Con parte del dinero obtenido por cantinas militares durante la gestión del general Claudio Feola como comandante en jefe del Ejército, y en acuerdo con Manini, se contrataron los servicios de un estudio jurídico que llevó adelante, entre otros, la defensa del Coronel (r) Eduardo Ferro.
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El 24 de setiembre de 2020, en su número 984, Caras y Caretas difundió una denuncia realizada por funcionarios de cantinas militares, en un artículo titulado “Huele fétido en cantinas militares”; como colgado de la nota, un concepto que explica lo sucedido en esta situación.
El colgado decía: “Los abusos de la autonomía (militar) en la lupa de la Justicia”, y es justamente esa autonomía militar a la que el sistema político evita asumir para sobrevivir en la gestión de los asuntos militares, y puede explicar el papel anodino del ministro Javier García al frente del Ministerio de Defensa.
La denuncia de esos funcionarios, la publicación del artículo y una serie de observaciones que había realizado en su momento la Auditoria Interna de la Nación obligaron al ministro García a solicitar una investigación administrativa, formándose el expediente MDN N° 2021-3-1-0000065.
La investigación iniciada el 23 de setiembre de 2020, llevada delante de forma interna por las instructoras a las contadoras Karina Carballo y Mariangel Bentancor y a la doctora Carolina Grosso, no pudo comprobar las denuncias de acoso laboral sobre los funcionarios, pero sí confirmaron, al igual que los auditores, desprolijidades en la documentación de compras y discrecionalidad en las mismas, que llevaron a las autoridades del ministerio a la remoción de algunas de las autoridades del servicio de cantinas militares (CCMM), la creación de una comisión que estudiara una gestión transparente de las mismas y, finalmente, trasladar de la órbita del Ejército al Ministerio de Defensa el servicio de cantinas.
Fondo especial de CCMM
El expediente de más de 300 fojas debía dilucidar cerca de 12 hallazgos que representaban situaciones no claras en los procedimientos de manejos financieros.
De esos 12, el que ameritaba a sugerencia de las instructoras una ampliación de la investigación que el ministro García, según nos confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa, nunca llevó adelante, está definido como el hallazgo número 10 y titulado “Determinación de los responsables y el destino de los fondos” (en relación a transferencias de dinero de CCMM al Comando General del Ejército y rendiciones), que luce en fojas N° 9514 en adelante.
El informe explica que por la Ley 9933 del año 1946 se crea el Fondo Especial de Cantinas Militares, fondo que está destinado al mantenimiento y mejora del edificio de casinos de oficiales y otras infraestructuras para el Ejército y la Armada.
El informe de las instructoras señala que se halló que “con cargo a ese fondo, el servicio de CCMM entregó al Comando General del Ejército (CGE) la suma en efectivo de US$ 200.000 (200.000 dólares), el 16 de agosto del año 2016, y 6 millones de pesos uruguayos mediante un cheque al portador cobrado el 28 de agosto del 2019”.
Hasta allí parece no haber grandes inconvenientes, hasta que hurgando un poco más, las instructoras se encuentran con algunos puntos que no pudieron terminar de aclarar y por eso solicitan ampliar la investigación.
“Al respecto, las instructoras constataron que los US$ 200.000 fueron utilizados en su totalidad desde marzo de 2019 a febrero de 2020 con cargo a rubros de Gastos de funcionamiento, Gastos de inversión, Gastos de servicios, en los montos que detalla el informe. Ahora bien, de acuerdo a los declarado por el general del Ejército en calidad de retiro Claudio Feola, al realizar el relevo entrante como comandante en jefe del Ejército constató la existencia de los mencionados fondos en la caja fuerte, viendo que en una hoja de servicio entre los generales del Ejército Guido Manini Ríos y José González dichos fondos se denominaban como caja chica. Agrega el declarante que al no poder averiguar de dónde provenían los mismos, decidió denominar los 6 millones de pesos como ‘fondo especial de CCMM’ y los 200.000 dólares -al no poder determinar su origen- como ‘fondo confidencial del comandante en jefe’”.
Declaró el general (r) Feola que parte de ese dinero se adelantaba a la espera de resoluciones para el pago de viajes y viáticos a oficiales que hacían cursos de maestría, gastos protocolares, mantenimiento de vehículos y viviendas.
Desvío de fondos
Pero un elemento que llamó poderosamente la atención de las instructoras de las declaraciones de Feola fue un pago especial para la contratación de asesoramiento jurídico de un estudio particular.
“Existe un gasto específico que implicaba una deuda a un estudio jurídico Bordes, por un monto de US$ 20.000, y que al enterarse de dicha deuda envió al jefe de ayudantes a hacer un arreglo para el pago de la misma (10 cuotas de US$ 2.000). Analizada por esta asesora la citada declaración y la documentación, no existe mayor información al respecto que meros recibos de pagos efectuados (no así factura por el total), surgiendo la duda a esta asesora de si dicho gasto se encuentra relacionado con el servicio, en tanto el CGE posee profesionales abogados para hacer frente a asesoramientos y juicios del Estado”.
Las instructoras sugieren categóricamente la ampliación de la investigación, ya que “en una primera instancia no surge que se encuentre relacionado con las necesidades de servicio ni que cumpliría con el fin establecido en la normativa individualizada precedentemente”.
Ampliación sin resultados
En enero de 2021 las actuaciones volvieron a las instructoras a fin de ampliar las investigaciones, pero, a pesar de los elementos que surgieron, pocas fueron las consecuencias, y da la sensación de que en la medida que avanzaban las mismas, se le iba poniendo “un freno de mano”.
En efecto, las instructoras lograron comprobar que “los pagos realizados por los servicios jurídicos al estudio Bordes Chávez fueron para fines distintos a los del servicio y se efectuaron durante el mandato del general Claudio Feola” y fueron pagados bajo el rótulo “asesoramiento y trabajos para el Ejército nacional” (fojas 9.582 a 9.585).
Como Manini ya era senador, fue consultado por cuestionario y expresó que no recordaba que se hubieran contratado los servicios del estudio jurídico Bordes y Chávez.
Estudio Bordes y Chávez
Las instructoras consultaron a los responsables del estudio jurídico, que manifestaron que nunca fueron contratados por el CGE ni le brindaron servicio alguno, pero sí fueron contratados por un militar que solicitó sus servicios para su defensa que no podía realizar los pagos porque se encontraba en exterior, abonando la suma por concepto de honorarios por parte de un intermediario.
Las instructoras hallan la falta administrativa en el pago de un estudio particular, pero que tiene otras graves implicancias.
Defensa de Ferro
Cuando consultamos con nuestras fuentes militares quien podía ser el “misterioso” defendido por el estudio jurídico al que se le pagaron 20.000 dólares con plata de CCMM, varios recordaron la anécdota de una serie de discusiones cuando la extradición del coronel Eduardo Ferro parecía un hecho.
La Fiscalía solicitaba la extradición de Ferro por hallarlo ejecutor del Plan Cóndor y responsable en la causa del asesinato del militante comunista Óscar Tassino y sobre el secuestro de los militantes Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti. El 12 de noviembre de 1978 los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti fueron secuestrados en su apartamento de Porto Alegre junto a sus hijos, Camilo y Francesca, de siete y tres años. Los niños fueron entregados a sus abuelos maternos 18 días después, mientras que Rodríguez y Celiberti estuvieron presos hasta el fin de la dictadura.
El pedido de extradición de Ferro se solicitó en setiembre de 2017, estando prófugo luego de que fuera citado a declarar en el 2016, este hizo saber a sus camaradas que no estaba dispuesto a dejarse extraditar si no se le aseguraban condiciones en el juicio a enfrentar, que por otro lado, estaba dispuesto a demandar al Estado por el no cobro de su jubilación.
Esto motivó una serie de encuentros entre militares de diversas fracciones, entre otros con el entonces General Manini, cuyo resultado fue contratar los servicios del Estudio Jurídico con fondos obtenidos de CCMM, entregándose finalmente Ferro en España en enero de 2021.
Silencio
Una vez más, consultado por Caras y Caretas, en una actitud de coherencia admirable, el ministro Javier García no quiso atendernos. El senador Manini Ríos y el general (r) Claudio Feola también optaron por el silencio.
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