnos a los acontecimientos”, agregó, y aseguró que lo que hay en el “fondo” es un “problema” de “diferencias políticas sobre las decisiones institucionales”.
Según planteó, en el FA están convencidos de que hay que ser “muy cuidadoso” del punto de vista de “las decisiones”, por lo que sería un “mal paso” del Senado haber creado la comisión investigadora. En ese sentido, propuso al Senado por razones de “oportunidad” desestimar la creación de esa comisión. Finalmente, no tuvo éxito.