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Política Gobierno | Lacalle Pou |

Acorralado

El gobierno en el despeñadero

El presidente Luis Lacalle Pou ya no puede esconder su responsabilidad en el caso Astesiano, la crisis existente en el seno del Partido Colorado que complica la gestión de gobierno o las barbaridades que cometen intendentes de su partido.

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“Por más que la mona se vista de seda, mona se queda”, expresa un dicho popular que bien se aplica a Luis Lacalle Pou. Ya que por más que se fotografíe en el cumpleaños de Sergio Puglia en Punta del Este, se bañe en las aguas del río Negro o adopte un tono canchero en las conferencias de prensa, el presidente ya no puede esconder su responsabilidad en el caso Astesiano, la crisis existente en el seno del Partido Colorado que complica la gestión de gobierno o las barbaridades que cometen intendentes de su Partido.

Si te dicen nepotismo, pensá en Artigas

El domingo se informó que el secretario general de la Intendencia de Artigas y primo del intendente Pablo Caram le había pagado a su pareja, también jerarca, el equivalente a 155 horas extras trabajadas en diciembre. Algo así como que la señora hubiera realizado tareas durante 15 horas diarias, incluidos sábados, domingos, Navidad y Fin de Año.

La filial local de Adeom denunció que “hay otros 50 casos similares” y las bancadas de ediles colorados y frentistas anunciaron la presentación de una denuncia penal. El intendente Caram dijo que “era un disparate” y que “iba a destituir a la muchacha”, refiriéndose a su pariente política. En realidad a quien debe destituir es a su primo, que ordenó el pago. Puede ser que los ciudadanos del resto del país consideren eso como parte del folklore político artiguense hasta que se enteren que todos están aportando para que el nepotismo funcione en ese departamento.

Cada año el Congreso Nacional de Intendentes “pelea” con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) los recursos que recibirán del gobierno central. A la luz de las Rendiciones de Cuentas que cada intendencia presenta a las respectivas Juntas Departamentales a mediados de cada año, se entiende la desesperación por esos recursos. Porque particularmente para Pablo Caram representan la diferencia entre pagar o no los sueldos o reconvertirse totalmente. De acuerdo a información de la Oficina del Servicio Civil, la intendencia de Artigas tiene cuatro veces más funcionarios que la de Montevideo, aunque sus habitantes son apenas el 5% de los que tiene la capital del país. Artigas recibe del gobierno nacional más del 100% de lo que recauda (989 millones de pesos contra 670 millones) y tiene un déficit de 10 millones de pesos. Cuenta con 1.571 funcionarios municipales, 213 cada 10.000 habitantes, incluidos los de la Junta Departamental.

En el primer año del segundo gobierno de Caram ingresaron 173 funcionarios por designación directa y uno por concurso. El intendente de Artigas fue reelecto en el 2020 como el más votado en la historia de ese departamento con el 71,2%. En sus dos gobiernos no tuvo ningún conflicto ético para integrar su gabinete con parientes. Su pareja Karolina Gómez se desempeñó como directora de Cultura y ahora ocupa un cargo en la comisión del río Cuareim. En tanto Rodolfo Caram, primo y exdiputado, fue nombrado primero director de Desarrollo y ahora secretario general. Y ya que estaba, su pareja ingresó como funcionaria de la intendencia y obtuvo un meteórico ascenso. La hermana de esta señora, por supuesto también funcionaria municipal y cuñada del secretario general, logró que “le cedieran” un predio de 1.000 metros en un lugar privilegiado para construirse una casa porque “ya no podía pagar alquiler”. Augusto Rodríguez, primo del cuñado del intendente, fue secretario general. Valentina Dos Santos Caram, sobrina, hoy diputada y también suplente del intendente, también fue nombrada directora general. Su pareja, Omar Bicera, era encargado de proyectos. Por su parte, la escribana Elita Volpi, pareja del primo de la sobrina del intendente, asumió como intendenta suplente. Gustavo Dos Santos, primo del cuñado del intendente, asumió como director de Tránsito y Manuel Caram, primo del intendente, fue nombrado asesor en Desarrollo. A su vez, varios funcionarios municipales contratados con cargos de jerarquía estaban vinculados a empresas que ganaban licitaciones.

La Jutep elaboró un informe lapidario sobre la gestión de Caram. Pero el Parlamento anterior jamás trató el tema. El Partido Nacional tiene 22 ediles en 31, por lo que no necesita para nada a la oposición. De todo este desatino ningún dirigente del Partido Nacional se ha ocupado, porque Caram aporta muchos votos. El otro caso complejo es el del exalcalde de Florencio Sánchez (Colonia), Alfredo Sánchez (PN-Moreira) procesado y en prisión por varios actos de corrupción. El Frente Amplio propuso un juicio político para lograr su destitución, pero la coalición se opuso. El caso es que Sánchez saldrá en libertad este año y está en condiciones de asumir nuevamente como alcalde ya que fue electo para ese cargo. Las prohibiciones establecidas en la condena valen si quisiera postularse otra vez.

Peña fue víctima de su mentira y una venganza interna

El lunes debió renunciar el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, por adjudicarse un título universitario que no tenía. El jerarca saliente cometió un error estúpido que no solo complicó su vida y su gestión, sino también al gobierno y al Partido Colorado. La información sobre la carencia del título que Peña empleó es parte de una vendetta interna de Ciudadanos, pero que tuvo en Pedro Bordaberry un impulsor. Pedro se cobró la obligada renuncia de Carolina Ache impulsada por el exministro como líder del sector.

Ache cayó por su participación en el otorgamiento de un pasaporte al narco Sebastián Marset y sobre todo por haber mentido en el Senado. La situación llevó al exministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, a señalar la existencia de listas negras en Ciudadanos y sostener que él había sido “traicionado” por Peña. Pero el ministro fue sustituido por decisión del presidente Lacalle Pou en acuerdo con el Partido Colorado, después de un incidente con China por el etiquetado de algunos cortes de carne. En honor a la verdad, Uriarte, un blanco que nadie sabe explicar cómo llegó a ministro por los colorados, fue destituido después de una larga serie de desatinos.

El miércoles se supo que el exfiscal de la Nación, Jorge Díaz, que hoy se desempeña en el ámbito privado, “se había interesado en conocer la escolaridad de Peña, pero para un trabajo que realiza para el exterior”. Ocurre que Díaz fue contratado por Ache para defenderla de una denuncia penal presentada por el Frente Amplio. No se sabe quién le proporcionó la información sobre Peña a Búsqueda. Bordaberry había escrito dos columnas para El País en las que no solo defendió a Ache sino que cuestionó al canciller Francisco Bustillo. “Al menos tres funcionarios sabían que Marset era narco un mes y medio antes de que desde el Ministerio del Interior se lo comentaran a la subsecretaria”, escribió el exsenador colorado. Agregó: “Un hombre, el propio ministro de Relaciones Exteriores, fue informado también de esto. La directora de Asuntos Consulares se lo comunicó por mail a su Secretaría, Se le achacó a la subsecretaria no informar a su superior. ¡Se la responsabilizó por no comunicar algo que el ministro y los directores ya conocían!”, enfatizó Bordaberry.

En tres años de gobierno el Partido Colorado resignó 4 ministros y una viceministra a causa de graves situaciones. Ernesto Talvi, el candidato más votado en el coloradismo y fundador de Ciudadanos, fue nombrado canciller pero duró apenas 4 meses en el cargo. La renuncia y alejamiento total de la actividad política estuvieron rodeados de misterio y rumores sobre su vida privada. Pero antes de asumir, Talvi había tenido enfrentamientos con Lacalle Pou y con Julio María Sanguinetti. La gota que desbordó el vaso fue el voto uruguayo, decidido por el presidente con la oposición del canciller, que ni siquiera fue consultado, para que el estadounidense Mauricio Claver-Carone fuera nominado presidente del BID.

Los hechos posteriores dieron algo de razón a Talvi, ya que Claver-Carone fue destituido por corrupto un año después de asumir. Poco después cayó el ministro de Turismo Germán Cardoso, el único que no pertenecía a Ciudadanos, denunciado por otro colorado que lo acusó por varios actos de corrupción. Carlos María Uriarte fue sustituido a mediados de 2021. Las razones las reseñamos antes. A fines del año pasado renunció la vicecanciller Carolina Ache, después que trascendiera que sabía que Sebastián Marset era un narco peligroso pero nada hizo para evitar que se le otorgara un pasaporte. Fue con ella que habló Alejandro Balbi, abogado de Marset. Además Ache le había mentido al Senado.

Y finalmente cayó el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, por mentir sobre un título que no tenía. Todo apunta a una debacle del Partido Colorado que hoy no pasa del 5% de intención de voto, según todas las encuestas, pero que es muy importante para la coalición. y para asegurar un eventual segundo triunfo electoral. La renuncia de Peña marca una progresiva derechización colorada. El por ahora todavía líder de Ciudadanos intentaba aportar una pátina batllista a un partido sanguinettizado y entregado totalmente al herrerismo. Puntualmente es un triunfo de Bordaberry, pero pírrico. Porque al final todos pierden. Habrá que esperar lo que decide la Comisión de Ética del Partido Colorado sobre el regreso, o no, de Peña al Senado. Esa comisión está presidida por Jaime Sapolinski, un dirigente estrechamente vinculado a Bordaberry. Porque el temor de todos es saber qué papel adoptaría Peña en el Senado. Hoy lo dejaron como un hombre acorralado y ya se sabe lo que ocurre en esas circunstancias.

El presidente, Astesiano y la calidad de nuestra democracia

Con tantos ministros colorados eyectados del gobierno, ya se olvidó a Pablo Bartol que apenas duró dos meses en el Mides y fue destituido por Twitter. Y también al cabildante Daniel Salinas, el ministro mejor evaluado por la opinión pública, que en un mes se retirará por decisión personal. La muerte prematura de Jorge Larrañaga, ministro del Interior, también provocó problemas en el gobierno y a nivel político porque Alianza Nacional se quedó sin líder y perdió pie en las decisiones.

La historia no recuerda que en apenas tres años de gobierno siete ministros y una subsecretaria hayan renunciado o fueran destituidos por hechos graves. Y podría haber más. El miércoles estalló lo que hasta ahora parece ser lo más grave del affaire Astesiano. Ese día La Diaria informó que “Astesiano utilizó el sistema de cámaras del ministerio del Interior para rastrear los movimientos del presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, en las horas previas a su accidente en Punta Carretas. El exjefe de seguridad compartió con Jorge Berriel, director de Investigaciones en el ministerio del Interior, el material gráfico con el recorrido del auto de Abdala antes del choque y le envió un audio al secretario privado de Lacalle Pou, Nicolás Martínez, diciendo: “Hay que matarlo a este hijo de puta”.

La información difundida por La Diaria agrega: “Apenas una hora después del accidente, que se produjo a las 16.33 en Bulevar Artigas casi García Cortinas, Astesiano le envió un primer mensaje por WhatsApp a Martínez. Se trataba del parte policial en el que se reportaba que el auto de alquiler que manejaba Abdala había chocado a otros dos vehículos que estaban estacionados y que al lugar ya habían concurrido medios de prensa y el comisario Gabriel Silvera, segundo jefe de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Montevideo. Todavía no se había realizado la espirometría.

“Qué dice, Fibra. ¿Eso fue ahora? ¿Chocó este? ¿Mamado?”, preguntó Martínez. “Sí, ahora, estoy para que le hagan espirometría ya”, contestó Astesiano. El secretario de Lacalle Pou le informaba que a esa altura los portales informativos todavía no habían publicado la noticia. “Estoy con todo eso ahora. Y ya estoy pidiendo resultado de espirometría”, le informó Astesiano, por mensaje de audio. Tres minutos después ya había logrado su objetivo: “Nico, 1,53 (gramos de alcohol en sangre) le está dando la espirometría. Ahora dispuso el jefe de Policía que vaya el coordinador hasta ahí y el jefe de Zona. 1,53 la espirometría”. Astesiano le mandó después algunas fotos del operativo policial, de la libreta de conducir de Abdala y del resultado que arrojó el espirómetro. También dos stickers: el músculo de fuerza con el texto “Vamo’ arriba” y una cara del Chavo del Ocho. “Está en el horno”, escribió Martínez. Astesiano le contestó con un audio: “Ahora, Nico, llegó el tiempo de nosotros de matarlo. Hay que matarlo. Que se pongan las pilas ahí, hay que matarlo a este hijo de puta”.

El secretario de Lacalle Pou no hizo ningún comentario sobre la sugerencia y el diálogo entre ambos se retomó recién al otro día. Además, Astesiano usó las cámaras del ministerio del Interior, a las que tenía acceso, para hacer un seguimiento del coche de Abdala desde las 6 de la mañana del día del accidente. El hecho es muy grave por varias razones. Es la primera vez que en un audio, que está en Fiscalía, aparece un hombre estrechamente vinculado al presidente, nada menos que su secretario privado. Que además, no solo se presta para tal acción, sino que tampoco advierte al jefe de seguridad que lo que estaba haciendo era ilegal. Astesiano emplea la estructura del Estado y se vincula a altos funcionarios policiales para tareas que nada tenían que ver con la suya. Ninguno de los altos oficiales, que además están investigados en la causa, rechaza las solicitudes aun sabiendo que las pesquisas secretas están prohibidas. Y lo más grave es que se emplea toda esa estructura para investigar a un dirigente social opositor sobre el que no había ninguna requisitoria judicial y que solo había protagonizado un accidente de tránsito sin lesionados y no había huido de la escena, como pudieron verlo todos los canales de televisión.

Entonces surgen las inevitables preguntas: ¿cuál era la verdadera tarea de Astesiano? ¿Era solo seguridad presidencial o era una especie de comisario político persiguiendo opositores y haciendo negocios con la tolerancia de su jefe? Porque ante estos audios indesmentibles cobra otra veracidad el pedido para investigar la vida de los senadores Charles Carrera y Mario Bergara, así como también sobre la vida del exdirector Nacional de Policía Mario Layera o el viaje de la exprimera dama. Los jerarcas policiales investigados por fiscalía regresaron esta semana a sus puestos porque “una investigación administrativa estableció que no habían cometido ninguna falta”, según dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Pero Berriel es uno de esos funcionarios y su actuación en el caso del accidente de Abdala no fue legal.

El presidente Lacalle está acorralado por un terrible error que comenzó con el nombramiento de Astesiano. Pero ahora debe decidir si protege a la democracia y destituye a todos los involucrados, incluyendo a su secretario privado, Nicolás Martínez, al prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, responsable institucional de Astesiano, al ministro del Interior Luis Alberto Heber y al subsecretario Guillermo Maciel, incapaces de controlar lo que ocurre en la policía. O en su defecto protege a los involucrados y tal vez termine él denunciado en la justicia y varios de sus protegidos formalizados.

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