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No era la primera vez que el Ministerio del Interior (ya desde la administración Bonomi) intentaba resolver el problema de actualización de los controles en las 17 aduanas del país, y actualmente 16 si se toma en cuenta que el sistema en el Aeropuerto Internacional de Carrasco funciona acorde a los requerimientos.
En el 2018 una iniciativa privada por parte de la empresa Dafiway S.A. generó el marco para pensar en la resolución de actualizar el sistema de control fronterizo, pero aquellos llamados terminaron en denuncias cruzadas que abortaron las adjudicaciones.
Pero el proceso licitatorio del 29 de Julio del 2022 tuvo algunas observaciones por parte del TCA, por lo que algunas empresas de capitales franceses y norteamericanos abandonaron el proceso y la empresa del Aeropuerto Internacional de Carrasco, según los convocantes, no cumplía con los requisitos.
En este llamado se presentaron a la licitación Dafiway S.A., Vilnago S.A. y Veridos México.
Orale
Conocida la ganadora, promesa de consorcio Veridos México S.A. de capital variable y GMBH, por resolución del Gobierno del 5 de setiembre del 2023 que incluye a los ministerios del Interior, Transporte y Economía, se siguen llevando adelante una serie de recursos en contra de la resolución, cuyo debate ha llegado al propio recinto parlamentario tanto en Senado como en Diputados.
A la resolución se suma el decreto que impone una tasa de 2,10 dólares más IVA que, dicen las empresas involucradas (Buquebus y Colonia Express), afecta el costo de los pasajes y es una tasa por concepto de seguridad, cuando las empresas marítimas de plaza están tratando de lograr un mayor acceso de pasajeros, bajando costos.
Vilnago cuestionó la presentación de Veridos alegando que, entre otras cosas, no tenía recibo del MI que acreditara que había pagado la garantía de mantenimiento de la oferta, de 200.000 dólares, previo a presentarse como competidor, que es uno de los requisitos para participar.
Veridos, días más tarde, hizo sus descargos. Señaló que “no se acredita experiencia directa de Dafiway o Vilnago” en la materia de la licitación, ya que la demuestran sólo en “componentes y servicios que por sí solos no son ni la totalidad ni la mayoría de una solución”, como la que solicita el MI. Sostuvo que la iniciativa privada presentada por Dafiway, por la que le corresponde una ventaja en la licitación, “ha caducado”, porque dura dos años y se presentó en 2018.
Tanto Los Cipreses S.A. y Belt S.A. (Buquebus) como Lumary S.A. (Colonia Express) interpusieron recursos de revocación. El de Colonia Express fue levantado rápidamente por el MI, pero Buquebus basó sus argumentos en que, según el tipo de pago que se previó para la adjudicación, el Estado no pagará directamente por la licitación, sino que se cobrará una tasa a los pasajeros de los ferris que las empresas dueñas luego tendrán que transferir a la empresa encargada de la seguridad.
Para Buquebus, según recoge el dictamen del tribunal, se trata de “un impuesto encubierto” que debe incluir en sus pasajes, siendo “un tercero ajeno al contrato”, por lo que lo entiende “ilegal e inconstitucional”. Señala que el arreglo “viola el principio de igualdad y diferenciación arbitraria” porque el sistema de control fronterizo “únicamente lo van a pagar los que ingresen y egresen por vía fluvial”, si bien “a todos los pasajeros que ingresen o egresen del país se les va a aplicar el mismo control”. Agregaron que “no existe para ello un motivo razonable ni racional”. A “personas con menos recursos se les va a cargar este precio más IVA, el cual encarecerá significativamente el pasaje. Y no lo pagarán quienes viajan en avión abonando miles de dólares”. En este aspecto, la empresa señaló que implicará “un aumento de 15,3 % del precio del pasaje más económico y más usado”.
El exministro Luis Alberto Heber ratificó las actuaciones realizadas en el procedimiento.
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Interrogantes
Está fuera de discusión la necesidad de contar con tecnología que permita conocer no solo quiénes entran o salen del país y el perfil de riesgo que puede representar. Es imprescindible saber en tiempos del crimen organizado quién ingresa, por ejemplo, por la aduana de Bella Unión y se va por la de Nueva Palmira, o al revés, etc.
Está fuera de duda que un control de estas características tan importantes para la seguridad nacional esté en manos del Estado, pero los conceptos que se pueden reivindicar de soberanía se debilitan cuando, aún como resultado de un proceso licitatorio, se otorga por 10 años a una compañía extranjera, existiendo la alternativa de una empresa con 40 años en plaza.
Seguro hace “ruido” la oferta de una donación del sistema (que se calcula en unos 8 millones de dólares), pero hablamos de un empresario demasiado reconocido en el ambiente uruguayo y que ha colocado “huevos en todas las canastas políticas”.
Un empresario que está construyendo un buque de pasajeros del doble del “Papa Francisco” en un astillero en Australia (unos 140 millones de dólares) e importantes inversiones de infraestructura tanto en Uruguay como en Argentina, por lo que, en términos económicos, la donación no parece un egreso que lesione las arcas de la empresa.
Corridos mexicanos
Fueron varias las voces dentro de la coalición de gobierno que plantearon sus reparos; desde el exministro de Turismo, Tabaré Viera, hasta el representante del departamento de Colonia Mario Colman. Pero, según fuentes de Caras y Caretas, la orden de seguir adelante con la adjudicación vino del mismo presidente Luis Lacalle, y es el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien debe imponer la decisión contra viento y marea.
Legisladores del MPP Frente Amplio advierten que, de seguir adelante, Uruguay puede enfrentar juicios millonarios, además de tener en manos extranjeras este aspecto sensible de la seguridad nacional por 10 años con posibilidad de prórroga.
El 13 de marzo una delegación del Ministerio del Interior y del Ministerio de Economía asistió a la Comisión de Hacienda de Diputados. Entre las varias preguntas que quedaron en el ambiente, estuvieron las del diputado frenteamplista Sebastián Valdomir: ¿Cuánto se recaudarían por concepto de ingreso y egreso de pasajeros por vía marítima y fluvial, con estos USD 2,10 más IVA? ¿Toda la plata es destinada a la empresa? Si hay un sobrante, ¿ese dinero queda en Rentas Generales? ¿Se puede destinar a otra cosa? ¿Qué pasa si hay un faltante? Ojalá que no vuelva a pasar, pero si volviéramos a tener otra pandemia, con una restricción enorme de la movilidad, ¿qué pasaría si la plata que se recauda por el servicio de seguridad no alcanza para cubrir el canon de la empresa?
En el 2019, la empresa Veridos México S.A. de C.V., perteneciente al grupo empresarial conformado por la alemana Giesecke+Devrient en conjunto con la Bundesdruckerei (Imprenta Federal Alemana), ganó la licitación del Instituto Nacional Electoral (INE) de México para producir la nueva credencial para votar.
Veridos México cuenta con la participación conjunta de Veridos GMBH, Veridos Canadá LTD, Veridos América INC, Giesecke+Devrient GMBH, IECISA México, Seguridata Privada e Informática El Corte Inglés, para varios de sus negocios.
Algunas de las fuentes consultadas dejaron entrever cierto temor por la presencia de la empresa mexicana y quienes puedan ser sus representantes en Uruguay, a la luz de la experiencia con la canadiense Boreal S.A. que contó con el apoyo e impulso del actual ministro del Interior.
