Uno de ellos es el Programa de Apoyo Urgente (PAU), que brindaba asistencia económica y psicológica inmediata a familiares de víctimas de femicidios y registró una caída del 100 % en los apoyos brindados antes de su cierre formal, de acuerdo con el informe “¿Libradas a su suerte? Relevamiento sobre el estado de situación de políticas públicas contra las violencias por motivos de género a nivel nacional”, actualizado a noviembre de 2025, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Según éste, el Programa GenerAR, diseñado para fortalecer las áreas de género en municipios de todo el país, pasó de financiar 222 proyectos hasta 2023 a solo 2 en 2024, antes de ser borrado. Por su parte, el Programa Acercar Derechos (PAD), que apuntaba a fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia, y contaba con 59 equipos interdisciplinarios en todo el territorio, fue eliminado definitivamente en julio de 2025 mediante la Resolución 466/2025. Entre junio de 2021 y diciembre de 2023, indica el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el programa había acompañado a 30.902 personas en situación de violencia. “El Gobierno desarmó todas las políticas pensadas para intervenir en las brechas sociales, y sobre todo aplicó un ajuste criminal que afecta con mayor intensidad a las mujeres”, señala Luci Cavallero.
El presupuesto para prevenir y atender la violencia de género sufrió una caída real del 89 % desde 2023, agrega el informe “Presupuesto sin perspectiva de género: Consolidación de un ajuste que profundiza las desigualdades. Análisis de las partidas vinculadas a género en el Proyecto de Presupuesto 2026”, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y ELA. Esa desinversión se traduce en soledad: de los 105 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que funcionaban en 2023, solo quedan 30 operativos en todo el país.
Pedir ayuda: ¿dónde?
Uno de los casos más ilustrativos del cambio en las políticas públicas es el de la Línea 144, el servicio telefónico creado para brindar orientación y acompañamiento a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. De acuerdo con información del Ministerio de Justicia de la Nación, el dispositivo fue redefinido como un servicio de atención para “cualquier persona en situación de violencia”. En la práctica, esta modificación diluye el carácter específico que tenía la línea como herramienta diseñada para abordar la violencia de género contra las mujeres.
Los datos sobre el funcionamiento del dispositivo muestran además la magnitud de su utilización. Entre 2019 y 2023, la Línea 144 intervino en más de 93.000 casos de violencia de género. Sin embargo, entre el primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2025 las comunicaciones vinculadas a situaciones de violencia registraron una caída del 32%, un descenso que especialistas asocian al debilitamiento institucional del programa.
El recorte también se observa en términos presupuestarios y de recursos humanos. Durante 2024, la Línea perdió dos tercios de su presupuesto, y en el proyecto de presupuesto nacional para 2026 desapareció su partida específica. Al mismo tiempo, la planta de trabajadoras se redujo en un 45%, y en algunos turnos considerados críticos el servicio dejó de contar con equipos completos de acompañamiento integral. La redefinición del programa se inscribe en un contexto en el que funcionarios del Gobierno han cuestionado públicamente la noción de violencia de género como fenómeno estructural, lo que representa un retroceso respecto de los compromisos asumidos por Argentina para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencias.
Por su parte, el Programa Acompañar —que otorgaba un salario mínimo para que las mujeres pudieran escapar de sus agresores— es hoy una cáscara vacía. De otorgar 102.510 altas en 2023, pasó a 434 en 2024. En el primer semestre de 2025, el registro de nuevas beneficiarias fue cero, debido a trabas administrativas como contraseñas caducas e inhabilitación de usuarios en las provincias (informe ¿Libradas a su suerte?, ELA). Además, el Decreto 755/2024 redujo el beneficio de 6 a 3 meses e impuso la denuncia judicial previa como requisito, ignorando que el momento de la denuncia es el de mayor riesgo de femicidio, según el informe “Cronología del derrumbe. Dos años de desmantelamiento de las políticas contra las violencias de género en Argentina”, de ELA.
La reforma laboral: el tiempo como propiedad del patrón
Mientras el Estado se retira de la protección social, la reforma laboral recientemente aprobada avanza sobre la autonomía y el tiempo de las mujeres. La así nombrada “Ley de Modernización Laboral” ha impuesto jornadas de hasta 12 horas y el "banco de horas", medidas que chocan de frente con una realidad estadística: las mujeres argentinas dedican 6:31 horas diarias a tareas de cuidado, frente a las 3:40 de los varones, según el informe “Ley de Modernización Laboral: Análisis del impacto de la reforma laboral para las familias”, 01/2026, ELA.
“La reforma laboral juega para los ricos. El patrón te va a tener cuatro horas más explotada el día que él quiere entregar 200 conjuntos de ropa interior, y te va a dar cuatro horas en el banco de horas, y no le vas a poder decir no quiero, porque te puede despedir”, denuncia Pamela Sille, referente del Área Nacional de Mujeres del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Sostiene que el impacto en los barrios populares es una asfixia: “Más desocupados significa más competencia en los laburos que nosotras mismas tenemos que inventar”.
Para Pamela Sille, esto rompe las redes de solidaridad vecinal que suplían la ausencia de jardines o guarderías, indispensables para las mujeres: “Mi compañera le cuida el nene a la otra para que pueda ir a laburar... Si la otra se va a quedar 12 horas, una de las dos va a tener que dejar de trabajar porque no van a poder vivir”.
La desaparición proyectada para abril de 2026 del Potenciar Trabajo se vive como el anuncio de un colapso social. “El Potenciar Trabajo es poder desde juntar guita para seguir sosteniendo ese merendero, hasta dar plata para cargarle una Sube a una compañera que está en situación de violencia y necesita viajar. Son 78.000 pesos al mes, pero es algo, una plata que para algunos sectores es un montón. Y lo están por tocar”, indica Pamela. “Nadie nos cuida a nosotras, que somos las que cuidamos los barrios. Si nosotras dejamos de estar organizadas, esos barrios estallan”, advierte.
A esto se suma el desfinanciamiento de la seguridad social. La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) retira un 3 % de las contribuciones patronales que antes iban al sistema previsional, amenazando las moratorias de las que depende el 65,2 % de las mujeres jubiladas (informe “Ley de Modernización Laboral: Análisis del impacto de la reforma laboral para las familias”, 01/2026, ELA).
La reforma laboral profundiza una exclusión que es histórica. Luci Cavallero señala que la desregulación actual impacta brutalmente en quienes ya estaban en la precariedad: “La reforma no tiene en cuenta las formas en que trabajan las mujeres en la economía popular. Para las mujeres y diversidades, que ya están sobrerepresentadas en la precarización laboral, va a ser aún más perniciosa”.
En el caso de las personas trans y travestis que habían logrado ingresar al empleo formal a través del Cupo Laboral Trans, la flexibilización de los despidos y la eliminación de las multas por falta de registración las coloca otra vez en la puerta de salida. La destrucción de garantías laborales ensancha la desigualdad preexistente, señala Agencia Presentes en “Reforma Laboral: ¿Cómo afecta a mujeres y diversidades”.
“Nosotras venimos disputando la palabra libertad. Estamos diciendo que no hay libertad sin espacios colectivos, sin reconocer la interdependencia y sin promover formas de autonomía económica”, agrega Luci Cavallero.
El derecho a decidir en tiempos libertarios
El acceso a la salud sexual y reproductiva hoy depende de la geografía y la voluntad provincial. De acuerdo con Human Rights Watch, el Ministerio de Salud de la Nación no compró ni distribuyó una sola caja de misoprostol o mifepristona en todo 2024. El informe “También es por vos”, de Amnistía Internacional, indica que entre 2024 y 2025 hubo una reducción del 81 % en la provisión de métodos anticonceptivos y tests de embarazos, como así también un aumento de casos de obstrucción de interrupciones voluntarias y legales del embarazo. A ello se suma que en 2025 el Estado Nacional no distribuyó preservativos en un contexto en el que la sífilis alcanzó récords históricos, sostiene el portal de Chequeado.
El efecto es directo: significa hospitales sin insumos, profesionales sin respaldo institucional y mujeres que vuelven a depender del lugar donde viven para acceder a su derecho.
El “Reporte anual 2024. La ley a toda costa”, de Proyecto Mirar, señala que: “En algunas provincias los efectores que dan acceso a IVE ILE son el 2 % del total de efectores públicos. En otras, la proporción es 7 a 9 de cada 10 de las instituciones públicas. Las tasas de servicios que brindan IVE ILE por cada 100.000 mujeres de 15 a 49 años es otra forma de mirar la accesibilidad: 4 provincias tienen tasas iguales o menores a 9; 8 provincias tienen tasas entre 10 a 29 servicios, y 6 provincias tienen tasas mayores a 30 servicios”. Agrega que la decisión del Gobierno nacional de no comprar mifepristona y misoprostol ha enfrentado a las diferentes jurisdicciones. Las provincias de Santa Fe y San Luis contaron con misoprostol de producción pública, mientras otras llevaron a cabo la compra de medicamentos de manera desigual para garantizar los protocolos. Explica el reporte de Proyecto Mirar que en 2025 las denuncias por obstáculos en el acceso al aborto se han triplicado respecto al año anterior.
Asimismo, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), que había logrado reducir las estadísticas a 5 de cada 10 embarazos no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años, ha quedado sin financiamiento en el presupuesto para 2026, ejecutando menos del 3 % de lo invertido en 2023 (ACIJ & ELA). Según el informe “Situación del Plan ENIA. Razones para recuperar una herramienta que protege a la población adolescente en Argentina”, con participación de ACIJ, ELA, REDAAS y CEDES, “en los primeros meses de la gestión, el Gobierno nacional suspendió los fondos destinados a sostener las oficinas en las que funcionaba el Plan ENIA en cinco provincias, despidió a 619 personas de los equipos operativos que se desempeñaban en 12 jurisdicciones y desfinanció las partidas presupuestarias destinadas a la compra de insumos”.
La Educación Sexual Integral (ESI) corre la misma suerte: el presupuesto 2026 le asigna 30 millones de pesos, apenas el 2 % de lo ejecutado en 2023, y se ha eliminado la meta de capacitar docentes.
Por otro lado, para la comunidad LGBTIQ+ la vulnerabilidad es extrema. Los discursos oficiales han habilitado un clima donde los crímenes de odio aumentaron un 70 % en 2025 respecto al año anterior (informe “La ofensiva contra los derechos LGBTIQ+ en Argentina: Estado de situación”, 11/2025, Amnistía Internacional). Mediante el DNU 62/2025, el Gobierno prohibió las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales de afirmación de género en menores de 18 años, una medida que ya ha sido declarada inconstitucional por el Juzgado Federal N°2 de Paraná (Entre Ríos).
El discurso presidencial en el Foro de Davos en 2025, donde se comparó la homosexualidad con la pedofilia, funcionó como un salvoconducto para la crueldad (informe “Las vidas LGTBI+ en el segundo año libertario”, Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven"). En las dos semanas posteriores a aquel discurso, se multiplicaron los ataques lesboodiantes: desde el incendio intencional de la casa de una pareja de lesbianas y su hija en Cañuelas, hasta golpizas a plena luz del día en el barrio porteño de Recoleta bajo la pregunta “¿por qué se visten como hombres si son mujeres?”. Esto, en un país en el que el 34 % de las personas LGBTIQ+ indicó sufrir ataques de vecinos o desconocidos en la vía pública, señala el informe “La ofensiva contra los derechos LGBTIQ+ en Argentina: Estado de situación” de Amnistía Internacional.
“Este Gobierno, con sus declaraciones misóginas, transfóbicas, homofóbicas, lo que hace es desinhibir una violencia social que puede estar contenida. Hoy hay más insultos callejeros, persecuciones, agresiones por identidad sexual”, explica Luci Cavallero.
Es en este marco de desguace que llega un nuevo 8 de marzo. Una nueva jornada en que las calles de Argentina volverán a hablar porque el accionar estatal es cómplice de una cifra que no cede: un femicidio cada 34 horas. En los primeros dos meses de 2026 ya contamos, de acuerdo al informe de febrero del Observatorio “Ahora que sí nos ven”, con 42 víctimas de femicidio y un travesticidio entre el 1 de enero y el 27 de febrero.
Pero el feminismo argentino sabe de intemperies. Es un movimiento que lleva décadas organizándose desde abajo, en los Encuentros Plurinacionales; en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y en las mareas verdes que atravesaron el país entero. En 2015, el grito de Ni Una Menos sacó a cientos de miles de personas a las calles tras el femicidio de Chiara Páez, marcando un punto de inflexión: desde entonces, la violencia machista y la desigualdad de género dejaron de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión central del debate público argentino.
Marchar este 8M no es costumbre ni rito. Es defensa propia. Porque cada paso en la calle recuerda algo que ningún decreto puede borrar: que los derechos que hoy intentan desarmar fueron ganados ahí, entre cuerpos que aprendieron a hacer de la calle un lugar donde la historia cambia de dirección.
