Entretenimientos, campañas políticas y lavado de activos

Marset ha logrado poner el tema de lavado de activos en el centro de la agenda de la opinión pública; lo hizo primero permitiendo que nos enteremos de la “gauchada” del gobierno de Luis Lacalle Pou con el tema del pasaporte y luego con su fuga de Bolivia.

Pero también por dos veces en que recibimos imágenes de su obsesión por correr tras la globa. Primero en su equipo de fútbol en Paraguay y luego en Bolivia; clubes de fútbol que vienen a confirmar la utilización de los mismos para el lavado de activos, mientras en Uruguay el mercado del deporte se inunda de Sociedades Anónimas.

Pasa que la uruguayés nos lleva a “pizarrear”, siguiendo con el lenguaje futbolístico; gozamos de un puntaje de confianza tan alto para los organismos de control financiero internacional y una solidez institucional por encima de la del continente, que nos consideramos “vacunados” de fenómenos como el lavado de activos o el gran narcotráfico, aunque el puerto de Montevideo sea un “queso” para el tránsito de droga.

Hasta el mismo Jorge Chediak, de la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, estima que los montos de dinero que pueden constituir lavado en Uruguay son de escasa identidad.

Carolina Sampó, docente universitaria, investigadora adjunta del Conicet y coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de la Universidad de La Plata, le da al “pizarreo” uruguayo una categoría académica cuando advierte que: “En el caso de Uruguay, hay una reputación muy vinculada a la baja corrupción que, insisto, se refleja en este índice de percepción, pero no necesariamente tiene un correlato con la realidad, algo que no es posible probar porque las percepciones son relativas”.

Otro académico contratado por la SENACLAFT, Alejandro Montesdeoca, advirtió el mismo problema y, en vez de “pizarrear”, califica a esta conducta de “pensamiento envejecido”; esa suerte de pensar que somos tan “cancheros” que si pasara algo realmente grave nos daríamos cuenta.

Desidia

En diciembre del año pasado Caras y Caretas recibió una denuncia de que importantes locales de gastronomía en Punta Carretas y Punta del Este, como también megaeventos realizados en ese balneario habían sido financiados por Sebastián Marset. La transacción se realizó en la barra de un local de música electrónica en el balneario Punta Esteño.

Los empresarios que realizaron la transacción inauguraron enormes y lujosos locales gastronómicos y boliches bailables y, siguiendo por nuestra cuenta a la empresa, el capital con que se registró es irrisorio.

Publicada la nota, fuimos con ella y parte de la investigación al Ministerio del Interior. Por entonces, su director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, nos aconsejó dirigirnos a la SENACLAFT. Expuesto el tema a Chediak, nos planteó que el organismo no contaba con presupuesto ni personal suficiente, e, institucionalmente, con los cruces de información suficiente -por ejemplo, con la Dirección General Impositiva (DGI)-. Con el talante de buen humor de siempre, deslizó que probara suerte con algún fiscal (aún no existía la fiscalía especializada en lavado de activos).

En la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay tampoco tenían muy claro qué hacer.

En la fiscalía de crimen organizado nos advirtieron que ante la información presentada no tenían manera de avanzar, dadas las trabas legales y la escasez de recursos. Otra dificultad adicional -y nada menor, era que los nombres que figuran en la información, sacando a Marset, forman parte del exclusivo mundo empresarial (en el deporte, el entretenimiento y lo gastronómico) y político, como para correr el riesgo de no poder probar judicialmente ningún extremo.

“La falta de coordinación institucional y la definición de los ámbitos de competencia es uno de los problemas más graves que no se soluciona con hacer solo una ley”, expresa a Caras y Caretas el exsecretario de la SENACLAFT.

No solo opina que con más leyes no se resuelve el problema, sino que con seguir generando más organismos tampoco. Pone como ejemplo la cantidad de información que surgió en el caso Odebrecht sin que haya consecuencias para los implicados en Uruguay.

“La evaluación del riesgo que se terminó y se presentó esta semana marca una serie de problemas, sobre todo la falta de resultados, falta de condenas, y en todo el sistema se percibe por distintos actores que no está funcionando”, afirma Gil.

Complicidad o desidia, pero en todo caso falta de responsabilidad es lo que abunda en el tema Astesiano, el pasaporte a Marset, los escáneres sin funcionar en el puerto de Montevideo y un sinfín de ítems en una lista demasiado larga.

Ingenuidad

La principal actividad de un parlamentario es legislar; parece una afirmación de perogrullo pero esa máxima en lo cotidiano del monumento al mármol naturaliza dos conductas a tomar en cuenta.

La primera de ellas, que la efectividad política se mide en la cantidad de proyectos de ley presentados, no importa si los mismos se ajustan a la técnica legislativa y luego se podrán cumplir; y la aprobación de dichos proyectos es un medidor del grado de “convivencia política” en el recinto parlamentario y su relacionamiento con el Poder Ejecutivo.

La segunda es una suerte de “espejismo legislativo”, por el cual todo problema que quedó estampado en una ley pasó a quedar resuelto.

Así, el proyecto de ley se convierte en el “hijo pródigo” del parlamentario o su bancada, aunque la aprobación del mismo no mueva un ápice la realidad circundante.

En esta rendición de cuentas ingresó todo un capítulo sobre las Sociedades Anónimas Deportivas.

El artículo 71 del proyecto propone que: “Una vez aprobada la constitución de las Sociedades Anónimas Deportivas por la Auditoría Interna de la Nación e inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán inscribirse en el Registro de Instituciones Deportivas de la Secretaría Nacional del Deporte, en un plazo de quince días corridos a partir de su publicación en el Diario Oficial".

También establece que “el capital mínimo de las Sociedades Anónimas Deportivas y los porcentajes mínimos de suscripción e integración serán los establecidos en general para las Sociedades Anónimas. Las acciones serán nominativas y de igual valor".

Pero aquí empiezan los problemas de la letra chica: “Podrán ser accionistas de las Sociedades Anónimas Deportivas las personas físicas y las personas jurídicas privadas. Ninguna persona física o jurídica podrá poseer en forma simultánea acciones en proporción superior al 1 % (uno por ciento) del capital en dos o más Sociedades Anónimas Deportivas que participen en la misma competición. Para calcular el límite previsto en el inciso primero del presente artículo se computarán las acciones poseídas directa y/o indirectamente por el titular y las que lo sean por otra u otras personas o entidades que constituyan con aquél una unidad de decisión”.

Del texto no surge claro cuántos clubes pueden pertenecer a una misma sociedad anónima, ni qué pasa, como pasó en el campeonato uruguayo del año pasado, cuando dos clubes del interior pertenecientes a una misma sociedad anónima se enfrentan y se juegan apuestas por el resultado.

Un tema nada menor es el que propone que “aprobados por la Auditoría Interna de la Nación, todo aumento o disminución del capital, transformación, fusión, escisión o disolución de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales deberán ser comunicados por las correspondientes instituciones al Registro de Instituciones Deportivas de la Secretaría Nacional del Deporte, en un plazo máximo de quince días corridos desde la notificación de dicha aprobación”.

La realidad hasta el momento indica que, como en casi todas las áreas de la sociedad uruguaya, los controles son bajos o brillan por su ausencia, y ahora que la lista de “sujetos obligados de hacer declaraciones se ha ampliado, tememos que la realidad funcione con la lógica ‘cuanto más sujetos para controlar menos fiscalizaciones serán posibles’”. En el mundo del deporte y las asociaciones puede tomarse como referencia la enorme cantidad de intervenciones del Ministerio de Educación y Cultura por históricos incumplimientos.

Lo cierto es que esta propuesta hecha ley deberá reglamentarse y, por el momento, es dable compartir la preocupación con Ricardo Gil y otros expertos, que ante la magnitud de los actores involucrados en el lavado de activos, Uruguay debería empezar a tener resultados concretos que se materializan en procesamientos judiciales.