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Mundo Estado de derecho |

Seguridad jurídica

Uruguay se ubica en el puesto 22 de ranking mundial sobre Estado de Derecho: el mejor de América Latina

Según el ranking “las libertades esenciales para el espacio cívico, el debate público y la supervisión gubernamental se están reduciendo en la mayoría de los países” aunque no en Uruguay.

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El Índice de Estado de Derecho de WJP “es la principal fuente mundial de datos originales e independientes sobre el estado de derecho”, valoró la organización en un comunicado. “Su rigurosa metodología se basa en encuestas a expertos y hogares para medir el estado de derecho en 143 países y jurisdicciones, lo que abarca el 95 % de la población mundial”, expresaron.

“El Índice se basa en más de 215 000 encuestas a hogares y 3 400 encuestas a profesionales y expertos para medir cómo se vive y se percibe el estado de derecho en todo el mundo”, plantearon. Se publica anualmente desde 2009, y “es utilizado por gobiernos, organizaciones multilaterales, empresas, el mundo académico, los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil”, aseguraron.

WJP es “una organización independiente, no partidista y multidisciplinaria que trabaja para generar conocimiento, crear conciencia y estimular la acción con el fin de promover el estado de derecho en todo el mundo”, publicaron.

“La recesión global del estado de derecho persiste”, si bien “este año disminuyeron menos países en comparación con el año pasado, el panorama global sigue siendo profundamente desigual”, evaluó la organización.

Uruguay comparado

Uruguay se encuentra entre la minoría de países que aumentaron su puntuación en el Índice de Estado de Derecho este año, mejoró alrededor de un 1 % en el Índice de este año, según informó La Diaria y confirmó Caras y Caretas.

El país con mejor desempeño de América Latina y el Caribe es Uruguay (que ocupa el puesto 22 de 143 a nivel mundial), seguido de Costa Rica (31) y Barbados (33).

Los tres países con las puntuaciones más bajas de la región son Nicaragua (139), Haití (141) y Venezuela (puesto 143 a nivel mundial).

Entre los países de altos ingresos Uruguay se ubica en el lugar 22 de 51 por encima de países como Francia (23), España (25), Portugal (27) y Estados Unidos (30).

A nivel mundial, el país mejor clasificado en el Índice de Estado de Derecho de WJP de 2026 es Dinamarca, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia y Luxemburgo.

Ranking de factores uruguayos

FACTOR CLASIFICACIÓN MUNDIAL CLASIFICACIÓN REGIONAL CLASIFICACIÓN DE INGRESOS
Limitaciones a los poderes del gobierno 17/143 1/32 17/51
Ausencia de corrupción 21/143 1/32 21/51
Gobierno abierto

16/143

1/32

16/51

Derechos fundamentales

15/143

1/32

15/51
Orden y seguridad 78/143

9/32

45/51

Cumplimiento normativo 22/143 1/32 22/51
Justicia civil 19/143 1/32 19/51
Justicia penal 32/143 4/32 31/51

Las tendencias globales

El autoritarismo “ya no es una tendencia emergente en el mundo, sino que se ha afianzado”, expresa el informe. “Más del 86 % de los países han sufrido un deterioro sostenido durante cinco años en al menos una de las salvaguardias contra el régimen autoritario”, sostuvieron. Como “las restricciones a los poderes del gobierno, el gobierno abierto o los derechos fundamentales”, manifestaron.

Esta situación “no incluye a Uruguay”, pero que “las libertades esenciales para el espacio cívico, el debate público y la supervisión gubernamental se están reduciendo en la mayoría de los países”, valoraron.

  • La “libertad de opinión y expresión” disminuyó en el 64 % de los países, pero no en Uruguay.
  • La “libertad de reunión y asociación” disminuyó en el 67 % de los países, pero no en Uruguay.
  • La “participación cívica” disminuyó en el 65 % de los países, pero no en Uruguay.

Tanto en el sistema penal como en el civil, la presión y la injerencia indebidas del Poder Ejecutivo se han convertido en los principales factores del deterioro institucional a nivel mundial. La justicia civil se debilitó en el 64 % de los países y la justicia penal en el 58 %, y la influencia indebida del gobierno se ha convertido en un factor central en ambas áreas.

Los poderes judiciales también están perdiendo terreno frente a la extralimitación del poder ejecutivo en términos más generales: los poderes del gobierno limitados por el poder judicial disminuyeron en el 63 % de los países. Pero no incluye a Uruguay.

Sin embargo, la justicia civil se está volviendo más accesible, asequible y equitativa:

  • “El acceso y la asequibilidad de la justicia civil mejoraron en el 54 %” de los países, pero no en Uruguay.
  • “La justicia civil está libre de discriminación” mejoró en el 52 % de los países, incluido Uruguay.

Los datos del índice muestran que la prosperidad económica, la estabilidad de precios y el bajo riesgo crediticio se concentran en países con un estado de derecho sólido:

  • PIB per cápita: Los países con un PIB per cápita superior al promedio mundial (14 406 dólares) obtienen una alta puntuación
  • Inflación: Los países con tasas de inflación inferiores a la mediana tienen una alta puntuación en el Índice.
  • Calificaciones crediticias soberanas: Los países con una calificación crediticia soberana de grado de inversión (de AAA a BBB) mantienen puntuaciones altas en el Índice.

Financistas

Sin tener en cuenta a los donantes individuales, los donantes del sector público que apoyaron a la organización entre 2023 y 2025 son: La Comisión Europea, Global Affairs Canada, Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Consejo Supremo del Poder Judicial de Catar, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Departamento de Estado de los Estados Unidos, El Banco Mundial.

Las empresas privadas aliadas entre 2023 y 2025 son: Google, Hewlett Packard Enterprise (HP), Fundación Jones Day, K&L Gates, Fundación Lexis Nexis para el Estado de Derecho, Microsoft Corporation, Perkins Coie, Shell International y la Fundación Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

Los donantes institucionales entre 2023 y 2025 son: la Sección de Medio Ambiente, Energía y Recursos de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, la Fundación de la Familia Barton, Fundación Chandler, Fundación Charles Stewart Mott, Fundación Hewlett, Colegio de Abogados de Hong Kong, Fundación de la Academia Internacional de Abogados Litigantes, Fundación Konrad-Adenauer, Fundación Mo Ibrahim, Fundación de la Familia Neukom, Fundación Nuffield, Iniciativa Open Justice Society, Fondo Proteus, y el Fideicomiso Sigrid Rausing.