A la izquierda uruguaya le puede suceder algo parecido. De hecho, ya le pasó durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas.
Sobre todo, en la relación entre las tareas ejecutivas y la capacidad teórica y de acción de la fuerza política. No se trata de una contradicción antinómica como si acaso la velocidad fuera solo parte del Gobierno en contraposición a la supuesta lentitud partidaria. Ese fue uno de los tópicos recurrentes que se utilizó de manera falaz para abonar una tesis endeble en favor de la mayor autonomía del G. Ambas, velocidad y lentitud, terminan siendo parte tanto del Gobierno como de la fuerza política y se entrecruzan en función de distintos temas concretos.
Se trata de una muy vieja tensión que no suele ser muy bien resuelta. Sin embargo, esa autonomía relativa del Gobierno, imprescindible por razones obvias, a menudo fue defendida de manera simplista con la perogrullada de que los tiempos de gobierno no son los de la orgánica partidaria. Un argumento que solo alguien muy dogmático se negaría a entender pero que esconde un atajo.
A partir de que un ejecutivo no puede vivir en estado de asamblea (algo que nadie plantea en su sano juicio), se abona el terreno para cancelar debates muy necesarios. Sobre todo porque a quienes están en el Ejecutivo les complica su accionar. Como si acaso el éxito de una gestión de gobierno pudiera reducirse a un mérito personal como quien corre una carrera individual subiendo escalones o, como está de moda mencionar ahora, saltando desde trampolines hacia mayores alturas.
Cercenar miradas colectivas que puedan ver lo que el punto ciego de otros no ven impide el aporte de elementos indispensables hasta para aspectos coyunturales de una gestión de gobierno; de la misma forma que el aporte de la experiencia de gobernar, y de manejar datos que se traduzcan en información para generar políticas basadas en evidencia, posibilitan una sinergia que potencia la acción y la reflexión en uno y otro lado.
Se trata de no establecer esa muralla que separa a unos que actúan y otros que miran actuar, a menudo basada en aquel axioma conservador que establecía el lugar para quienes estaban para pensar, mientras que otros solo estaban para hacer lo que pensaban otros.
Esa relación de gobierno y fuerza política, en el caso de la experiencia de los gobiernos del FA, fue encasillada por el temor a que la estructura orgánica se tragara al Gobierno, cuando toda la evidencia demostró que fue al revés y nos costó caro.
Basta recordar que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el presidente del Frente Amplio fue Jorge Brovetto, que a la vez integraba el Poder Ejecutivo ejerciendo hasta 2008 como ministro de Educación y Cultura, y continuó como presidente hasta la elección interna del FA de 2012 que ganó Mónica Xavier. La que, a la vez, era simultáneamente senadora. Y ahí sí que hubo una movida veloz para declarar su incompatibilidad. Oh casualidad, justo cuando por primera vez (y por ahora única) una mujer accedía a la presidencia del Frente Amplio.
Así, esta compleja relación entre gobierno y partido se dio en sus diferentes niveles, tanto en lo nacional, departamental como municipal, en relación con las estructuras de la fuerza política en esos ámbitos. Uno de los ejemplos fue la creación de los municipios en los últimos meses del último año del primer gobierno de Tabaré, en relación a las notorias carencias de la estructura del Frente Amplio para estar a la altura de asumir el desafío político en el territorio.
Hay que decir que la creación de tercer nivel de gobierno era ya una necesidad que venía con retraso en la institucionalidad del país y que, ante tal necesidad de descentralizar, solo el FA era capaz de proyectar una experiencia novedosa como fue la de Montevideo con los Centros Comunales Zonales, a un nuevo escalón para todo el país. Mucho más cuando los partidos tradicionales lo frenaban en las intendencias bajo su poder.
Sería el colmo que una sociedad se frene porque la fuerza política no da la talla ante los cambios urgentes que implican nuevas políticas públicas, mucho más cuando se trata de avanzar en el gobierno de cercanía y de desburocratizar el acceso a servicios, planes y programas con la idea de potenciar la eficacia en el territorio.
El problema estuvo en que la decisión final se pareció más a un capricho para quedar en la historia como el presidente que creó los municipios, y no hubo un proceso que permitiera acompasar esos cambios. Porque la fuerza política de la época, por muchas circunstancias, arrastraba debilidades, algunas producto de ese desfase con el Gobierno, con dirigentes que habían dado el salto de uno al otro. Y ese retraso también era provocado por quienes detentaban cargos y a quienes no les agradaban las críticas o los debates que pongan en cuestión, o siquiera en análisis, lo que se ejecuta, el cómo, el cuándo ni el porqué.
De más está decir que uno de los efectos colaterales fue que la creación de los municipios revivió caudillitos de los partidos tradicionales en localidades de todo el interior, justo cuando estaban sufriendo sus peores momentos por sus propios errores y prácticas clientelares.
No se trata de pretender que el interés corporativo de un partido quede por encima del avance de una sociedad, sino de que quienes gobiernan no debiliten a la fuerza política en favor de liderazgos que se alejan y terminan dirigiendo por control remoto, algo de lo que Robert Michels denominaba el descreme de la dirigencia de sus bases sociales y hasta de la propia estructura orgánica partidaria, incluso cuando la organización era secuestrada por la burocracia y el culto a la personalidad.
Otro ejemplo fue el divorcio entre Tabaré Vázquez y el proyecto legislativo de la bancada del FA que procuró una Ley de Despenalización del Aborto que fue vetada desde la cúspide del Gobierno retrasando por más de un lustro las muy necesarias condiciones de salud sexual y reproductiva. A lo que se sumó, cuando algunas mujeres del FA en el Parlamento lograron consensuar la aprobación de un nuevo proyecto, el triste papel de un Tabaré votando con la derecha en una consulta no obligatoria que la Corte Electoral habilitó gracias a las firmas del 2 % del padrón que la derecha había presentado con el objetivo de forzar un referéndum contra la ley que permitía la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la mujer.
Aquella jornada electoral mostró al expresidente Vázquez junto a los sectores más conservadores del país, apañados por la Iglesia católica y sectores evangélicos y neopentecostales, en una escueta minoría que no superó el 8,2 % de los votos, cuando necesitaba alcanzar el 25 % que les permitiera habilitar un referéndum obligatorio para intentar derogar la ley.
Velocidad y política
Cuenta el periodista español Álvaro Bermejo que "a finales de los ‘90 Paul Virilio le puso nombre: Dromocracia. Del griego ‘dromos’ —velocidad— y ‘kratos’ —poder—. Un poder omnímodo, donde el ‘dromos’ devora al ‘demos’, a la misma velocidad que la dromocracia se impone sobre la democracia".
Es que el francés Virilio, en Velocidad y política (2006), elaboró la metáfora del impacto político de la velocidad sobre una democracia acosada "por el extraordinario incremento de la velocidad que comportan las nuevas tecnologías de la telecomunicación, con menoscabo del concepto tradicional de espacio y de la idea misma de Estado".
A lo que la mexicana Marta Ochman, profesora en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, agregó: "Los partidos políticos se alejan de sus bases, construyen su prestigio en la autoridad de especialistas y tecnócratas, de la eficiencia de sus políticas, y su adecuación a un contexto cada vez más complejo y globalizado. De esta forma, los partidos se separan de la sociedad civil y se ubican en la esfera del Estado, se financian con erario público y recurren a los ciudadanos consumidores solo en los tiempos de las elecciones".
El proyecto Neptuno y las dudas del Gobierno electo
En el Uruguay, donde se sigue repitiendo aquello de la siesta veraniega que termina con el último ciclista, la transición muy ordenada del Gobierno electo se ha instalado mediáticamente con los nombramientos ministeriales y de los altos cargos del Estado, seguida por la novedosa presentación de los diferentes elencos que conforman los equipos de gobierno.
Sin embargo, el "capital impaciente" dio la nota impactando a toda velocidad la firma del contrato del proyecto Neptuno en Arazatí, contando con la rúbrica de un presidente Lacalle Pou en retirada pero consecuente —y obsecuente— en el beneficio de unos malla oro demasiado cercanos. Todo a costa de los dineros públicos.
Pero el rechazo del FA, repetido enfáticamente por Fernando Pereira en el acto en La Paloma, contrasta con algunas declaraciones desde la cúpula del Gobierno electo que sembraron más de una duda sobre el necesario "respeto a los contratos" por encima del daño al Estado y a la sociedad uruguaya. Al menos eso fue lo que se instaló en forma preocupante tras las respuestas del nuevo prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien a fines de enero recalcó que "los contratos se firman para cumplirse" y enfatizó que "rescindirlo no es la alternativa prioritaria", agregando que "la rescisión implicaría multas y posibles demandas por daños y perjuicios que podrían generar un costo sideral para el Estado, sin garantizar la concreción de la obra", según lo consignaba M24. Aun así, Díaz aclaraba que era "una decisión política que solo podía tomar el presidente electo Yamandú Orsi," quien había manifestado su desacuerdo con la firma del contrato.
Dada la complejidad del contrato y de la obra, tanto por su inoperancia técnica como por sus impactos ambientales que fueron esquivados por el Gobierno saliente en favor del negocio, estamos sin duda ante el problema más candente, no sólo de la transición, sino de una decisión vertiginosa que penderá sobre la actuación de los primeros 100 días y marque a fuego el inicio del quinquenio.
En ese sentido, como recalca Ochman retomando a Virilio y a otros autores que siguieron su aporte: "La dromocracia o el gobierno de los rápidos es hostil a la formación de las identidades cívicas, a la deliberación inclusiva, a la mediación entre los intereses. El capital impaciente presiona al sistema político para que tome las decisiones rápidas, al mismo tiempo que crea la percepción de que los poderes económicos, pero también el cambio tecnológico, no pueden ser dirigidos desde las instituciones democráticas".
Tendrá que haber mucha y buena deliberación entre el nuevo Gobierno y la fuerza política que lo sustenta, así como con los movimientos sociales, mediante una amplia participación en la que fluya la transparencia y el estudio certero de las conveniencias no solo para el Estado sino para el bien común, a menos que siga siendo el menos común de los bienes.
La velocidad de aquel artrópodo innovador nos recuerda que hay que ser veloces sin desorientarnos, y que las diferentes partes de un organismo vivo necesitan articularse manteniendo la fuerza de esa coraza, no para encerrarnos en caparazón alguno, sino para ser eficientes, tanto como éticos, en la defensa del buen gobierno, así como en la construcción democrática contra los rápidos y vertiginosos poderes fácticos que se mueven solo por sus propios intereses.
