El Frente Amplio (FA) está dispuesto a solicitar la anulación de la compra de las dos patrulleras oceánicas realizada por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) al astillero español Cardama, al considerar que la negociación fue “mamarrachesca”, informó la senadora Sandra Lazo.
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Indicó que los patrulleros son una necesidad porque son instrumentos para “el cuidado de la soberanía nacional en lo que tiene que ver con el patrullaje marítimo”. Sin embargo, cuestionó el proceso de compra llevado a cabo por el actual el gobierno.
La compra no se dio con anterioridad porque, “por diferentes motivos, no se lograba llegar a una licitación que pudiera adquirirlos”.
Al comienzo de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, se convocó a los distintos partidos a conformar comisiones para poder llevar adelante una licitación. En ese contexto el Frente Amplio decidió participar de las comisiones y para ello designó a Joel Rodríguez, que había trabajado en el ámbito de la defensa durante los años de gobierno frentistas.
“Lo cierto es que esa licitación, que comenzó siendo un proceso competitivo, se fue tornando en otras cuestiones y esas cuestiones fueron desprolijas al punto de que pasó a ser una compra directa”, afirmó.
Astillero sin experiencia
Cuestionó que la compra se realizara a un "astillero sin la expertise suficiente, ya que nunca ha construido un patrullero de este tipo".
La elección del astillero Cardama fue criticada no solo por el Frente Amplio, sino también por informes técnicos de la Armada.
“Creo que lo más groso de esto fue la renuncia de un contraalmirante de la Armada, (Gustavo) Musso, que tenía una opinión discorde y muy fundada técnicamente, de hecho, fue el único informe técnico que nosotros vimos, pudimos conocer, fue el que dio el almirante Musso y que termina con su pase a retiro”, agregó.
Recordó que hace pocos días le remataron una embarcación al astillero, elegido por el Ministerio de Defensa, porque carece de sustento financiero “como para asumir el costo de algo tan importante como es la construcción de un patrullero oceánico”.
Sin aval
Cardama debe abonar un aval de cuatro millones de dólares para comenzar la construcción, pero no ha logrado obtener el financiamiento.
Si no “se consigue el aval bancario en el territorio, se optó por solicitar al Banco de Seguros del Estado, lo cual nos parecía bastante contradictorio, que Uruguay fuera garante de algo que se le va a vender a Uruguay”.
“Estamos hablando de 92 millones de dólares aproximadamente y un gasto que vamos a hacer todos los uruguayos y ahora, obviamente, ante la negativa del aval del Banco de Seguros del Estado, yo creo que con muy buen criterio, se acude a Abitab para conseguir el aval”, precisó.
Anunció que el Frente Amplio está dispuesto a solicitar la anulación de esta operación, ya que representa un gasto elevado y existen dudas sobre la seguridad de los patrullajes.