La Confederación de Organizaciones Funcionarios del Estado (COFE) manifestó su rechazo al decreto que establece el descuento del 25% del salario en el caso de que las certificaciones médicas superen los 9 días continuos o fraccionados en un año y presentó un recurso administrativo ante Torre Ejecutiva para evitar su aplicación.
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Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública y de COFE, opinó que el objetivo del Gobierno con este decreto “es hacer caja con la salud de los trabajadores”.
“Es algo que lo dijeron ellos mismos: para darle más fondos a la educación, necesitan que este decreto esté vigente”, agregó el dirigente.
Desde COFE señalaron que el artículo 24 del decreto es "insólito" y cuestionaron que en caso de enfermedades complejas, como las oncológicas, cardiológicas, neurológicas o de otra índole igual de graves “pasarán por el descuento y luego será el funcionario que deberá probar que las mismas se encuadran en las excepciones previstas”.
“Qué fácil resulta para este Gobierno legislar y firmar decretos cuando los perjudicados son los trabajadores. El fundamento para aplicar los descuentos es puramente recaudatorio, bajar el gasto a costa de la salud de los trabajadores, sin ninguna instancia de negociación colectiva, ni análisis ni valoración por parte del Poder Ejecutivo de otras alternativas, previas a aplicar la rebaja del salario”, dijo Pereira.
Según Pereira, si se analizan los números sobre licencias médicas —sin tener en cuenta al Ministerio del Interior y de Defensa— “las cifras son muy similares a las registradas en el sector privado”.
“Si se trata de igualar las condiciones del sector público con el privado, para eso saquemos lo mejor de cada sector y hagamos una sola legislación”. añadió.
Por otro lado, el dirigente informó que están analizando con un abogado la inconstitucionalidad de esta ley, que es otra de las acciones jurídicas que se van a plantear.
Además, adelantó que presentarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE) “para que estén al tanto de la situación" y que evalúan “otras acciones de carácter gremial”.
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