El sabor a poco de las polémicas cotidianas

La oposición tiene también decidida —aunque en suspenso— la interpelación de la ministra Cristina Lustemberg por la situación de multiempleo del presidente de ASSE, Álvaro Danza. En ese caso, el solitario diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, sería el miembro interpelante y es esperable que, en el caso de que se realice la instancia, asistamos a una sobreescrita combinación de preguntas y diatribas del otrora periodista, que intentará alcanzar algún tipo de protagonismo en la Cámara de Representantes realizando un show estridente sobre un asunto completamente irrelevante, aunque extremadamente comentado, como es la condición de médico en ejercicio en mutualistas y de docente de la Universidad de la República del presidente de ASSE.

El caso, más allá de la trascendencia que le han dado los disciplinados medios de comunicación, carece de importancia para el país, y hasta ahora no hay ninguna evidencia de que Danza haya intentando o pretendiera intentar utilizar su responsabilidad en las mutualistas frente a la salud pública o algo por estilo, algo, además, francamente descabellado. Por lo pronto, los pronunciamientos de la Jutep y de algunos informes jurídicos dan razón a los que sostienen que no hay incompatibilidad, pero incluso si la hubiese, es llamativa la repercusión que ha tenido este caso en un país donde en los diferentes gobiernos se han nombrado ministros, han sido elegidos legisladores o designados directores de entes que provienen directamente de empresas o sitios afectados por el ámbito donde van a desempeñarse o en competencia directa, sin ningún escándalo.

Como sea, la agenda política del Uruguay, en este momento, transita por asuntos que tienen que ver con la probidad de los hombres, o escaramuzas seudopenales, pero en pocos casos se discuten cosas que importen a la sociedad o al porvenir del país.

De hecho, es notable cómo hasta la ley presupuestal amenaza con tener un respaldo ampliamente mayoritario que, más allá de las virtudes negociadoras de los legisladores, solo es posible porque no genera grandes controversias ni exhibe parteaguas ni exige definiciones profundas de ningún tipo, salvo quizá los artículos sobre los nuevos impuestos que, va de suyo, siempre provocan discusiones y desencantos.

Cuando se haya aprobado el presupuesto y se hayan realizadas las sendas interpelaciones que, seguramente, no tengan consecuencias y, si son en diciembre o se alejan mucho de esta fecha, posiblemente tampoco tengan mucho rating, habrá que empezar a implementar el programa o los compromisos que estaban atados a la aprobación de la nueva ley presupuestal. Habrá terminado este primer año de gobierno que lejos ha estado de satisfacer al electorado frenteamplista y que, de guiarnos por los estudios de opinión pública, más bien tiene en ascuas a buena parte de la sociedad que no entiende mucho para dónde va el carro del Uruguay.

Otro tipo de ofensiva política

Será entonces el 2026 un año clave para las tales reformas o medidas que muestren un cambio que se votó, pero cuya concreción es muy magra. Por el momento hay poco y nada, aunque cabe destacar algunas medidas administrativas o de revisión, como el caso de Neptuno o este mismo de Cardama, que vienen a resolver entuertos heredados por el gobierno actual pero cuyo origen se remonta al período anterior.

Es importante que las autoridades del Gobierno y, sobre todo, la dirigencia de la izquierda registren el estado de ánimo de la ciudadanía y entiendan que con esto no basta, que sin iniciativas más claras, más contundentes, más jugadas, sin expresiones políticas más explícitas, más definidas y sin resultados más notables y más evidentes no alcanza y los números de satisfacción y respaldo comenzarán a mostrarlo.